Pryse ganó contrato del Tren Maya con empresa ligada a Rocha Cantú e investigada por presunto tráfico de armas y huachicol: Arteaga

El Grupo de Seguridad Privada Pryse ha obtenido contratos públicos por 12 mil 928 millones de pesos durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, de acuerdo con una investigación del periodista Víctor Hugo Arteaga, quien identificó 21 contratos adicionales y nuevas relaciones empresariales que involucran a Servicios Integrales Valbón, compañía ligada al dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos relacionados con tráfico de armas e hidrocarburos, lavado de recursos y facturación simulada.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Arteaga presentó nuevos hallazgos de su investigación, titulada “Pryse: la red de alianzas, contratos públicos, empresas investigadas y sanciones administrativas”, realizada por Xpectro FM. Entre los elementos identificados se encuentran contratos adjudicados a través de licitaciones conjuntas, antecedentes de inhabilitaciones administrativas y vínculos con otras empresas que concentran una parte importante de los recursos públicos destinados a la contratación de seguridad privada.

El periodista explicó que, tras revisar nuevas adjudicaciones y documentos oficiales, encontró 21 contratos adicionales para Grupo Pryse, con lo que el monto identificado ascendió a 12 mil 928 millones de pesos.

Para dimensionar los recursos involucrados, Arteaga señaló que esa cantidad permitiría construir cuatro hospitales de alta especialidad, con 48 camas cada uno, y garantizar el abasto de medicamentos durante un año.

El periodista también presentó un análisis de cinco empresas que, en conjunto, han obtenido contratos por alrededor de 43 mil millones de pesos durante el sexenio de López Obrador, por la prestación de servicios de seguridad privada a instituciones públicas.

De acuerdo con la revisión de 28 instituciones públicas realizada por su equipo, las cinco compañías identificadas y los montos de contratación son los siguientes:

– Grupo Pryse: 12 mil 98 millones de pesos

– Serprosep: 9 mil 777 millones de pesos

– SII: 9 mil 38.8 millones de pesos

– Sepiver: alrededor de 8 mil 60 millones de pesos

– Hidalgo Vigueras: 4 mil 562 millones

Arteaga advirtió que estos cinco grupos concentran alrededor del 80 por ciento de los recursos destinados a la contratación de seguridad privada subrogada, un sector en el que las instituciones públicas recurren a compañías particulares para cubrir sus necesidades de vigilancia.

“Son cinco empresas y el monto te da escalofríos, son 43 mil millones de pesos, más menos, y son solamente cinco empresas, una de ellas Pryse”, señaló.

El periodista agregó que su investigación también identificó movimientos recurrentes en la estructura corporativa de otras compañías que participan en este mercado. Como ejemplo, mencionó a Servicios Industriales Institucionales S.A. de C.V.,empresa que ha registrado 10 modificaciones en sus actas constitutivas durante los últimos ocho años.

Para Arteaga, estos cambios representan un elemento que merece la atención de las autoridades, particularmente por las modificaciones constantes en la composición accionaria de una empresa que participa en contrataciones públicas. “Me parece muy extraño que una empresa sana, que una empresa bien constituida, esté cambiando constantemente a sus accionistas y a sus dueños”, afirmó.

Pryse y Valbón ganaron juntos un contrato de seguridad para el Tren Maya

Uno de los nuevos hallazgos de la investigación es la participación conjunta de Grupo Pryse y Servicios Integrales Valbón en una licitación para proporcionar servicios de seguridad privada al Tren Maya.

Arteaga explicó que ambas compañías se presentaron juntas al procedimiento y obtuvieron el contrato, un vínculo que consideró relevante debido a los antecedentes de Valbón, empresa relacionada con una investigación de la Fiscalía General de la República.

Según expuso, Servicios Integrales Valbón aparece en el expediente 928/2024 de la FGR, relacionado con una investigación por presunto tráfico de armas, tráfico de hidrocarburos, lavado de recursos y facturación simulada.

