Esclavos en la Sierra Tarahumara | Investigación Especial

Por Marcela Turati, Thelma Gómez Durán y Eliezer Budasoff / Quinto Elemento Lab y A Dónde Van los Desaparecidos*

I. BAR. Los aparecidos

El hombre tomó la decisión cuando llegaron los más chicos. Eran dos adolescentes; el más grande parecía de unos 15 años como mucho. Los escuchaba llorar por las noches. Si me voy a morir acá—pensó—, mejor me muero tratando de sacar a estos chavos. Esperó días. Semanas. Meses. Una tarde, después de acarrear agua de un arroyo cercano desde el amanecer, le ordenaron que se llevara a uno de los muchachos para que lo ayudara y sintió que era el momento. De camino, mientras nadie los vigilaba, le propuso escaparse. Siguieron el cauce aguas abajo y caminaron por el bosque hasta que se hizo de noche. Se refugiaron en una cueva; desde ahí vieron las luces de las lámparas. Los estaban buscando. Al día siguiente no se movieron. Esperaron a que oscureciera de nuevo para salir, porque el camino era una especie de trampa: del otro lado del arroyo se levantaba una montaña enorme, con laderas de piedra tan empinadas como un muro, que solo les dejaba una dirección posible para seguir. Dos días caminaron sin agua, sin comida, entre los pinos, hasta que dieron con la carretera. Le pidieron ayuda a una pareja que iba en camioneta, se subieron atrás y consiguieron llegar a Pedernales, un pueblito maderero donde el hombre tenía familiares. Ellos llamaron a su mamá. Llevaba tres años sin tener noticias de él. Había salido de la casa donde vivía con ella y con su hermana, en la ciudad de Chihuahua, una mañana de agosto de 2015. Iba al centro a tramitar su Seguro Popular y desapareció. Nadie volvió a saber de él hasta ese momento: era junio de 2018.

BAR, las iniciales con las que registraron su declaración en la Fiscalía General de Chihuahua, denunció que todo ese tiempo había estado cautivo de un grupo criminal, forzado a cultivar amapola y marihuana desde el amanecer hasta la caída del sol en un campamento con decenas de hombres más, muy adentro de la Sierra Tarahumara. La situación que describió entonces parecía una escena de explotación de indígenas en las haciendas de América Latina hace más de dos siglos; una de esas imágenes que la cultura popular nos ha legado sobre la esclavitud pero en el presente, sin cadenas, con la brutalidad y las armas del narco mexicano. Los hacían dormir en el suelo, en cuevas de piedra donde cabían hasta 30 personas, declaró BAR. Les daban dos comidas al día: algo de frijol y sopa, a veces un poco de harina de maíz con agua y azúcar para que aguantaran. Los obligaban a drogarse, dijo. Si no trabajaban como ellos querían, los golpeaban con varas de encino, los amarraban a los árboles durante días o los dejaban sin comida.

También me tocó castigo: me agarraban de los pies y me ponían boca abajo, me metían en el río hasta casi ahogarme

A veces, declaró, los vigilantes les ordenaban que se violaran entre ellos como castigo. “Me tocó ver que mataban a algunos de mis compañeros”, dijo. Uno de ellos murió ahogado. “A otro lo golpearon con el arma, con los puños, hasta que lo mataron”. A otro lo empujaron de un barranco. Pensó que nunca iba a salir de ahí.

En los casi tres años que pasó como esclavo del narco, les dijo BAR a los agentes de la fiscalía, él había llegado a conocer al menos seis campamentos de trabajo forzado como el suyo. Su testimonio quedó archivado en un expediente judicial. Pero a mediados de 2019, se destapó una red de trata que abarcó distintas ciudades de Chihuahua y que operaba de la misma manera desde al menos 2015. Buscaban a hombres desesperados por algo de dinero en colonias periféricas en las faldas de los cerros, en asentamientos de indígenas desplazados de la sierra, en las vías de tren donde esperaban que les cayera alguna chamba, en centrales camioneras o en módulos para tramitar programas sociales. Les ofrecían trabajos como levantar cercos, colocar postes, limpiar terrenos o cuidar ganado, pero, en realidad, los llevaban a rincones aislados de la Sierra Tarahumara y los metían en campos de concentración a cielo abierto, vigilados por hombres armados. Eran forzados a trabajar como mano de obra esclava del narco, explotados hasta el límite de sus fuerzas. Podían pasar años así. Vivos a medias, muertos a medias.

El chico que había conseguido escaparse con BAR, un adolescente rarámuri, contó que a él lo fueron a buscar al rancho donde vivía con sus abuelos para invitarlo a trabajar. Tenía 17 años cuando se lo llevaron. Durante su cautiverio había sido violado repetidamente. “Yo no hacía nada porque tenía miedo y lloraba. Me dolía mucho cuando hacían eso. Fueron muchas veces”, les dijo a las autoridades. También declaró que le había tocado ver como mataban a una persona. “Estaba parada y le disparó en la frente. Yo no la conocía. Era la que nos hacía la comida”. No sabía cómo se llamaba el hombre que le propuso fugarse, pero tenía claro lo que les esperaba si llegaban a encontrarlos. “Caminamos mucho cuando nos escapamos”, dijo, casi al final.

Los testimonios de BAR y de su acompañante no fueron los primeros en denunciar que el narco tenía campos de trabajo forzado en la Sierra Tarahumara. En diciembre de 2015 —unos meses después de la desaparición de BAR en Chihuahua—, migrantes centroamericanos y mexicanos que viajaban a la frontera alertaron sobre grupos que los bajaban de los trenes para llevarlos a campos de cultivo, donde eran esclavizados. Sus denuncias también se perdieron en los registros burocráticos. Pasaron tres años hasta que aparecieron BAR y el muchacho rarámuri.

Un año después, aparecieron tres hombres más.

***

A principios de julio de 2019, el policía de investigación asignado al puesto de control de Las Estrellas —una intersección de carreteras que funciona como puerta de entrada a la Sierra Tarahumara, muy transitada por turistas que visitan la cascada de Basaseachi o las cabañas que están en la zona— vio bajarse de la parte trasera de una pick-up a tres hombres en los huesos, con la ropa raída, sucios y desorientados. En la sierra solo los locos, los pordioseros o los ancianos rarámuris que viven en cuevas tienen ese aspecto.

