Keytruda: el medicamento estrella contra el cáncer, en el que México gasta millones para cubrir a pocos

Por Violeta Santiago / Quinto Elemento Lab

Mario Martínez Garrido murió después de dos años luchando contra un cáncer de riñón que se había extendido a los pulmones, lo que lo dejaba adormilado y sin aliento. Pero, por un corto tiempo, tuvo una esperanza: en el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) lo comenzaron a tratar con Keytruda, una innovadora medicina contra el cáncer, que puede costar más de 100 mil pesos por pieza.

A diferencia de la quimioterapia —que ataca células cancerosas y sanas—, esta inmunoterapia aprovecha las defensas propias para destruir los tumores. Sirve para más de una docena de cánceres, entre ellos algunos de mayor prevalencia como los de pulmón, mama o el colorrectal, además del linfoma de Hodgkin, que también afecta a población infantil. Por fortuna para Mario Martínez, Keytruda formaba parte del catálogo de medicamentos del sector salud.

Con las primeras aplicaciones el color regresó a su rostro, las ojeras desaparecieron y el hombre se ponía contento porque “siempre había buenas noticias con el oncólogo”, asegura Fernanda Martínez, su hija de 28 años, quien lo acompañó durante el tratamiento. “Se ponía muy calientito y él siempre decía que luego luego, sentía que le estaba haciendo algo el medicamento”. Sin embargo, el INCan suspendió la entrega de Keytruda y, sin el tratamiento, la salud de Mario empeoró.

Detrás de la interrupción del INCan hay un sistema desordenado que —con todo y advertencias— falló al incorporar a las compras públicas un medicamento de tan alto costo que volvió inmanejable garantizar las dosis necesarias para pacientes que lo necesitaban como Mario.

Algunos hospitales públicos aumentaron las compras sin calcular cuántos pacientes recibían Keytruda. Instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) adquirieron medicina a sobreprecio o, como fue el caso del ISSSTE, hasta administraron medicamentos falsificados. Unos 61 pacientes a quienes negaron el tratamiento tuvieron que interponer amparos ante la justicia, algunos murieron y otros más asumieron los gastos de un fármaco que cuesta en México hasta el doble que en otros países.

Quinto Elemento Lab revisó miles de documentos oficiales obtenidos por Transparencia, entre compras, tratamientos, diagnósticos, contratos, lineamientos internos y alertas sanitarias para “La medicina del millón” (The Cancer Calculus), una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

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El proyecto se asoma, por primera vez, a los impactos del costo, acceso y regulación de precios de Keytruda, el medicamento superventas a nivel mundial de la farmacéutica Merck Sharp & Dohme (MSD), que tan sólo en 2025 le representó ingresos por 30 mil millones de dólares, casi la mitad de sus ganancias totales. El producto ha sido tan redituable que la patente principal vence hacia el 2028 y la compañía ha emprendido estrategias para su aplazamiento por más de una década, según un hallazgo de ICIJ.

Además de hablar con familiares de pacientes, como Fernanda, Quinto Elemento Lab y periodistas aliados tramitaron cientos de solicitudes de información pública, analizaron datos y entrevistaron a expertas e incluso a una paciente que demandó al gobierno por no cubrir su tratamiento, cuyo caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La medicina ha acaparado mercados y presupuestos públicos en otros países, encontraron periodistas en esta investigación internacional. En Europa, por ejemplo, es el medicamento de mayores ventas y en Colombia representa el desembolso más fuerte en medicinas para el sistema de salud público.

En México, donde también escaló en el gasto público, se instaló una mecánica discrecional que permite que algunos pacientes gocen del tratamiento, mientras otros, con los mismos derechos, no. Todo esto, mientras el país debilitaba la regulación de precios de medicamentos.

El equipo de periodistas internacionales encontró que el frasco de Keytruda en dólares estadounidenses suele ser más alto en países menos desarrollados que en los de Europa occidental: por ejemplo, en México, en 2025, una sola pieza rondó los 5 mil 468 dólares (más de 100 mil pesos), más caro de lo que puede costar en Suiza o Australia y casi al doble que en Francia.

Piezas y pacientes

Keytruda entró al sistema público de salud mexicano en 2018 como una terapia innovadora contra el cáncer, pero también como una de las más caras: El tratamiento anual para una persona fácilmente puede rebasar el millón de pesos.

Tras obtener su registro sanitario de parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para que un medicamento entre en la lista de productos autorizados a servicios de salud públicos, debe pasar por un proceso de evaluación que, entre otras cosas, analiza el impacto que esta compra tendría en el gasto de las instituciones gubernamentales.

