Rocha Moya tiene que renunciar y lo tienen que entregar: Labastida advierte costo para Sheinbaum

Las acusaciones formuladas en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos configuran “una bomba casi atómica” que revela la profundidad del problema del narcotráfico en México, afirmó el exgobernador sinaloense Francisco Labastida Ochoa, quien advirtió que el caso representa apenas “la punta del iceberg” de una red más amplia de complicidades.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Labastida señaló que, de acuerdo con Naciones Unidas, los cárteles mexicanos son actualmente los más relevantes del mundo y “están exportando doce veces más droga que la que exporta Colombia”, además de tener presencia en más de 50 países.

A esto se suma el nivel de violencia: de las 25 ciudades más peligrosas del planeta, 12 se encuentran en México, y “la número uno es Culiacán”. En este contexto, sostuvo que el país enfrenta “un grave y profundo y doloroso problema” con impactos en la seguridad, la economía y el empleo.

Al referirse específicamente al caso de Rocha Moya, el exmandatario recordó que durante la elección a la gubernatura de Sinaloa en 2021 se vivió un escenario de intervención del crimen organizado.

Se refirió al llamado que hizo el actual diputado y entonces candidato del PRI, Mario Zamora, para que liberaran a personas cercanas a su equipo que habían sido secuestradas, y describió la operación de grupos armados durante la jornada electoral. Según Labastida, caravanas de vehículos con hombres armados se detenían en retenes de fuerzas de seguridad y entregaban dinero. Una circunstancia que, afirmó, favoreció el resultado electoral.

El también excandidato presidencial señaló que estos hechos debieron haber detonado investigaciones desde ese momento. Cuestionó por qué no ocurrió y planteó una explicación: “Yo creo que porque están coludidos”. Según expuso, esta colusión implica un intercambio de beneficios entre autoridades y grupos criminales, donde “los narcos les han dado dinero y a los narcos les han dado prebendas”.

Dio ejemplos de estas prácticas. Señaló que productores agrícolas, además de pagar cuotas oficiales por servicios como el agua, también deben cubrir pagos al crimen organizado, lo que describió como un sistema paralelo de control territorial y económico.

Red de complicidades

Sobre el alcance de la acusación presentada en Estados Unidos contra Rocha Moya y otros nueve coacusados, insistió en que se trata de “la punta del iceberg”, al considerar que existe una red extensa de funcionarios vinculados con el narcotráfico. “La lista de la gente que está coludida con el narcotráfico y que lo protegen es muy grande”, afirmó, al incluir en ese señalamiento a autoridades locales, federales y legisladores.

Se refirió al senador morenista Enrique Insunza, quien fungió como secretario general de Gobierno, de quien dijo tenía “fama de ser el enlace con los narcotraficantes” y una reputación negativa en Sinaloa, lo que coincide con la acusación hecha por la fiscalía estadounidense.

Asimismo, mencionó que el propio Rocha Moya tenía señalamientos similares desde administraciones anteriores.

Labastida también cuestionó la permanencia del exgobernador Quirino Ordaz Coppel como embajador de México en España, al considerar que, ante el contexto actual, resulta “inadmisible” y debería revisarse.

En cuanto a las consecuencias del caso, el exmandatario sostuvo que Rocha Moya debería dejar el cargo y enfrentar la justicia. “Tiene que renunciar este hombre y lo tienen que entregar a la justicia norteamericana”, afirmó.

“Tarde o temprano van a juzgar a Rocha Moya”

Añadió que retrasar la resolución del tema incrementará los costos políticos y las presiones estadounidenses para la presidenta Sheinbaum y el país: “Mientras más tarde en solucionar el problema”, el costo será mayor.

“Se va a dar que tarde o temprano van a juzgar a Rocha Moya. No tengo duda. Y nos estamos arriesgando a medidas más fuertes, cada vez de parte de Estados Unidos”, advirtió.

Sobre la relación con Estados Unidos, advirtió que el contexto es particularmente delicado debido a la postura del presidente Donald Trump, a quien describió como “impredecible” y “capaz de utilizar cualquier medida”. En ese sentido, alertó sobre posibles acciones más severas si México no actúa con rapidez.

El exgobernador abordó también el debate sobre la soberanía frente a la cooperación internacional. Cuestionó el concepto en regiones donde el crimen organizado ejerce control efectivo: “¿Soberanía para quién? ¿Para que gobierne el gobierno o para que gobiernen los narcos?”. Afirmó que en entidades como Sinaloa el poder real lo detentan estos grupos: “En Sinaloa están gobernando los narcos”,

Estimó que “quizás la mitad de los estados está gobernado por los narcos”, al mencionar casos como Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Sonora y Baja California. Como ejemplo del alcance de estas organizaciones, recordó los recientes episodios de violencia coordinada en múltiples estados tras la captura de líderes criminales, como lo ocurrido luego del operativo que derivó en la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en Tapalpa, Jalisco.

Fallas institucionales e impunidad

Labastida vinculó la actual crisis con la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que limitó la cooperación con Estados Unidos tras la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos. Consideró necesario revisar ese marco legal para fortalecer la colaboración bilateral, especialmente ante el impacto del narcotráfico en territorio estadounidense, donde, dijo, mueren cerca de 100 mil personas al año por sobredosis.

También criticó la falta de seguimiento judicial en casos relevantes. Recordó que Cienfuegos fue devuelto a México con la condición de ser investigado, lo que, señaló, “no ocurrió”. A su juicio, este tipo de omisiones reflejan una respuesta institucional insuficiente frente a problemas de alta gravedad.