Cuando el comandante Julio César Andrade se acercó y los interrogó, le dijeron que venían de trabajar en la cosecha de manzana, que el viaje les había sentado mal. Nadie se engañaba demasiado. “Él sabía de dónde veníamos”, recordó unos días después Martin*, uno de los tres aparecidos, en una nota publicada en Raíchali, un medio independiente que cubre a las comunidades indígenas de esa zona. El comandante los llevó a comer y los presionó para que dijeran la verdad. Entonces le confesaron que venían caminando desde hacía nueve horas y consiguieron un aventón hasta el entronque Las Estrellas porque estaban escapando de un campo al que habían sido trasladados con engaños. Ahí —le dijeron—, bajo la vigilancia de hombres armados, los habían forzado a trabajar en el cultivo de amapola junto con decenas de personas más.

La Policía transportó a los tres hombres a Ciudad Cuauhtémoc, a las oficinas de la Fiscalía Estatal de Distrito Zona Occidente. Les ofrecieron ropa, comida y calzado, los pasaron a revisión médica y tomaron sus declaraciones. Lo que contaron parecía calcado de los testimonios que habían tomado sus colegas de la fiscalía de la capital, Chihuahua, hacía poco más de un año. Sus experiencias describían un mismo método de reclutamiento, una misma zona cavernosa en la Sierra Tarahumara, y una misma forma de explotación y de presión psicológica. “Los golpeaban, los amarraban, los amenazaban, los amedrentaban, les apuntaban, los volvían a golpear… de manera de ir haciéndolos esclavos”, resumiría después uno de los funcionarios de la fiscalía que intervino en el caso.

Los tres aparecidos dieron pie a un operativo que se hizo una semana después, el 11 de julio de 2019, en el que fueron rescatadas 21 personas cautivas en el mismo sitio. Un desenlace inusual en un país donde la cifra oficial de desapariciones supera las 130.000 personas, el 95 por ciento ocurridas en las últimas dos décadas. Los testimonios de BAR, del joven rarámuri y de esas dos decenas de hombres que se abalanzaron sobre las latas de atún cuando fueron rescatados, ofrecían pistas para pensar en una posibilidad siempre esquiva y latente respecto de los desaparecidos: la de que algunos, o muchos, puedan estar vivos. Pero ofrecían además un relato directo sobre una faceta poco conocida del universo económico de los cárteles: el uso de un modelo productivo pensado para reducir al máximo los costos, que se aprovecha de una cultura de trabajo temporal que existe desde hace décadas en distintos rincones del estado, y la quiebra.

Desde los años 70, cuando México se convirtió en productor a gran escala de amapola y marihuana, se sabe de la existencia de campamentos que albergan a jornaleros, la mano de obra agrícola del narco. En muchos municipios rurales, el trato con los cárteles que controlan el territorio está mediado por las opciones de supervivencia: el pago de extorsiones, el suministro de mercancías, la producción de materias primas, el trabajo temporal. Por lo general, siempre existe algún tipo de acuerdo de intercambio que permite a los grupos criminales convivir con las comunidades de las que dependen. Los protagonistas de esta historia muestran una ruptura de códigos en la búsqueda por maximizar las ganancias: una operación logística enfocada en el reclutamiento forzado de las personas más marginales y vulnerables de las comunidades, para sacar rédito de lo que puedan dar sus cuerpos.

El tamaño y la continuidad de la operación, al mismo tiempo, revela algo peor: para funcionar, el sistema necesita de la colusión o la indiferencia del Estado. En 2017, dos años antes del rescate, una pareja rarámuri de la periferia de Chihuahua denunció la desaparición de sus dos hijos con el mismo método de enganche que describen todos los sobrevivientes. Cuando el hijo mayor consiguió escapar, después de pasar un año esclavizado en la sierra, denunció ante el Ministerio Público el mismo esquema de engaño y explotación. En 2018, tras la aparición de BAR, la fiscalía hizo un operativo en el mismo sitio del rescate de 2019. Esa vez encontraron las cuevas y parte de la infraestructura que utilizaban, pero no hallaron a ninguna persona. Se volvieron. Durante un año no hicieron nada, aunque ya tenían al menos dos testimonios formales que aseguraban que decenas de hombres seguían cautivos en la sierra. Después del operativo exitoso de 2019, incluso, la red de trata siguió funcionando: en 2022, 15 personas de Guachochi, una población de la Sierra Tarahumara, fueron levantadas y esclavizadas en los mismos campos. “Deben de existir todavía”, nos dijo en 2024 el agente que llevaba el caso.

A los sobrevivientes, la experiencia acabó por quebrarles los escasos vínculos que los mantenían dentro de la sociedad. Sus vidas ya eran precarias antes de ser esclavizados, pero la mayoría no pudo recuperar ni siquiera eso: quedaron marcados por la paranoia y el miedo, presos de las adicciones o trastornados mentalmente; algunos fueron abandonados por sus parejas y familias. Otros murieron a los pocos años de haber sido rescatados. Los grupos criminales aceleraron un proceso de marginación y abandono que ya había empezado el Estado. Estas son sus historias.

II. Javier. El rescate

En su día número 987 como trabajador esclavo en la sierra, después de haber pasado toda la semana rezándole a San Judas para que lo ayudara a salir de ese lugar, Javier no supo cómo reaccionar cuando vio a todos esos hombres uniformados que salían de entre los árboles. Primero pensó que venían a matarlos. Muchas veces les habían dicho que iban a llegar los contras: gente de otro grupo criminal que iba a venir por ellos.

—¡Policías!

Solo atinó a correr unos metros y ahí se quedó, paralizado, junto a otros cautivos. Algunos consiguieron esconderse, pero ellos no podían seguir porque había un precipicio. Cuando los policías los alcanzaron y les dijeron que venían a rescatarlos, lo segundo que Javier pensó es que lo iban a meter a la cárcel. “Nos decían: ‘Los vamos a llevar a un hotel’. Y yo pensaba: ‘El hotel va a ser una prisión’”. Todo le daba miedo y desconfianza. No solo a él: a todos. Estaban aterrorizados y muertos de hambre.

El operativo era enorme; entre policías de la Agencia Estatal de Investigación y funcionarios judiciales sumaban más de 50 personas. Habían salido esa misma madrugada. Algunas horas antes del rescate, la caravana de camionetas en las que viajaban había entrado a un camino de terracería en una zona de la sierra que pertenece al municipio de Ocampo, en Chihuahua, y avanzó hasta que ya no fue posible seguir con los vehículos. Ahí se bajaron, dejaron a un grupo de guardia, y unos 40 efectivos avanzaron a pie hacia el bosque, guiados por uno de los cautivos que se habían escapado la semana anterior. En el camino se dividieron: un grupo siguió el sendero que conducía a la parte alta de la montaña y los otros fueron hacia el fondo del cañón, ahí donde corre el arroyo Huevachi, una referencia para todos los que terminaban esclavizados en esa zona, y el lugar donde les aplicaban los castigos más temidos.