Una comisión compuesta por representantes de distintas instituciones resuelve si incluir al medicamento en esa lista, que se llama Compendio Nacional de Insumos para la Salud (CNIS). Keytruda pasó por ese proceso de revisión pero los detalles del análisis que hizo esa comisión para incluirlo en el CNIS son desconocidos. El Consejo de Salubridad General (CSG) –órgano que depende directamente de Presidencia y del que forma parte esa comisión– se negó a entregar la documentación.

Lo que sí pudo comprobar esta investigación es que, antes de su ingreso al CNIS, documentos oficiales advirtieron sobre el alto costo del fármaco oncológico. Una opinión técnica elaborada por el extinto Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud señalaba que pembrolizumab —el nombre químico de Keytruda— “no resulta ser una opción costo-efectiva” frente a quimioterapias y que su impacto debía leerse “con cautela”, pues se “podría subestimar los resultados del impacto presupuestal”.

Los datos reunidos por ICIJ muestran que México está entre los países donde las personas pueden permitirse comprar menos frascos de Keytruda por su elevado costo, en comparación con europeos de ingreso medio.

Aun así, el medicamento ingresó al CNIS en 2018. Y en pocos años, Keytruda escaló al tope del gasto farmacéutico en instituciones públicas.

Petróleos Mexicanos (Pemex) convirtió Keytruda en su medicamento de mayor gasto en 2023, con compras totales por 55.9 millones de pesos. Ese mismo año, fue el fármaco en el que el Hospital General de Médico “Dr. Eduardo Liceaga” erogó más dinero, 18 millones. Y en el Hospital de la Mujer, Keytruda pasó del séptimo al primer lugar desde el año 2023. El oncológico también destaca por ser un fuerte gasto para servicios de salud estatales de Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro y Sonora.

En general, la compra del medicamento se incrementó con el paso de los años. Mientras que en 2020 apenas cuatro instituciones de salud compraron Keytruda por un monto de 45 millones de pesos, para 2025 eran más de una veintena las dependencias que reportaron un gasto de al menos mil 428 millones de pesos.

No obstante, la cantidad de piezas compradas en muchas instituciones de salud, no garantizó las dosis que los pacientes necesitaban.

Aunque hay variaciones, numerosas indicaciones de uso proporcionadas por hospitales e institutos de salubridad coinciden en que la dosis estándar para los pacientes es de dos piezas de 100 miligramos de Keytruda cada tres semanas o cuatro piezas cada seis semanas. Cada aplicación es un “ciclo”. El tratamiento puede prolongarse hasta que el cáncer se elimina o por un máximo de 2 años. Se trata entonces de un tratamiento prolongado que implica, para un año, la necesidad de unos 17 ciclos y 34 frascos.

Mario Martínez alcanzó a recibir sólo ocho ciclos del medicamento, según estima su hija Fernanda.

A lo largo de un par de años, Mario Martínez sentía que le faltaba el aire, pero lo más alarmante era la sangre que salía de su boca. Poco después de cumplir 58 años, llegó el diagnóstico: cáncer de riñón con metástasis pulmonar.

Ingresó como paciente del INCan enero de 2024, donde el médico le recetó Keytruda como primera línea de tratamiento. “Nos aclaró que no era un producto milagroso ni que le iba a salvar la vida, pero sí nos dijo que si se seguía el tratamiento como venía estipulado, iba a tener muy buenos resultados en su salud”, cuenta Fernanda, una joven estilista habitante de Ecatepec, Estado de México.

El oncólogo mencionó que el medicamento costaba arriba de 100 mil pesos. “Afortunadamente aquí tenemos”, recuerda haber escuchado Fernanda, aliviada. Dos días después, su padre recibió el primer ciclo de Keytruda. La fuerza volvió de a poco: ya no sudaba en las noches, ganaba peso y, según su hija, las tomografías mostraban que los tumores en sus pulmones comenzaban a reducirse.

Pero a finales de 2024, las citas comenzaron a suspenderse y la situación se agravó en 2025.

El INCan respondió vía Transparencia que en 2024 ingresaron a su farmacia 2 mil 316 piezas de Keytruda y que se atendieron 424 pacientes, lo que equivale a 5.4 por persona, en promedio. Al año siguiente el Instituto aseguró haber recibido más piezas y haber atendido a menos pacientes con la medicina, lo que prácticamente duplicó la disponibilidad a 10 frascos por persona, aunque continuó siendo insuficiente.

Fernanda le mentía a su padre para evitar desanimarlo cuando le preguntaba si ya había Keytruda. “A ver si el otro mes”, respondía ella, cuando en el hospital le decían “no va a haber, no sabemos cuándo.”

El deterioro de la salud fue irreversible. Mario Martínez ingresó de emergencia a un hospital general en Ecatepec sin poder mover la mitad del cuerpo, hablar ni caminar. El cáncer había llegado hasta el cerebro, explica su hija. Falleció el 26 de octubre de 2025 a los 59 años.

