'Ley contra extorsión es un doble filo': Marín

La reciente aprobación de la Ley para prevenir, investigar y sancionar la extorsión en México podría representar un avance en la protección de víctimas, pero también abre la puerta a posibles abusos del sistema penal, advirtió el abogado experto en prevención de fraudes, Aresvir Marín.

En entrevista para Aristegui en Vivo, Marín dijo que la normativa tendrá “doble filo”, y explicó que, aunque la legislación busca regular uno de los delitos más frecuentes en el país, su implementación puede derivar en situaciones complejas.

“Esta ley que se acaba de aprobar por los diputados, pero que todavía no entra en vigor, va a ser, me parece, un doble filo, (…) porque, por un lado, me parece adecuado que se regule nacionalmente una ley, pero me parece el foco más interesante va a ser que la denuncia pueda ser anónima.”

Uno de los riesgos más preocupantes es la creación de lo que Marín llamó víctimas fabricadas, ya que la posibilidad de denuncias anónimas, combinada con la prisión preventiva automática —de imposición obligatoria en este tipo de delitos—, podría generar que personas inocentes sean vinculadas a procesos penales sin evidencia suficiente.

“Como abogado nos ha tocado defender a muchas víctimas que se encuentran en reclusorios, que no son culpables, pero que se les ha fabricado algún delito, aunque sean absueltas, ya perdieron dos, tres años de su vida”, advirtió.

Marín explicó que en México un delito se configura por tres elementos, el de tipicidad, antijurisdicidad y culpabilidad y desde estos, dijo que las acciones forzadas por coacción o amenaza podrían considerarse causas de exclusión de responsabilidad.

Esto porque hay casos en los que productores agrícolas o empresarios, bajo presión del crimen organizado, se ven obligados a aportar dinero a grupos criminales, práctica conocida como pago de “derecho de piso”.

“Hay un miedo insuperable, está amenazada la familia, están amenazados ellos en su patrimonio, en su vida”, dijo Marín sobre la situación de limoneros, aguacateros y otros productores que enfrentan extorsión sistemáticamente.

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Según el abogado, estas aportaciones forzadas pueden considerarse legales bajo la figura de estado de necesidad exculpante, aunque financien indirectamente delitos, el sistema penal reconoce que actuar de otra manera sería imposible para quienes están amenazados.

El especialista también advirtió que la ley podría beneficiar a quienes cuentan con recursos para una defensa técnica, mientras que ciudadanos sin acceso a asesoría legal efectiva serían más vulnerables.

Es más fácil que un ciudadano de a pie caiga en una fabricación de delitos entonces, ¿realmente a quién vulneras más? Pues de fondo a la sociedad, que es a la que quieres proteger.

Además, Marín subrayó la necesidad de un debate técnico más profundo sobre la ley, advirtiendo que su implementación sin vigilancia podría convertir una medida protectora en un instrumento de abuso.

“Debe de haber un punto donde no se preste a extorsiones por parte del Estado, y ahí sí sería sumamente delicado que algo que parece bueno se use con fines malignos”, comentó.

Finalmente, Marín señaló que la ley, aprobada por la Cámara de Diputados, pero aún no vigente, incluyó cambios polémicos, como la reducción de sanciones a servidores públicos involucrados en delitos de extorsión, lo que generó discusión sobre proporcionalidad jurídica e impunidad.