Los policías que siguieron hacia el fondo del cañón tardaron en total unas cuatro horas de caminata entre pinos, madroños y encinos —los árboles típicos del bosque templado de la Sierra Tarahumara— hasta que llegaron adonde estaban Javier y los demás limpiando la ladera de un cerro. En el trayecto se toparon con algunos claros en medio del bosque: áreas donde los árboles habían sido talados y quemados para sembrar amapola y marihuana. El otro grupo encontró la cueva que hacía las veces de campamento base. Era profunda. Más que cueva, era una especie de gruta: una hendidura que se metía en la montaña, formada por el espacio que quedaba entre rocas gigantes. Era lo suficientemente ancha en su interior como para que pudieran caber decenas de hombres amontonados en el suelo, y se hacía más angosta en la entrada, lo bastante como para que pudiera ser vigilada por un par de personas armadas. Mientras algunos agentes trataban de reunir a los hombres que se habían escapado, otros empezaron a documentar lo que veían.

Las fotografías de aquel momento registran varios detalles. Una geografía extrema, escarpada; un cañón rodeado por barrancas de piedra tan altas y rectas que forman una especie de muralla natural. El cielo de un azul vibrante. Un campo rectangular entre los pinos, en la base de un cerro, con varas secas de amapola. Una caverna en la montaña, y, en su interior, ropa tirada, bolsas de fertilizante, cobijas en el piso, un cucharón, ollas, una parrilla a ras del suelo, paquetes de harina de maíz apilados, una escoba negra de hollín, galones vacíos, costales, una radio. De día funcionaba como comedor, de noche como dormitorio.

“Las condiciones en las que los tenían eran infrahumanas”, resumirá después uno de los agentes de la fiscalía que participó de aquel operativo. Eso podía adivinarse en los restos inmundos de la cueva y en el relato de los que habían escapado, pero ellos pudieron corroborarlo cuando reunieron a un grupo de 21 hombres que “estaban físicamente destrozados”. Los condujeron al lugar donde habían dejado las camionetas, sacaron las provisiones que llevaban para ellos y empezaron a compartirlas con los rescatados. “Nunca pensamos que iba a ser tan exitoso el operativo”, reconoció un agente. “Nosotros llevábamos latas, digamos, de atún, y nos las pedían ellos con hambre, se las entregábamos, y nos preguntaban: ‘¿Me lo das todo?’ ” .

Hay una imagen del grupo de rescatados aquel día, el jueves 11 de julio de 2019, tomada por personal de la Fiscalía General de Chihuahua unas horas después del operativo. Están en el entronque Las Estrellas, el mismo sitio donde seis días antes habían aparecido los tres hombres que lograron escapar. Alguien, tal vez subido a la batea de una camioneta, tomó la fotografía. Los sobrevivientes están de pie, algunos con los ojos clavados en el suelo, como si estuvieran avergonzados o fueran a recibir un regaño. Unos pocos miran hacia la cámara; otros a ningún lado. Los de la esquina derecha parecen atentos a alguien afuera del cuadro. No se distingue mucho en sus facciones: a la mayoría los tapa la sombra que proyectan sus gorras. No sonríen. Sus cuerpos se parecen, porque han sido moldeados por la misma experiencia: las mejillas hundidas, las barbas de varias semanas; la ropa tomada por una mugre negra, acumulada, que recuerda a las imágenes de los trabajadores de minas de carbón. Todos se ven tan maltratados que es difícil calcularles la edad. Dos de ellos tienen mochilas. El resto no tiene nada: todo lo que poseen lo llevan puesto.

El defensor de derechos humanos Gabino Gómez, que desde hace dos décadas se dedica a buscar personas desaparecidas en todo el Estado de Chihuahua, llegó a Ciudad Cuauhtémoc apenas se enteró de la noticia. Era un caso inusual: más de 20 hombres que habían sido engañados, llevados a la sierra y retenidos a la fuerza; que habían desaparecido por meses, incluso por años, y perdido todo contacto con sus familias, acababan de ser rescatados con vida en medio de una crisis regional de desapariciones.

Para entonces, mediados de 2019, hacía doce años que los reportes de desapariciones en el estado de Chihuahua venían subiendo año tras año de forma casi continua. En ese lapso —poco más de una década— se reportaron 2841 personas —2494 hombres y 347 mujeres— como desaparecidas o no localizadas, de acuerdo con los datos públicos del registro nacional. La crisis ya era evidente desde entonces, pero había crecido hasta hacerse inocultable un par de años antes del rescate, en 2017, cuando se dio un pico de casos en el Estado de Chihuahua: 372 personas reportadas en un año (la gran mayoría, 333, eran hombres). Ya para 2016, el mismo año que Javier fue capturado y llevado a la sierra, Amnistía Internacional había tomado a Ciudad Cuauhtémoc como un caso emblemático de la crisis, “la nueva capital de las desapariciones en México”.

Esta ciudad con aire rural, rodeada de campos menonitas, es territorio codiciado. Como puerta de ingreso a la sierra, era escenario de batallas entre facciones del grupo local de sicarios —La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez— y a la vez un sitio disputado por el Cártel de Sinaloa. Cualquier persona podía ser castigada y desaparecida por un ajuste de cuentas, por una sospecha, por sus relaciones personales, por azar e impunidad. A lo largo de 2017, al menos cinco jefes policiales de distintos municipios de Chihuahua fueron detenidos por dar protección a criminales o por delitos de desaparición forzada. Algunos actuaban como halcones para La Línea. Otros fueron acusados por la desaparición de jóvenes. Les encontraron armas largas sin licencia, droga, vehículos robados. Uno de ellos fue detenido por homicidio. Eran las autoridades de Seguridad Pública de sus municipios.