El INCan no proporcionó comentarios a un cuestionario enviado para este reportaje sobre el caso de Mario, las adquisiciones del medicamento y la toma de decisión para indicar los tratamientos.

En otras instituciones de salud la cantidad de piezas por paciente también se ha mantenido por debajo de la cifra necesaria para garantizar el tratamiento anual o incluso su disponibilidad ha disminuido con el paso de los años.

En 2024, el ISSSTE adquirió 18 mil 240 piezas de Keytruda y atendió a 7 mil 252 pacientes con este medicamento; al año siguiente compró 19 mil 762 piezas —un incremento del 108 por ciento—, pero los pacientes aumentaron a 11 mil 522, es decir 158 por ciento, lo que ni siquiera equivale a dos piezas por persona. De forma similar, los Servicios de Salud en Coahuila pasaron de disponer 14 piezas por paciente en 2022 a solo ocho en 2025, mientras Nuevo León, que promediaba 16 piezas por persona, el año pasado se redujo a cinco.

Especialistas consultadas señalan que estas variaciones son consecuencia de los cambios en el sector salud durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. El sistema público ha pasado desde 2019 por múltiples modelos centralizados de compra de medicamentos: la Secretaría de Hacienda, la Organización de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (ONU), el Instituto de Salud para el Bienestar y, más recientemente, Birmex. El modelo actual incluye compras bianuales y varias dependencias involucradas.

“En realidad lo que están tratando es de volver a recuperar lo que ya se tenía”, sentencia Denise Tron Zuccher, directora de Justicia Justa, organización civil que participó en el proyecto “Operación Desabasto”, que evidenció la carestía de medicamentos en el sistema de salud mexicano.

Los patrones de compra de dependencias también muestran que, aunque se adquiera más Keytruda, sigue siendo insuficiente. Servicios de Salud de Chihuahua compró menos piezas en 2025 que en el año previo, pero apenas representó una disponibilidad de seis por paciente. Para ese mismo año, en Yucatán, el promedio por persona fue de tres piezas del oncológico.

Incluso hay lugares donde se ha pedido más de lo que se necesita. Como la Secretaría de Salud de Durango que, por ejemplo, compró 117 piezas de Keytruda en 2025, pero informó que sólo dos pacientes recibieron el fármaco.

En el peor de los escenarios, las dependencias aumentaron el ritmo de compra de Keytruda sin tener datos claros de cuántos pacientes la recibieron. Es el caso del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INNSZ), en la Ciudad de México, que en 2025 reportó la adquisición de mil 152 piezas, pero al preguntar sobre los pacientes beneficiados, el departamento de Hematología y Oncología indicó que “no se cuenta con información en dichos alcances”.

Esta falta de información se repitió con servicios de salud estatales de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Puebla, Querétaro y Zacatecas, y a nivel federal con Pemex.

Las disparidades entre compras y pacientes exponen fallos más profundos del sistema de salud, opinan expertas. Denise Tron señala que es posible calcular los requerimientos de medicamentos por enfermedad o paciente, pero este esfuerzo compite con necesidades más urgentes como la misma atención médica.

“No tienen dinero” y “son pésimos administrando y no existe un expediente electrónico, entonces no tienen ni idea de cuántos pacientes tienen, se basan en sus históricos”, expone Alma Ortiz, vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer (AMLCC). “No existen las capacidades técnicas ni el conocimiento suficiente para decidir qué se compra y qué no se compra”.

Ortiz, quien además de su experiencia en la asociación tiene conocimiento de la industria farmacéutica y de compras públicas, asegura que a la falta de datos se le suma una visión administrativa del sistema de salud: “Estamos hablando de dinero, no estamos hablando de pacientes”. Pero las compras, dice, “se dan en función al manejo de un presupuesto”.

Compras a sobreprecio

Cuando el gobierno adquiere Keytruda directamente con Merck Sharp & Dohme o sus distribuidores autorizados, el precio de compra se sitúa en 52 mil pesos la pieza. Pero los documentos revisados por Quinto Elemento Lab muestran que ha sido adquirido por importes más altos.

La revisión de decenas de registros de compras y contratos revela que instituciones como la Sedena, y las secretarías de salud de Chiapas y Durango llegaron a pagar 75 mil, 100 mil o hasta 125 mil pesos por pieza de Keytruda.

Incluso el ISSSTE, que suele adquirir este medicamento a través de compras consolidadas —a gran escala— o directamente con el fabricante, adquirió diez piezas del fármaco a 150 mil pesos cada una por medio de una compra de excepción.

“Es un desbarajuste total”, añade Alma Ortiz, “no se debería dar en una licitación a ningún distribuidor que tuviese un sobreprecio del medicamento (respecto del) de la casa que lo produce”.

La delegación del ISSSTE en el Estado de México justificó la compra a sobreprecio en 2024 por necesidades del área de oncología, pues se encontraba “con cero existencias en el Centro Nacional de Distribución”, el almacén nacional desde donde se surten medicinas a farmacias de este sistema.