Mencionó a tres personas señaladas en las investigaciones: Jorge Enrique Alberts Ponce, alias “El Yoryi”, identificado como uno de los presuntos operadores; Jacobo Reyes León, señalado como presunto dirigente, y Raúl Rocha Cantú, a quien se identifica como presunto inversionista en empresas relacionadas con operaciones ilegales de hidrocarburos o huachicol.

Rocha Cantú es propietario de la marca Miss Universo y, de acuerdo con Arteaga, está relacionado con Servicios Integrales Valbón.

Arteaga también identificó la participación de Pryse, Protección, Resguardo y Servicios Empresariales y Multisistemas Uribe en una licitación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por mil 334 millones de pesos.

El periodista sostuvo que estos vínculos permiten identificar una red de empresas que participan en procedimientos de contratación pública y que mantienen relaciones entre sí, algunas de ellas con antecedentes de investigaciones o sanciones administrativas.

Explicó que, de acuerdo con información que obtuvo de personas relacionadas con el sector de seguridad privada, algunas compañías que cuentan con permisos para el uso de armas se asocian con otras que carecen de esas autorizaciones para participar conjuntamente en procedimientos de contratación pública.

Según el periodista, esta práctica permitiría que empresas sin los permisos correspondientes participen en licitaciones con el respaldo de otras que sí cuentan con ellos.

Añadió que estas compañías “juegan en tándem para poder ganar las licitaciones”, una dinámica que consideró relevante para entender las alianzas empresariales identificadas en su investigación, entre ellas la de Pryse y Servicios Integrales Valbón para obtener el contrato de seguridad del Tren Maya.

No obstante, precisó que el trabajo periodístico no tiene como propósito atribuir responsabilidades penales, sino identificar posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos. “No somos ministerios públicos. Nosotros siempre detectamos el manejo de los recursos. Vemos dónde están las interrogantes para nosotros como periodistas”, puntualizó.

Empresas inhabilitadas volvieron a obtener contratos

Otro de los aspectos abordados por Arteaga son las inhabilitaciones administrativas que enfrentaron Grupo Pryse y otras compañías relacionadas, así como los contratos que obtuvieron posteriormente, pese a los antecedentes de sanciones.

El periodista explicó que la investigación está respaldada por documentos de autoridades mexicanas que determinaron la inhabilitación de Grupo Pryse y otras empresas vinculadas.

Sin embargo, un juez les concedió un amparo que les permitió participar nuevamente en procedimientos de contratación pública. En diciembre de 2025, las compañías obtuvieron otros mil 300 millones de pesos en contratos del IMSS y del IMSS Bienestar.

Arteaga señaló que, aunque las empresas consiguieron participar en las licitaciones después de obtener la protección judicial, posteriormente las resoluciones administrativas fueron revisadas y las autoridades confirmaron que las inhabilitaciones habían sido correctas.

Detalló que, en mayo y agosto de 2026, el Tribunal de Justicia Administrativa determinó que las empresas habían sido correctamente inhabilitadas, luego de revisar las inconformidades presentadas por órganos internos de control del IMSS, del aeropuerto y del IMSS Bienestar.

“Ya pasó el amparo, ya pudiste participar, ya ganaste dinero, pero resulta que sí estabas inhabilitada”, expuso.

También planteó interrogantes sobre el destino de los recursos públicos adjudicados y sobre los responsables de permitir que estas empresas continuaran participando en contrataciones gubernamentales.

“¿Quién está detrás de todo esto? Para que aún con las notificaciones de las mismas instituciones que se dieron cuenta que no estaban bien las cosas, les hayan dado y le sigan dando contratos”, cuestionó.

La empresa estaba registrada para participar este miércoles en una licitación de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Veracruz por 646 millones de pesos, para contratar el servicio de vigilancia para el edificio administrativo y áreas operativas.

Actualización: La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó este miércoles en un comunicado que tanto el Grupo de Seguridad Privada Pryse de México, S.A de C.V., como Protección, Resguardo y Servicios Empresariales, S.A. de C.V. se encuentran inhabilitadas.

“Hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación la circular que informa que el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito revocó la suspensión de la inhabilitación impuesta a las empresas Grupo de Seguridad Privada Pryse de México, S.A. de C.V., y Protección, Resguardo y Servicios Empresariales, S.A. de C.V.”, señaló la institución.

Indicó que con esta resolución, dictada en la revisión incidental R.A. 189/2026, “vuelve a surtir efectos la sanción impuesta por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través del Órgano Interno de Control en el IMSS”.

“En consecuencia, ningún funcionario del gobierno federal, ni de los gobiernos estatales o municipales puede contratar a estas empresas cuando existan recursos federales involucrados”, agregó, al tiempo que señaló que dará seguimiento al proceso en las instancias correspondientes y defenderá con firmeza las sanciones, “por haber sido impuestas con apego a derecho y en protección del interés público”.

Domicilio de la accionista mayoritaria y vínculos con Tabasco

La investigación también se cuestiona el papel de Silvia Muciño Negrete, una mujer de 90 años identificada por Arteaga como la accionista mayoritaria de Grupo Pryse.

El periodista explicó que acudió al domicilio registrado por la Muciño en su credencial para votar y en los documentos corporativos utilizados para identificarse ante las autoridades y formalizar contratos con el gobierno federal.

En el inmueble, ubicado en una colonia popular de Jiutepec, Morelos, encontró una vivienda que no corresponde con la imagen que podría asociarse con una empresaria cuya compañía ha gestionado contratos públicos por casi 13 mil millones de pesos.

Arteaga relató que tocó la puerta y conversó con la pareja que renta la propiedad, cuyos integrantes aseguraron que no conocían a Muciño Negrete. También preguntó a vecinos de la zona, quienes dijeron que no la habían visto durante los años que llevaban viviendo en el lugar.

La pareja que renta la vivienda no quiso proporcionar los nombres de las personas que les arrendaron el inmueble, por razones de protección.

El periodista aclaró que la dirección fue verificada mediante el número correspondiente en el catastro y que coincide con el domicilio registrado en la documentación de la accionista.

Arteaga subrayó que la edad de la empresaria no constituye por sí misma una irregularidad ni le impide participar en actividades comerciales: “¿Por qué están mintiendo con la dirección a las autoridades mexicanas?”.

A partir de la revisión del domicilio y de otros documentos, la investigación condujo al estado de Tabasco, de donde sería originaria Muciño Negrete. Arteaga indicó que su equipo continúa siguiendo esa línea de investigación para identificar más elementos sobre la empresaria y la estructura de Grupo Pryse.

Empresa no respondió a solicitudes de información

Arteaga también contó que buscó establecer contacto con representantes de Grupo Pryse para conocer su postura sobre los hallazgos de la investigación.

Explicó que durante cinco días intentó comunicarse con las oficinas centrales de la compañía sin obtener respuesta. Finalmente, consiguió que atendieran una llamada telefónica a través del conmutador.

Durante esa comunicación preguntó por Silvia Muciño Negrete y el personal de vigilancia que respondió le dijo que la conocían, aunque aseguró que llevaban años sin verla.

El periodista solicitó hablar con algún directivo, pero le informaron que no había ninguna persona disponible para atenderlo. Dejó sus datos de contacto para que la empresa pudiera comunicarse posteriormente.

Además, su equipo acudió a otra oficina de Grupo Pryse, ubicada en la zona de Ampliación Aviación, cerca del aeropuerto, para solicitar información directamente.

De acuerdo con su narración, el reportero se identificó como integrante de un medio de comunicación y preguntó si algún directivo podía atenderlo. Sin embargo, el personal del inmueble respondió que ahí únicamente funcionaba una oficina de capacitación para personas interesadas en trabajar como guardias de seguridad.

Les indicaron que cualquier asunto relacionado con directivos o funcionarios debía tratarse en las oficinas centrales de Jiutepec, Morelos.

Arteaga señaló que también acudieron a esa sede, pero hasta el momento de la entrevista no habían recibido respuesta. “La réplica está abierta”, concluyó el periodista.