Dos años después, en la fiscalía de Ciudad Cuauhtémoc, 21 hombres recién aparecidos esperaban terminar con los trámites para recuperar lo que quedaba de sus vidas. El activista Gabino Gómez, que algunos años antes había acompañado el primer caso de desaparición masiva registrada en ese municipio —ocho miembros de una misma familia—, y que seguía recibiendo llamadas con pedidos de ayuda, asesorando a parientes de las víctimas y presionando a las autoridades, llegó conmocionado a donde estaban esos sobrevivientes. Cuando los vio, los saludó y abrazó a algunos de ellos, que no entendían por qué aquel hombre que no los conocía estaba tan emocionado. En esa extrañeza anidaba la tragedia de los rescatados, aquello que los separaba del mundo al que pertenecían desde que fueron llevados a la sierra y esclavizados. Porque ellos no se veían a sí mismos como los veía Gabino en ese momento.

De los 21 hombres —el menor tenía 18 años; el mayor, 52—, solo cuatro habían sido reportados como desaparecidos por sus familias. Solo cuatro eran buscados oficialmente. La mayoría no se consideraba víctima de secuestro, o de trata de personas, o de explotación; algunos ni siquiera imaginaban que lo que habían vivido era considerado un delito. Sus vidas eran tan duras y precarias antes de caer en manos del narco que podían llegar a normalizar la brutalidad del trabajo y la violencia cotidiana. Pero habían sido estafados. Los habían engañado para que fueran a la sierra y los engañaban para mantenerlos en los campos, aunque los retuvieran allí a punta de pistola. Además de los golpes, el hambre, el frío, las torturas, la humillación, también les aseguraban que ya iban a salir y les prometían que iban a pagarles. Esa promesa, por vacía que fuera, era a veces lo único que tenían para tolerar la crudeza de la vida en los campos del narco. Habían pasado todo por nada. Habían vuelto con menos que nada.

Con 39 años, Javier era uno de los mayores del grupo de rescatados, y era el que más tiempo llevaba esclavizado: dos años y diez meses. Había trabajado desde el amanecer hasta el anochecer durante 987 días. Según sus cálculos —restando las cosas que los vigilantes a veces le daban “fiado”, como cigarrillos o galletas de soda— le debían exactamente 248,055 pesos. Doscientos cuarenta y ocho mil con cincuenta y cinco pesos mexicanos por mil días de vida. Ahora sabía que nadie se los iba a pagar.

La historia de Javier empieza, como muchas otras, con una necesidad agobiante de dinero. Y una pelea con su esposa, una escena que iba a volver a su cabeza una y otra vez los próximos meses. El lunes 26 de septiembre de 2016, cerca del mediodía, su mujer salió de trabajar, hizo el mandado y, cuando llegó a la casa, él todavía no había conseguido nada para aportar a la mesa. Discutieron. Tenían tres hijos. Si no traes leche ni pañales, mejor ni te molestes en volver, le dijo ella, antes de que Javier saliera a la calle. A veces conseguía trabajo para impermeabilizar techos, pero igual no le alcanzaba para mantener a su familia. Se fue furioso a las vías del tren, donde cada tanto caía algún jale, y ahí apareció “la troca de una tonelada”, como Javier la describe. Una camioneta gris de trabajo, con la caja adaptada para aumentar su capacidad de carga. “Yo les llegué desesperado”, dice. Le ofrecieron 300 pesos por día, tres comidas diarias, un lugar para vivir. Se tenía que ir un mes con ellos. Era para un rancho ganadero en la sierra, le dijo el hombre de la camioneta. Tenían que salir ya. No había tiempo para avisarle a su esposa, pero se le hizo fácil decidir. Seguía enojado con ella. Pensó que después la iba a poder llamar, y que iba a volver con dinero.

En la caja de la camioneta viajaban siete hombres más, que también habían sido reclutados ese día. Javier dice que él fue el último que recogieron. Durante algunas horas todo pareció normal. En el camino fueron tomando cerveza y les dieron comida. A partir de ahí, es difícil saber en qué momento cada uno se dio cuenta de que había sido engañado. Cuándo comprendieron que algo estaba mal, o que ya era demasiado tarde. Un agente nos contará después que, en algunas ocasiones, las víctimas se percataban de la situación antes de llegar a los campos y trataban de salir de la camioneta. Y que, en esos casos, el hombre que estaba a cargo se bajaba, sacaba el arma y les apuntaba: acá no se baja nadie. Javier recuerda que llegaron a un poblado en la sierra y se detuvieron. Ahí les pusieron capuchas en la cabeza y los hicieron caminar por horas hasta que llegaron a un campamento rústico, donde durmieron en el suelo.

Al otro día los levantaron al amanecer. “Nos siguieron diciendo que íbamos a cuidar vacas”, dice Javier en su declaración. Eso duró los 15 minutos que tardaron en llegar a un campo de amapolas, donde les explicaron en qué consistía su nuevo trabajo: rayar las plantas para extraer goma de opio. La chutama. Era lo que tocaba en esa época del año. Después, lo que hacían variaba según la temporada de cultivo, y se dividía en tres procesos principales: limpiar o preparar la tierra, sembrar, cosechar. Eso y una serie interminable de tareas físicas: talar árboles, cortar leña, cargar provisiones y fertilizantes, lavar, hacer escalones en la montaña, cavar pozos, buscar agua, llevar gente a otro campo. El objetivo era mantenerlos siempre trabajando, “hasta que no sirvieran”, cómo lo explicó otro de los rescatados.

En su declaración testimonial, Javier calcula que en ese primer campamento había “como 80 trabajadores y seis vigilantes. Siempre andaban armados”. El número de personas y de guardias podía variar según la temporada y el tamaño del campo. Después de la cosecha, la cantidad llegaba a reducirse a la mitad o menos. Lo que no variaba para ellos era el hambre. Todos hablan del hambre. De la comida mezquina que les daban. En la mañana recibían un plato de sopa o de frijoles, lo mismo en la noche. A mediodía no podían almorzar. Para que no desfallecieran, les mandaban al “loquero”: un hombre que llegaba con una olla adonde estaban y les repartía un vaso con una mezcla de harina de maíz, agua y azúcar, a veces sal. A eso le llamaban “loco”, el engrudo que les daban para que pudieran aguantar trabajando hasta la noche. El hambre, con el tiempo, también vencía sus resistencias. Javier dice que muchos terminaban aceptando órdenes como esta: Dale unos tres garrotazos a este y ahí te va una soda o unas galletas. Y el que comía eso, haga de cuenta, se sentía como si estuviera aquí en la ciudad: se la tomaba delante de uno, las galletas ahí las masticaba, tomaba la soda”.