“Al final las instituciones acaban comprando, ¿no? Porque tú tienes que satisfacer una demanda”, explica Janet Oropeza, investigadora especializada en rendición de cuentas en Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

La planeación del suministro de Keytruda resultaría ser, apenas, la punta de lanza de los problemas asociados a este medicamento caro. La inclusión de la inmunoterapia en el sistema público trajo más que un aumento de la demanda con los años: el problema de trazar una ruta igualitaria para acceder al tratamiento.

Lotería institucional

Cuando Isolde Arzt descubrió que tenía melanoma en etapa IV sintió que revivía una escena conocida en su familia: su padre había muerto joven por cáncer de piel y su madre también lo había padecido. Se prometió a sí misma que no le haría pasar otra pérdida a su madre. “Yo no voy a morir”, se dijo.

En el INCan accedió a Keytruda, pero pagándolo de su propio bolsillo. La primera dosis —dos piezas— la costeó con una tarjeta de crédito, pero los médicos le anticiparon 35 ciclos (de dos frascos cada uno), más de dos años de tratamiento. Buscó entonces recibir el tratamiento por medio del IMSS como derechohabiente. Era finales de 2018 y Keytruda ya formaba parte del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.

El expediente del INCan no le sirvió para continuar el tratamiento en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Isolde Arzt preguntó sobre sus posibilidades de recibir Keytruda ahí, pero el médico le dijo que no había nada qué hacer por ella, cuenta en entrevista: “Me dice que no, que no me lo van a dar porque es de alto costo y que pues no se van a arriesgar a desperdiciar más de un millón de pesos”. La mujer, una publirrelacionista entrada en sus cincuenta, tuvo que echar mano de su seguro de gastos médicos mayores hasta agotarlo. Y mientras luchaba contra el cáncer, se amparó.

Una revisión de sentencias públicas del Órgano de Administración Judicial, hecha por Quinto Elemento Lab, localizó al menos 61 demandas de amparo por peticiones de acceso y suministro de Keytruda para más de una decena de cánceres, sobre todo de pulmón, melanoma o riñón. La mayor parte fueron contra el IMSS, aunque también hay procedimientos contra el ISSSTE, el INCan y servicios de salud de nueve entidades.

El argumento más repetido de las instituciones de salud era que Keytruda no formaba parte del CNIS o los catálogos instituciones o no estaba indicado exactamente para el tipo de cáncer del paciente que reclamaba.

Pero una revisión de los expedientes judiciales y la reglamentación interna de los institutos revela algo más complicado: la falta de reglas homogéneas y claras para decidir quién recibe el medicamento abre una especie de discrecionalidad en el sistema público de salud.

Respuestas obtenidas por Transparencia indican que para establecer qué pacientes pueden tratarse con Keytruda, hay instituciones que se remiten al CNIS, mientras otras usan guías propias, guías internacionales o criterios internos. Algunas respondieron que no contaban con información precisa acerca de cuál utilizan. El resultado es que el mismo medicamento puede ser autorizado para ciertos pacientes en un hospital y declinado en otro.

Los servicios de salud federales y estatales que se rigen por el CNIS recetan Keytruda sólo para ocho de los 16 tipos de cáncer para los que está autorizado el medicamento.

Un documento interno del IMSS, vigente en octubre de 2025, indica que destinaban el Keytruda únicamente a cuatro tipos: cáncer de pulmón (desde finales de 2019), y mama triple negativo, melanoma (en ciertas etapas) y linfoma de Hodgkin (incluidos apenas en marzo de 2025).

Pero las decisiones no se han ceñido siempre a esas directrices. Cuando Isolde Arzt pidió Keytruda en el IMSS en octubre de 2018, una de las razones para negárselo fue que no estaba indicado para melanoma en el instituto. De acuerdo con una demanda de amparo fechada en 2023, el Hospital General de Zona 50 en San Luis Potosí —también del Instituto— rechazó el tratamiento de una paciente —también con melanoma— por exactamente la misma razón.

El IMSS no respondió a las preguntas enviadas antes de la publicación de esta investigación.

De acuerdo con una revisión hecha por Quinto Elemento Lab, los lineamientos institucionales no siempre coinciden con la realidad.

Algunos hospitales del instituto siguieron negándolo como tratamiento. Registros entregados por el IMSS muestran que entre 2023 y 2025 reportó el uso de Keytruda en diagnósticos que no aparecen en sus indicaciones internas, como cáncer cervicouterino, de endometrio, páncreas, estómago, colon, pancreatoduodenal y hepatocarcinoma.