En ese sentido, subrayó el deterioro del sistema de justicia. Indicó que México cuenta con aproximadamente 3.3 fiscales por cada 100 mil habitantes, muy por debajo de países como Colombia o naciones europeas. Este déficit, dijo, contribuye a niveles de impunidad cercanos al 98%.

El exgobernador consideró que la magnitud del problema exige un “cambio estructural” profundo. Señaló que no es posible combatir la corrupción en fiscalías, policías o gobiernos municipales sin intervenir también en los niveles más altos de poder.

“No puedes pensar que vas a limpiar de agentes del Ministerio Público corruptos, que vas a limpiar de fiscalías corruptas, que vas a limpiar de presidentes municipales corruptos, de policías estatales corruptas, si no cambias gobernador”, afirmó. Describió un panorama crítico en Sinaloa, con alrededor de dos mil homicidios anuales.

Recordó su propia gestión en Sinaloa, donde implementó medidas de depuración en cuerpos de seguridad, incluyendo la destitución de un alto porcentaje de policías y el procesamiento de funcionarios involucrados en actos ilícitos, lo que derivó incluso en atentados en su contra. Por lo que sostuvo que la única salida es una reforma integral acompañada de una “purga completa” de las instituciones.

Labastida insistió en que México enfrenta una coyuntura crítica que obligará a decisiones de fondo. “Lo tenemos que hacer, sí o sí”, concluyó, al reafirmar que la inacción podría agravar tanto la crisis en el país, como las tensiones con Estados Unidos.

Lealtad a López Obrador

Evitó anticipar si el gobierno federal mantendrá su respaldo a Rocha Moya pese a las acusaciones. “No tengo respuesta. Yo no sé qué está en la cabeza de López Obrador y de Claudia”, afirmó, al tiempo que reconoció que el apoyo político hacia el gobernador ha sido constante desde el oficialismo.

Planteó que existe una influencia significativa del expresidente sobre el gobierno actual. “La mayor parte de los funcionarios que trabajan con Claudia Sheinbaum le deben la lealtad a Andrés Manuel López Obrador”, sostuvo, y estimó que “el 70% para arriba” de los cuadros responden a esa relación política .

Sostuvo que la defensa inmediata del mandatario sinaloense por parte del aparato gubernamental no es un hecho aislado, sino parte de una dinámica reiterada. Consideró que actores políticos, particularmente legisladores y gobernadores, replican de manera automática las directrices de los liderazgos oficialistas.

El exfuncionario federal también denunció la construcción de versiones falsas desde las instituciones, al referirse a la investigación del asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén, el 25 de julio de 2024, el día de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada.

Cuestionó además que, pese a la renuncia de la fiscal Sara Bruna Quiñónez, no se hayan fincado responsabilidades. “Toda la organización está actuando conforme a las directrices centrales que recibe”, acusó.

“Tienen a todos los participantes”

Labastida consideró que las autoridades estadounidenses cuentan con elementos sólidos. “Tienen a todos los participantes, tanto oficiales como narcos, como funcionarios de gobierno, y van a tener más”, afirmó, al sugerir que existe colaboración interna dentro de estructuras gubernamentales que permitiría integrar los casos.

En ese sentido, planteó que una eventual salida para enfrentar estos señalamientos implicaría decisiones políticas de alto nivel, como la separación del cargo de gobernadores y su sometimiento a procesos judiciales, incluso en territorio estadounidense.

Al ser cuestionado sobre la viabilidad de ese tipo de medidas, recordó su experiencia como secretario de Gobernación, cuando solicitó la renuncia de un mandatario estatal. Narró que le planteó tres alternativas: renunciar y procesar a funcionarios cercanos, permitir que el gobierno federal actuara contra ellos, o enfrentar las consecuencias políticas. Tras negarse inicialmente, el gobernador terminó renunciando luego de una operación política que incluyó el diálogo con legisladores. Evitó revelar el nombre del implicado, aunque aseguró que se trataba de una persona cercana a él.

También se refirió al estado del sistema judicial, al que calificó como profundamente deteriorado. Señaló que “el sistema judicial mexicano está corrupto”, aunque matizó que existen perfiles profesionales junto a otros que no cumplen con los estándares necesarios. Indicó que la sobrecarga de trabajo y la falta de personal agravan la situación, y comparó el número de jueces y fiscales en México con otros países, donde, dijo, hay entre tres y diez veces más funcionarios en esas áreas. Añadió que la reciente reforma judicial no ha solucionado el problema, sino que ha incorporado personas sin experiencia ni independencia.

Respecto al papel de las Fuerzas Armadas, subrayó que su actuación debe mantenerse dentro de un marco de lealtad institucional hacia la jefatura del Estado. Reconoció los resultados recientes en decomisos y detenciones relevantes, y reconoció al secretario de Seguridad, Omar García Hafruch, a quien definió como “el hombre de la ley”. No obstante, enfatizó que decisiones clave, como la posible destitución de un gobernador o su eventual extradición, dependen directamente de la Presidencia.

Labastida llamó a las y los mexicanos a no ceder ante la gravedad del contexto nacional. “La manera más fácil de perder un pleito es darse por derrotado. No tenemos que darnos por derrotados los mexicanos”, expresó, al exhortar a mantener la convicción y la participación frente a los desafíos del país .