Él nunca hizo eso, dice, por más hambre que tuviera. Eso de pegarle a otros.Yo qué me gano, pensaba. Los golpes eran el primer método de disciplinamiento. Cuando tenía que talar árboles con la motosierra, quemar partes del bosque, cargar costales o arar la tierra con un pico, el ritmo lo marcaba el garrote. “Cuando me rendía o algo llegaban y pinche garrotazo.Te estás quedando atrás.Un garrotazo”. También funcionaban las amenazas: si no hacía lo que le ordenaban, le decían que le iban a ‘dar agua’. “O sea, que me iban a sumergir en un charco de agua y me iban a tener dos, tres minutos ahí. Yo oí personas que así las tenían. Llegaban y ¿no haces caso?y lo bajaban ahí a un pozo y lo sumergían hasta que se ponía morado. Ya cuando se ponía morado entonces lo sacaban, con la culata del rifle le pegaban en el estómago y sacaban el agua y otra vez así”.

A lo largo de la entrevista, Javier describe una vida marcada principalmente por el miedo y por el hambre, que se completaba con miserias cotidianas. Humillaciones. No los dejaban asearse a diario. Una vez al mes les repartían una pastilla de jabón blanco para 15 personas, los bajaban al arroyo y les daban una hora para bañarse, mientras eran vigilados por hombres armados. No les permitían hacer fuego para secarse, aunque el arroyo estuviese casi congelado. Vivían en harapos, con la ropa con la que habían llegado. Solo podían usar otra cosa cuando se la robaban a alguien del campamento o cuando otros dejaban algo tirado. A veces, cuenta Javier, si estaba desesperado por cambiarse, podía llegar a canjear una caja de cigarrillos por un pantalón destrozado.

Con el paso del tiempo, algunos de su grupo se empezaron a escapar. En su declaración testimonial, Javier cuenta que lo intentó una vez, cuatro meses y medio después de llegar. “Por tantos abusos que sufrí, y aparte que nunca nos pagaron un peso, decidí escape el día 15 de enero de 2017, junto con otro compañero al que le decían el Témoris. Fue un día en la mañana”. La fuga duró poco: caminaron dos horas, llegaron a otro campamento y fueron recibidos por una persona “encapuchada, con cachucha de soldado. Él traía rifle”. Esa noche durmieron ahí. “Al otro día, ellos mismos nos levantaron temprano y nos llevaron a las tierras a rayar amapola”. Fue su primer y último intento. Después ya no se animó a hacerlo. Le daban miedo los animales salvajes, caerse de un precipicio en la noche, perderse en la sierra y morir de hambre, toparse en el camino con los ‘contras’… o que lo atraparan, lo devolvieran y lo castigaran. Javier cuenta la historia de otro hombre que le propuso escaparse y que logró llegar hasta el poblado más cercano, a unas tres horas a pie, donde los patrones compraban o recibían gran parte de sus provisiones. Yoquivo, se llama. Una localidad que, para 2020, según el censo más reciente de México, tenía 135 habitantes y 71 casas. El recién fugado entró en la tienda del pueblo con un celular en la mano y les dijo que se los daba a cambio de comida. Traigo mucha hambre. La historia termina con moraleja: el señor de la tienda le dice que espere —te voy a traer algo—, se mete para adentro y llama por teléfono a los patrones para que vayan a buscar a su esclavo descarriado. Javier recuerda que, como castigo, el hombre fue sumergido varias veces en el arroyo y después lo dejaron desnudo, amarrado a un árbol, hasta el otro día.

Cuando no se animaba a escapar y el miedo no le alcanzaba para justificarse, Javier hacía cálculos del dinero que le debían. Porque incluso en esas condiciones creía que un día iban a pagarle. Era una ficción que sostenían todo el tiempo. Les ofrecían drogas, por ejemplo, y les decían que se las iban a “descontar” de los días trabajados.

Un paquete de maseca lleno de marihuana eran 500 pesos, un gramo de coca… no, dos gramos de coca más o menos, y una caja de cigarros, eran mil pesos

La forma en que reconstruye su experiencia sirve para entender uno de los motores del reclutamiento forzado: por un lado, explotaban los problemas de adicción y de salud, la marginalidad y el desamparo de sus víctimas para engancharlas; por otro, la promesa de pago era verosímil y se mantenía siempre latente, porque así funcionaban los grupos que respondían a los cárteles en distintas partes del territorio, e incluso en los mismos campos donde ellos eran retenidos y maltratados.

Javier estuvo el tiempo suficiente como para entender que las distintas tierras en las que trabajaban por esa zona — ocho, según recuerda— pertenecían a una misma familia, o que al menos existían lazos entre ellos, pero había jerarquías. Todos le rendían cuentas a una familia, que era la más poderosa. También había niveles dentro de la gente que traían a trabajar. Varios rescatados mencionan a grupos de personas —hombres y mujeres— que llegaban en tandas para la época de la cosecha, que eran tratados sin violencia, que se iban a sus casas después de un tiempo y les pagaban los días trabajados. Gente —en su mayoría de Sinaloa— que recibía el trato que les habían prometido a ellos.

Cada vez que veía llegar y partir a gente nueva, Javier les pedía por favor que lo dejaran irse, que lo llevaran de vuelta. “Ellos me decían: no, te vamos a llevar, ya vas a salir”. Y le hacían cuentas. “Decían: no, tú ya tienes un buen billete, te vamos a pagar, ¿no quieres? O si quieres agarra tierras”. Y él decía que no, que quería irse, que extrañaba a su familia.

“No quiero tierra, yo quiero que me saquen, quiero dar una vuelta por la casa, que me saquen de aquí ya. Yo les rogaba mucho. Mucho les rogaba”.

Y entonces se deprimía, y soñaba que volvía a su casa y ya no estaba su esposa. Un par de veces consiguió que los vigilantes le prestaran el teléfono para llamar a su mujer a cambio de cigarrillos o de favores. Entonces la llamaba y le explicaba por qué no podía salir, pero le juraba que la próxima temporada le iban a pagar y él iba a volver a la casa con mucho dinero. Ella no le creía. Le preguntaba si tenía otra mujer. Lo amenazaba con buscarse a otro.

Para sobrellevar el dolor, Javier hacía cuentas. “Mejor me ponía a pensar cosas, cuando salga de aquí con este dinero voy a hacer esto, con este dinero voy a poner esto, voy a comprar esto”. Esa idea, algunos días, conseguía incluso hacerlo trabajar con más ganas.

“Yo soñaba con una casa, un mueble, pensaba yo. Soñaba todo este dinero para una casita, para comprarle ropa a los niños, para comida”.