Pero no en todos los casos. En marzo de 2023, una paciente diagnosticada con cáncer de endometrio se amparó porque el Hospital General de Zona Número 11 en Xalapa se negó a proporcionarle Keytruda. A pesar de que la oncóloga del instituto determinó que era una buena opción, no la recetó porque estaba fuera de los lineamientos. “No contamos con autorización por parte del IMSS para esta neoplasia en particular”, admitió el Director Médico del hospital, según consta en la sentencia pública. Al final, la mujer optó por someterse a la quimioterapia tradicional para no retrasar su atención médica, a pesar de tener efectos secundarios más intensos que el Keytruda.

Pero estas disparidades no son exclusivas del IMSS. El Hospital General de México, por ejemplo, indicó que usa el Compendio como guía, pero reportó la aplicación de Keytruda en 34 pacientes con cáncer de próstata, cabeza y cuello, hígado, riñón y vejiga, diagnósticos que no encajan con las indicaciones vigentes del CNIS y que representan casi una cuarta parte de todas las personas que han recibido este medicamento en dicho hospital. El hospital declaró que también emplea guías internacionales como referencia.

El Hospital Juárez de México aseguró que el medicamento “es inexistente” en el catálogo de su farmacia subrogada, pero entre 2024 y 2025 dio el tratamiento a 22 pacientes. Y el Instituto Nacional de Pediatría compró 13 piezas de Keytruda, aun cuando afirmó que no lo podía recetar porque faltaba la aprobación por su Comité de Farmacia y Terapéutica Institucional.

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el ISSSTE y la Sedena no proporcionaron vía Transparencia sus lineamientos para recetar Keytruda, aunque han comprado cientos y hasta miles de frascos.

Sin embargo, directivos del ISSSTE de Culiacán afirmaron en respuesta a un amparo en 2019 que no podía proveer el medicamento a un paciente de cáncer de pulmón cuyo padecimiento “se salía del cuadro básico” porque había una orden oficial: “Mediante diferentes oficios se nos ha instruido por parte de nivel central a indicar fármacos que se encuentran únicamente dentro del cuadro básico”.

A Isolde Arzt este sistema donde el acceso está condicionado por el padecimiento y el lugar, le parece cruel. “Si no estamos eligiendo en un catálogo”, ironiza. “Si ya estaba aprobado [ante Cofepris o en el CNIS], ¿por qué no nos lo proporcionaban?”

De 61 amparos interpuestos para acceder a Keytruda, en 40 casos un juez ordenó a las instituciones de Salud que se suministrara gratuitamente el tratamiento. Para el resto la sentencia no fue favorable o se cerró el juicio, como ocurrió con cuatro pacientes que fallecieron durante el proceso legal. Isolde Arzt nunca recibió el medicamento del IMSS por lo que presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión se ofreció para mediar entre ella y el gobierno de México para alcanzar un acuerdo amistoso, pero dicha negociación no se ha concretado.

La vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, Alma Ortiz, señala que el responsable de no homologar ni convertir en obligatorio o vinculante el Compendio Nacional de Insumos para la Salud para todas las instituciones de salubridad es el CSG, encargado de definir políticas públicas de salubridad y considerado la segunda autoridad sanitaria más importante del país. Actualmente el presidente de este órgano es Jorge Alcocer Varela, el secretario de Salud.

El CSG respondió negativamente a la mayoría de las solicitudes de información que elaboró Quinto Elemento Lab y tampoco ofreció respuestas a través de su área de prensa.

“El problema es que mientras ese protocolo no le pongan la obligatoriedad y que sea vinculante (…) eso termina siendo como una guía de referenciar”, afirma Alma Ortiz.

Esta falta de homologación permite que en el país convivan experiencias diferentes de acceso para los pacientes. Especialistas en políticas públicas y salud apuntan que una muestra clara es el servicio de salud del Ejército. Un análisis del Centro de Estudios Espinosa Yglesias expone —con cifras de 2023— que el gasto por persona para subsistemas como Pemex, la Sedena o la Secretaría de Marina (Semar) es seis veces más alto que en el ISSSTE, el IMSS o el IMSS-Bienestar, lo cual “promueve la desigualdad”.

La Sedena no proporcionó su guía de uso o lineamientos para suministrar Keytruda a sus derechohabientes con cáncer. Pero en los correos filtrados de Guacamaya fue posible localizar numerosas cotizaciones para comprar el oncológico, incluso a sobreprecio, por razones de “extraurgencia”.

Los registros muestran que el presupuesto no suele ser el problema, sino el abasto. La Sedena mostró más esfuerzo y provisión para atender a sus pacientes con esta inmunoterapia que otras instituciones de salud en el país: por ejemplo, para tratar a la hija de un subteniente —un militar de rango bajo— retirado en Sonora, la institución castrense costeó vuelos a la Ciudad de México y otras facilidades para proporcionar Keytruda como tratamiento. Además, decenas de cotizaciones y recetas exponen la existencia de un trámite de “paciente específico”, un programa que garantiza la adquisición del medicamento si lo receta el médico tratante y no se cuenta con él en farmacia.

La brecha se ve en los números. En los últimos años, la Sedena ha gastado más de 138 millones de pesos en Keytruda. Si bien el IMSS ha erogado entre cinco a 12 veces más, su demanda de atención lo rebasa por mucho: en 2025 Sedena informó haber atendido a mil 368 pacientes con cáncer, de los cuales a 189 suministró Keytruda (más de un 10 por ciento). Vía Transparencia el IMSS negó que hubiera un censo de pacientes oncológicos, pero en boletines oficiales asegura que anualmente atiende más de 13 mil personas por esta enfermedad. Según datos proporcionados para este reportaje, en 2025 el IMSS recibió 721 solicitudes de pacientes para tratarse con Keytruda.

“Entonces, tenemos pacientes de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta y de sexta”, concluye Alma Ortiz.

Falsificados dentro del sistema público

A finales de 2025, mientras veía las noticias por televisión, Francisco Chávez Valle se enteró de una alerta sanitaria de Cofepris por falsificación de Keytruda. Uno de los lotes que mencionan, coincidía con uno que había recibido tiempo atrás. “Otra vez”, pensó. La noticia fue su confirmación de que en al menos dos ocasiones recibió, en un hospital público, una medicina sospechosa de falsificación.

En un ecosistema de compras fragmentadas, intermediarios y vigilancia limitada, para un medicamento de alto costo como Keytruda los riesgos no sólo han sido el desabasto o el acceso, sino confiar en su autenticidad. Este equipo de periodistas encontró casos en donde, desde el sector público, ni siquiera había certeza de la calidad del tratamiento que se estaba entregando.

Antes de su diagnóstico de cáncer renal, Chávez (de 56 años) disfrutaba de una larga carrera en la industria del espectáculo, donde incluso llegó a trabajar como productor de eventos para artistas como Juan Gabriel, Alejandro Fernández o el reguetonero J Balvin. Una cirugía removió el tumor alojado en su riñón, pero el cáncer se había dispersado hacia los pulmones, así que comenzó a tratarse con Keytruda.

El 25 de octubre de 2023, se disponía a recibir su cuarta dosis de Keytruda en el Hospital Regional “Elvia Carrillo Puerto” del ISSSTE en Mérida, Yucatán. Mientras el personal preparaba el fármaco, escuchó que decían: “otro más del mismo lote, esperemos que no le cause reacciones.” “No me va a pasar nada”, bromeó.

Pero sí la pasó mal: temblaba, no podía caminar y un dolor profundo le atravesó la espalda, el pecho y las piernas. “No podía controlar mi cuerpo”, relata en una entrevista concedida a Univision, aliado de ICIJ en esta investigación.

Por mero instinto fotografió la caja blanco con azul con el lote X003479 que le tocó a él, comparándola con una de otro lote —y mejor conservada— que le habían puesto a una compañera de piso y quien no tuvo efectos adversos. “Una se veía estéticamente profesional, te puedo decir. Y la otra, la mía, la veías así como que ‘ay, pobrecita cajita’”, cuenta Chávez.

La segunda vez fue el 11 de mayo de 2025. No tuvo reacciones al lote Y011745, pero descubrió en las noticias que Cofepris había emitido una alerta donde incluía esta serie.

A partir de registros de compra, transferencias y entradas a almacén, Quinto Elemento Lab identificó que 10 instituciones públicas de salud adquirieron o recibieron 11 mil 479 piezas de Keytruda correspondientes a lotes que, en promedio, 1.2 años después, Cofepris reportó como falsificados en alertas emitidas entre 2022 y 2026. El 88 por ciento de las piezas estaban en el ISSSTE.

Al respecto, la farmacéutica Merck Sharp & Dohme contestó vía correo electrónico que debido a la naturaleza de los procesos de compra gubernamental, el producto puede llegar a instituciones públicas por diferentes suministros sin “intervención exclusiva del fabricante”.

De los lotes que Francisco Chávez recibió y luego fueron incluidos en las alertas sanitarias, el Centro Nacional de Distribución del ISSSTE registró 220 piezas del X003479 y 6 mil 449 del Y011745.

La coincidencia con los folios de las alertas no es prueba de que todas las piezas fueron falsificadas. De acuerdo con los documentos revisados, para el ISSSTE, Merck Sharp & Dohme aparece como proveedor de la medicina.

Pero en el caso de Francisco Chávez, sí hubo confirmación de la farmacéutica. Por medio de una carta firmada por un directivo, se le informó que otros frascos (analizados como muestra) del lote X003479 presentaban “ciertas irregularidades que no corresponden con las características de los productos fabricados ni distribuidos por nuestra compañía”.