Por eso no supo qué sentir cuando lo rescataron. Estaba vivo, iba a ver a su esposa y a sus hijos, pero ya no tenía a nadie a quién cobrarle. La fantasía que le había dado sentido a su vida todo ese tiempo se desvaneció de golpe.

“Fueron tres años que no vi a mi familia, tres años que no supe cómo vivieron”, dice ahora, encorvado sobre la silla, más de un año después de su rescate. “Fue mucho tiempo con tal de yo traer algo para ellos”. Volvió a su casa con las manos vacías. Con el orgullo más roto que aquel día en que se fue a las vías del tren desesperado por dinero. Dice que sus hijos mayores ya no le hacen caso, que le reprochan su ausencia. Que su esposa registró a su hijo más pequeño como madre soltera, y que ella también le echa en cara haberse ido. No sabe cómo hacerles entender lo que ya les ha contado: que lo retuvieron a la fuerza, contra su voluntad, que nunca quiso abandonarlos. Cada vez que su mujer toma, dice, vuelve a culparlo por lo que les pasó. Y él le repite que ya, que ya está, que no vuelva a empezar. “Para mí sería mejor no recordar nada”, dice Javier, casi al final de la entrevista, cuando le preguntamos qué quiere hacer ahora.

El día que se difundió la noticia del rescate, en la fiscalía de Cuauhtémoc, los recién liberados esperaban su turno para cortarse el pelo, para llamar a sus casas o para que les tomaran sus declaraciones mientras llegaban funcionarios de comunicación y un par de periodistas de la capital del Estado que se habían enterado y consiguieron presenciar lo que estaba pasando.

La dependencia preparó un comunicado que fue distribuido y retomado por la prensa de todo el país. “Rescatan a 21 hombres esclavizados por narcos en la Tarahumara”, publicó el diario La Jornada el sábado 13 de julio. El subtítulo: “Los tenían en cuevas en Ocampo y los obligaban a plantar amapola y mariguana”. Los sobrevivientes permanecieron al menos dos días en un hotel de la ciudad. Después quedaron en libertad para irse. Uno, que era jornalero en la recolección de nuez o de manzana, pidió apoyo para viajar al estado de Oaxaca; otro a Coahuila, donde estaba su hogar. Había dos más de otros estados: Guanajuato y Zacatecas. El resto venía de localidades de Chihuahua: de Meoqui, de Bachíniva, de Guerrero, de Guadalupe y Calvo, de Guachochi, de Delicias, de Madera y de la capital.

“No somos un edificio que cuente con las instalaciones para albergar un grupo de personas de este tamaño”, nos dirá después el entonces fiscal a cargo de la zona serrana, Jesús Manuel Carrasco Chacón, cuando lo entrevistamos para esta investigación. “Sin embargo, todo el personal, conmovido por la situación, apoyó. Hubo empresarios de la localidad que apoyaron también”. Apenas se conoció la noticia, “empezaron a llegar incluso alimentos donados por gente de aquí de Ciudad Cuauhtémoc para apoyar a estas personas”. Carrasco contó que habían armado el operativo de rescate tras la aparición de los tres hombres en el entronque Las Estrellas seis días antes. Dijo que llevaba unos ocho meses tratando de ubicar aquel sitio, que “se conocían denuncias que se habían puesto en la capital del Estado por una supuesta retención de personas” que eran forzadas a trabajar en esa zona. Pero que no pudieron hallar el lugar hasta que se escapó alguien capaz de orientarlos con mayor precisión. “Nos costaba trabajo admitir, o asimilar, mejor dicho, que estuviera sucediendo esto en alguna parte del Estado”. Es decir: sabían de la existencia de aquel lugar, pero no terminaron de creérselo hasta que aparecieron nuevos escapados, que contaban lo mismo que los anteriores. “En las primeras intervenciones no se tuvo éxito”, dijo el fiscal Carrasco.

“Primeras intervenciones” es una forma extraña de reconocer que, por más que les costara asimilarlo, las denuncias y testimonios sobre la esclavización de personas en la sierra existían desde hacía bastante tiempo. Incluso había personal que conocía aquel sitio donde acababan de encontrar a 21 hombres. Uno de los policías que participó en el operativo, por ejemplo, recordó que ya había estado en aquel lugar por un grafiti: una calavera rudimentaria con huesos cruzados y una advertencia —“No te arriesgues por tu bien. Abisa”— pintadas con aerosol rojo sobre una piedra, en lo que parecía ser la entrada principal al campamento base. Hasta allí llegó también una caravana con decenas de vehículos en 2018, en otro operativo de la fiscalía, pero esa vez se volvieron con las manos vacías.

“Es una de las sensaciones más frustrantes que he tenido en mi vida, porque fue una cosa súper cansada, y llegas y encuentras… encontramos un comal que todavía estaba caliente; brasas que se acaban de apagar. Entonces dijimos: nos vieron y se fueron. Pero, ¿por dónde? Era la incógnita”, nos dirá, tres años después de ese momento, la exfiscal Erika Jasso Carrasco. Hasta julio de 2018, Jasso estuvo en funciones como fiscal especializada en Control, Análisis y Evaluación en la Fiscalía General de Chihuahua. A veces le daban casos delicados, y tenía dos carpetas abiertas sobre desapariciones forzadas, entonces le pasaron a ella la denuncia de BAR. “Me avisaron que había una persona que había escapado de un campamento en la sierra”, explicó. “Él nos comentó que tenía aproximadamente tres años cautivo en ese lugar”.

La exfiscal dijo que consiguieron convencer al hombre recién fugado para que los guiara hasta el lugar, y después describió un operativo similar al de 2019, pero un año antes: un convoy de unos 40 vehículos que salieron de madrugada, su paso por Yoquivo, un camino larguísimo de terracería y, allí donde ya no podían avanzar con las camionetas, una calavera y una advertencia pintadas en rojo sobre una piedra. En esa ocasión también se separaron en grupos, contó Jasso, y los dos equipos encontraron parte de la infraestructura que usaban para los esclavos. Un grupo caminó cerca de tres horas y llegó a un campamento. “Lo encontraron vacío, sin gente, pero con alimentos; había costales de maíz, costales de harina y cobijas, pero no había gente”, recordó. El otro grupo encontró el lugar donde dormían. “Otro campamento, pero dentro de una cueva. Una cueva muy, muy grande”. También estaba vacía. La pregunta era dónde se habían metido esos 30 hombres que, según BAR, se habían quedado allí cuando él escapó.