El productor de espectáculos pudo llegar a esa conclusión sólo después de contactar directamente a la empresa, pues en respuesta a quejas interpuestas ante directivos del ISSSTE, le habían respondido que no había problemas con el fármaco.

Mediante un enlace de comunicación institucional, el ISSSTE declinó dar un posicionamiento sobre los hallazgos de este reportaje e indicó que la respuesta se fijaría por medio de la Secretaría de Salud, que tampoco contestó a las preguntas de este equipo periodístico.

De acuerdo con una confirmación de MSD al equipo internacional de ICIJ, el caso fue reportado en febrero de 2024 a la Cofepris, además de que inició una denuncia penal en 2025. Es una de las 20 denuncias en curso que la compañía ha presentado en la Fiscalía General de la República por falsificación de Keytruda en hospitales públicos, de Fuerzas Armadas y privados en una decena de entidades. MSD también aseguró tener conocimiento de un paciente que falleció en México por recibir Keytruda falsificado.

Quinto Elemento Lab también documentó dos casos en los que instituciones públicas compraron lotes de Keytruda que luego fueron reportados como falsificados.

En febrero de 2022 la Sedena envió un oficio a su proveedor, Juan Carlos Pérez Lazcano, para informarle que 12 piezas del lote NT78326, entregadas mediante dos pedidos al Hospital Central Militar, coincidían con una alerta sanitaria emitida ese mismo mes por la Cofepris. El documento firmado por el subdirector de Adquisiciones, el General de Brigada Enrique Hernández Cisneros, advertía que la situación “representa un riesgo de seguridad del paciente”. Pero la solución que sugirió el Ejército al proveedor fue sustituir las piezas.

Pese al incidente, la relación comercial con el proveedor no se rompió y Pérez Lazcano continuó enviando cotizaciones y trabajando con la Sedena como proveedor. La institución castrense no contestó a los cuestionamientos enviados por escrito para este reportaje.

El otro caso ocurrió en 2021, en el Centro Médico Naval de la Secretaría de Marina. Personal médico estaba a punto de preparar un par de frascos de Keytruda para un paciente, cuando notaron que uno del lote T021792 se veía diferente a otra pieza. Decidieron no administrarlo y notificaron a Cofepris. La farmacéutica respondió a autoridades sanitarias que no reconocía el lote como fabricado ni distribuido por Merck Sharp & Dohme Comercializadora (filial mexicana de MSD). Sin embargo, 240 piezas del mismo lote habían sido vendidas por Merck a Pemex un año antes, según una base de compras entregada por la petrolera.

Este episodio derivó en la primera alerta sanitaria por falsificación de Keytruda.

Detrás de la compra de la Semar estaba Toppharma SA de CV, una compañía que siguió obteniendo contratos públicos incluso después del incidente: entre 2022 y 2025 ha obtenido más de 67 millones de pesos como proveedor de institutos médicos y dependencias federales de servicios de salud.

Casi un año y medio después del reporte del Centro Médico Naval, la Cofepris inspeccionó el domicilio fiscal de la empresa, ubicado en la alcaldía Tlalpan: un edificio de dos pisos, sin identificadores de Toppharma, de fachada color gris y coronada por un cerco de alambres de púas y cámaras de vigilancia.

De acuerdo con el documento de la orden de verificación, la empresa había adquirido el Keytruda, a su vez, con Eduardo Dávalos Morán, otro proveedor de medicamentos con domicilio en Ecatepec y que después sería incluido por la Cofepris en su listado de distribuidores de medicamentos con incumplimientos de regulación sanitaria. La excusa de Toppharma para la adquisición fue que se trataba de una “compra única y por emergencia”.

El equipo de ICIJ intentó contactar a Toppharma y a su representante, Angélica Zanabria, por vía telefónica, correo electrónico y mensajería instantánea, e incluso mediante una visita personal a dos de sus sedes para obtener un posicionamiento para esta investigación, pero no hubo declaraciones. En la farmacia que corresponde con el domicilio que la empresa muestra en su sitio web —cerca del otro edificio de la firma—, un dependiente admitió que laboraba para la compañía en cuestión, pero ante las preguntas declinó dar comentarios.

El caso concluyó con un apercibimiento para la farmacia del Centro Médico Naval y una multa por 240 mil pesos para la compañía. La Semar siguió comprando medicinas con Toppharma, según indicó en respuesta a una consulta de ICIJ, porque cumplieron con los requisitos indicados en los procesos de contratación.

Entre 2018 y 2025 la Cofepris emitió seis alertas sanitarias para 25 lotes de Keytruda. En ese mismo lapso recibió 40 denuncias sanitarias relacionadas con falsificados, adulterados o medicamentos subestándar con el nombre de Keytruda o su principio activo, pembrolizumab. De todos los casos, sólo éste —el del Centro Médico Naval— tuvo resolución.