Una hipótesis, dijo Jasso, era que se habían escondido en otras cuevas o túneles que existían en la zona. Otra, que alguien dentro de la propia fiscalía o de las fuerzas que participaron les habían avisado sobre el operativo. De todos modos, según la exfiscal, tampoco hacía falta una filtración, porque una caravana con decenas de vehículos era difícil de esconder y ellos no conocían la zona. “Desde que entramos a Yoquivo, los halcones avisaron que íbamos para allá. En cuanto vieron que llegamos, porque tuvieron que haber visto que llegamos, alguien avisó que ya estábamos ahí”. En cualquier caso, el resultado fue el mismo: no encontraron a nadie y empezaba a atardecer, así que se volvieron. Después, Jasso fue asignada a otras tareas y más adelante le quitaron sus funciones como fiscal. Al parecer, nadie volvió a pensar en los campamentos de trabajo forzado —ni en los esclavos— hasta que aparecieron otros tres hombres en Entronque Las Estrellas.

Antes del operativo exitoso de 2019, e incluso antes del operativo fallido de 2018, ya existían denuncias sobre el enganche y la esclavización de personas en el mismo sitio de la sierra, con la misma forma de operar, ante la fiscalía. Además de los métodos de sometimiento y explotación física, los casos tenían algo en común cuando llegaban hasta las autoridades: aunque parezca insólito, ninguno era relacionado con el otro.

A finales de 2017, una pareja rarámuri acudió a la fiscalía de la ciudad de Chihuahua para denunciar que sus dos hijos adolescentes estaban desaparecidos. Unos hombres los habían ido a buscar en camioneta al asentamiento urbano donde vivían; decían que los habían contratado para un trabajo en la sierra y desde entonces no sabían nada de ellos.

Pasaron un par de meses hasta que la pareja tuvo algo de información, y fue gracias a otra víctima: un joven de 16 años que se había ido a la sierra con ellos consiguió escapar y les avisó que los dos hermanos habían sido detenidos durante la fuga. Les explicó que los tenían a todos cautivos sembrando droga. Ocho meses más tarde, el hijo menor —que tenía 18 años recién cumplidos—, consiguió fugarse. El mayor pasó un año esclavizado hasta que lo logró. Fue cuando lo “prestaron” como trabajador a otro campo. “Me pusieron de encargado, pues nadie me cuidaba a mí y ahí fue cuando nos escapamos yo y otros dos compañeros”, nos contó en agosto de 2021, cuando lo entrevistamos para este reportaje, en un asentamiento en la periferia de Chihuahua.

Durante el año que estuvo cautivo en la sierra, nos dijo, llegó a conocer a chicos rarámuris de 14 y 16 años que estaban siendo explotados. Vio a gente perder la cabeza: eran los que más recibían golpes, o los que terminaban sumergidos en el arroyo con las manos esposadas.

Había gente que se volvían locas, ya no sabían ni qué. Se los llevaban y ya no se sabía nada de ellos”.
También se enteró de que a veces hacían operativos, o al menos simulaban que iban a intervenir. No había forma de saber si eran intentos reales o no. “Es que vinieron muchas veces, pero unos nada más llegaban y se iban”. Para él estaba claro que los habitantes de los pueblos cercanos les avisaban antes de que llegaran. En esas ocasiones los hacían subir al cerro, los tenían hasta que pasaba el peligro y los bajaban para que siguieran trabajando. Una vez, contó, estuvieron tres días en el monte por un operativo militar. Cuando volvieron al campamento encontraron todo quemado y rociado con gasolina. Los días siguientes les hicieron comer los alimentos que habían sobrevivido al fuego. Tortillas y frijoles pasados por gasolina. “Todos enfermaron”, recordó. Después de fugarse, el joven rarámuri vivió aterrado por un tiempo. Creía que iban a buscarlo. Soñaba que “todavía estaba allá”. Se despertaba en medio de pesadillas y hacía lo posible por no volver a dormir.

Una vez que lo tuvieron de vuelta, sus padres —que habían denunciado la desaparición de sus hijos sin conseguir nada— sintieron que era su responsabilidad avisar a las autoridades. El recién aparecido se animó a declarar ante el ministerio público: contó cómo y dónde los tuvieron encerrados los hombres armados, y sobre sus compañeros de cautiverio, unas 60 personas que habían quedado en las cuevas. Pero tampoco pasó nada. Le preguntamos, casi al final de la entrevista, sobre el operativo de rescate de 21 hombres que se difundió a nivel nacional a mediados de 2019. Él creía que sus captores habían permitido que las autoridades liberaran a unas pocas personas porque ya no era tiempo de cosecha. El operativo fue en julio, dijo, “cuando están creciendo las matas”, y seguramente no necesitaban tanta mano de obra.

Las experiencias de los 21 sobrevivientes liberados en 2019 quedaron registradas en la carpeta de investigación en relatos escuetos, de menos de dos hojas por persona. Todos coincidían en que muchos compañeros habían quedado retenidos en los campamentos; unos calculaban 30; otros, más de 100. Uno de ellos, en una entrevista posterior, llegó a calcular hasta 600 personas esclavizadas “entre varios puntos, porque había varios campamentos”. Otro sobreviviente contó que había conocido a un hombre que llevaba ocho años cautivo, y seguía allí retenido. Ya no tenía ilusión de salir.

III. Andrés. La operación

Mientras estaba cautivo, Andrés miraba y trataba de retener información sobre su entorno, porque recordaba un cuento que había leído hacía muchos años en la revista Selecciones. El protagonista era un esclavo negro, amarrado con un grillete a otro esclavo, forzado a trabajar en la construcción de unas vías de tren en el siglo XIX.

“Y él empezó a idear su escape, a ver los movimientos de los guardias. Cada cuánto se rotaban, cada cuánto los dejaban descansar y en qué momento los dejaban escapar”, cuenta Andrés ahora, una tarde de junio de 2021, después de cumplir su turno como carnicero del supermercado en un municipio fronterizo, en el límite con Arizona. “Él veía todo eso. No comía todo su alimento. Empezaba a hacer almacén poco a poquito, para escapar. De todo eso me acordaba”.

Tal vez por eso, porque se la pasaba mirando lo que ocurría a su alrededor y pensando en cómo ganarse la confianza de los vigilantes, cómo conseguir más alimento, cómo escapar, Andrés describe detalles de su cautiverio en la Sierra Tarahumara que permiten dimensionar la operación en la que había quedado atrapado y lo que era: un sistema pensado para reducir al máximo los costos en la recolección de goma de opio, la tala de cerros, la cosecha de marihuana y otras tareas agrícolas de producción, sostenido con escuadrones de personas secuestradas y obligadas a trabajar para grupos locales del narcotráfico hasta el límite de sus fuerzas.