Precios sin regular, ganancias millonarias

Ocho años después de que México incorporó Keytruda al sistema de salud público minimizando las advertencias de su costo, el precio ha resultado ser decisivo para garantizar su acceso: determina la cantidad de piezas que se pueden adquirir, es un argumento recurrente de los hospitales en las negativas a pacientes y, cuando el medicamento no se proporciona, pocas personas pueden pagarlo por cuenta propia.

Mario Martínez no pudo hacerlo. Después de meses sin citas ni Keytruda en el INCan, le dijo a su hija Fernanda que tenía un mal presentimiento: “Yo creo que ya me llené de cáncer”. Ella comenta que nunca le pasó por la cabeza comprar el medicamento, pues sabía que no podía costearlo.

Isolde Arzt sí lo intentó. Pagó las dosis y agotó su seguro, logrando sostener el costo del tratamiento fuera del sistema público, pero fue devastador económicamente.

En México, el precio que suele pagar el gobierno por Keytruda —alrededor de 52 mil pesos por pieza, con descuentos negociados— dista del que enfrenta una persona en farmacia, donde puede costar más de 100 mil pesos.

Durante años, el país contó con un mecanismo formal para regular los precios máximos de medicamentos de patente y definir márgenes de ganancia. Documentos revisados muestran que el Precio Máximo de Venta al Público (PMVP) se calculaba a partir de un precio internacional de referencia —el promedio de los seis países con más ventas del medicamento— multiplicado por un factor de comercialización. Ese factor es confidencial, pero Quinto Elemento Lab pudo corroborar que dicho factor permite un amplio margen de ganancia, de poco más de la mitad del Precio Internacional de Referencia.

Los registros de la Secretaría de Economía muestran cómo ese tope creció. En 2017, el precio máximo de venta al público de Keytruda fue de 72 mil 624 pesos. En 2022, el último año del que Economía tiene registro, había subido a 121 mil 679 pesos.

Este sistema de regulación de precios dejó de operar en 2022, cuando por medio de un decreto del entonces presidente López Obrador se ordenó el desmantelamiento de la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos. La Secretaría de Economía reconoció por Transparencia que el convenio utilizado para establecer el PMVP concluyó su vigencia ese año. No hay certeza de cómo se está regulando el precio máximo actualmente. Solicitudes y entrevistas apuntan a que tampoco existe un protocolo claro ni métricas públicas sobre cómo se negocia el precio de compra gubernamental.

Para Alma Ortiz, de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, esta es una parte fundamental del problema. “Las farmacéuticas tienen un alto margen de ganancia”, dice. Desde su experiencia en la industria, calcula que el precio negociado con el gobierno puede ser “50 por ciento más barato y aun así hay ganancia”. El riesgo, añade, es que “si no se regula el PMVP no se puede regular el precio gubernamental”. Sobre todo en un país que se espera incremente su gasto en el tratamiento de cáncer en los próximos años.

Datos entregados por instituciones públicas muestran aumentos anuales en atenciones y diagnósticos de cáncer. El último informe financiero y actuarial del ISSSTE ya lo ubica como la mayor carga del gasto médico del instituto. Para 2050 estima que el gasto público sólo para el cáncer superará el de enfermedades del corazón, insuficiencia renal y diabetes juntas.

De acuerdo con una respuesta de MSD a Quinto Elemento Lab, el precio de Keytruda en México “refleja su valor para los pacientes y los sistemas de salud” y se justifica por la inversión en desarrollo y estudios clínicos. Pero también confirman que la existencia de diferentes precios, incluso dentro de un mismo país, incluyen factores como “los sistemas de fijación de precios y reembolso de cada país y la capacidad de los gobiernos para financiar la atención sanitaria”.

”Rechazamos cualquier afirmación que sugiera que no hemos cumplido con los altos estándares de transparencia e integridad que rigen la manera en que brindamos atención a los pacientes”, informó la farmacéutica.

Para Fernanda Martínez, lo incosteable del presente sólo agrava la falla previa de la falta de garantías.

Sin la posibilidad de comprar una sola dosis de Keytruda, la idea que le queda es que el Estado incorporó el medicamento a las compras públicas, se lo dio a su padre y luego se lo quitó. Recuerda que con las primeras dosis Mario había recuperado hasta el calor de su cuerpo. Tras la interrupción, los otros tratamientos no funcionaron y volvieron el frío y el dolor. Coraje es lo que dice que siente al recordar lo que vivió su padre. “Quizá”, si la garantía de acceso al tratamiento completo hubiera sido real, dice Fernanda, “mi papá estaría vivo”.

*Los periodistas que contribuyeron a este reportaje fueron Carlos Carabaña (El País), Aldo Canedo (El Sol de México), Gerardo Reyes (Univision), Angie Sandoval (Univision), Isabella Cota (ICIJ).

Gráficas: Alejandra Saavedra