Andrés fue uno de los 21 rescatados a mediados de julio de 2019, durante el operativo realizado por la fiscalía estatal de Chihuahua. Todavía recuerda el momento en que los familiares de los sobrevivientes fueron a buscarlos a Ciudad Cuauhtémoc, unos días después del rescate. “Me tocó ver a dos que iban conmigo que, cuando los entregaron, pues no, como chavalitos: llore y llore con sus familias. Yo decía: qué loco, si ya está grande”. El papá de Andrés, en cambio, parecía enojado cuando fue a buscarlo. “Como si yo hubiera hecho algo malo”, dice. Su padre se acercó, lo saludó, y le hizo una sola pregunta:

— Dime la verdad, loco. ¿Hay problemas? ¿Nos puede pasar algo?

— No pues quién sabe.

— Dime la neta si nos puede pasar algo, para irnos rápido y no estar esperando camión…

Andrés le dijo que no sabía, y así se fueron los dos a tomar el camión para su pueblo, incómodos y nerviosos, volteando a ver por encima del hombro a cada rato, mientras su padre le preguntaba si podían matarlos y él le pedía que se callara. Así es como lo recuerda.

Dos años después de aquel momento, cuando pudimos entrevistarlo, trataba de retomar su vida pero todavía seguía volteando a mirar a los lados. Cada cierto tiempo cambiaba de casa y de pueblo, y cuando iba a visitar a sus hijos llegaba por la noche —“como bandido, como si debiera algo”— y se volvía a ir al amanecer. “Lamentablemente, así es como llevo mi seguridad”. Después de su liberación vivía con miedo a que lo detuvieran por algún motivo y saliera a flote su pasado reciente. Que apareciera un reporte con su nombre, asociado a un grupo de hombres hallados en los campos del narco. Esa tarde nos dijo que, cada vez que podía, tomaba sus cosas y se iba a un sitio nuevo. A veces pensaba que hubiera sido mejor que no lo liberaran. “Hubiera preferido escaparme que quedar ahí con el reporte. O quedarme ahí y haberme ido después”. Tampoco sabe si su plan habría funcionado. Lo que sí sabe es que ahora, en todo caso, su vida sería distinta. “Si no me hubieran rescatado, ahorita sería una persona normal, como alguna otra que no tiene nada que ver”. Los meses que mantuvimos contacto con él, antes y después de la entrevista, reflejaban esa inestabilidad. Andrés llamaba desde alguna carretera, fuera de Chihuahua. Después, desaparecía por completo, aparecía de pronto en Acapulco, otro día en Ciudad de México, y volvía a desaparecer. La tarde que grabamos su testimonio —aceptó la entrevista con la condición de que protegiéramos su identidad— tenía 30 años. En enero de 2019, cuando lo secuestraron, tenía 28.

Andrés pasó siete meses esclavizado en la Sierra Tarahumara. Es el único de los rescatados que atribuye una responsabilidad a la policía en su testimonio sobre cómo se lo llevaron. En su declaración ante la fiscalía, su historia empieza como muchas otras: estaba tomando un refresco afuera de un Oxxo, en Chihuahua, enfrente de una pequeña terminal de autobuses, haciendo tiempo para tomar el camión a su pueblo. Un carro blanco se estacionó delante de él y el hombre que iba de copiloto —ropa ranchera, complexión robusta, bigote, dice la declaración— lo mandó a llamar. Le preguntó si sabía colocar postes, le ofreció un trabajo cerca de ciudad Cuauhtémoc y le dijo si no quería ir a ver qué onda. Me voy a ahorrar los 100 pesos del camión , pensó Andrés. Y aceptó. Entonces subió a la parte de atrás y se acomodó junto a otros hombres. Todos creían que iban a colocar postes.

Según su declaración ante el Ministerio Público, todavía no habían salido de Chihuahua cuando los detuvo la policía: “Los agentes vestían en azul marino y los vehículos traían el rótulo de policía estatal”. Los hicieron bajar, les preguntaron si iban bebiendo, qué llevaban, cómo se llamaban… Hasta que el hombre de bigote se acercó a un oficial y le habló. “Ese volvió por otro oficial y les dijo que se fueran todos a la chingada. Y vimos cuando le estaba dando dinero al policía que los corrió a todos”. Es un pasaje extraño en su primera declaración. Una denuncia solapada dentro de otra denuncia: si la policía hubiera hecho su trabajo en ese momento, ellos podrían haberse salvado de todo lo que les pasó.

En realidad, nos dijo Andrés esa tarde frente a la grabadora, la participación de la policía había sido aún peor: de acuerdo con su relato no oficial, que no figura en los documentos judiciales, fueron los mismo policías quienes lo interceptaron afuera de la central de autobuses y se lo llevaron con la excusa de averiguar sus antecedentes. Pero lo que hicieron fue taparle la cabeza, golpearlo y entregarlo a los reclutadores de esclavos. Andrés explica que cuando testificó, después del rescate, en la fiscalía no le dejaron mantener esa versión: la persona que estaba a cargo de reunir los testimonios leyó su declaración y les dijo que no a sus ayudantes. Esa no la podemos poner. Y les pidió que la rompieran. En la versión que figura hoy en el expediente, la policía solo recibió un soborno.

Para Andrés daba un poco lo mismo cómo lo habían atrapado. A diferencia del hombre amarrado con grilletes del texto de la revista Selecciones, dice, él sabía que lo suyo no era un asunto de raza ni de clase.

A mí no me esclavizaron por ser negro, por blanco, por pobre, por rico. A mí me esclavizaron por suerte, corrupción y avaricia. Mi mala suerte de estar en el lugar equivocado.

“Estar en el lugar equivocado” no es una expresión vacía, sobre todo cuando se habita en los márgenes geográficos y económicos de la sociedad mexicana. Andrés cuenta que en los campos conoció a adolescentes esclavizados a los que habían agarrado en Chihuahua cuando estaban drogados. “Les ofrecían ayudarles, que les iban a dar trabajo y les iban a guardar dinero para cuando estuvieran grandes y se los llevaban”. Recuerda también que una vez llegó al campo un adolescente rarámuri con su mochila de la escuela, con sus útiles. Los encargados de secuestrar gente lo habían encontrado pidiendo aventón cuando iba a estudiar a uno de los poblados cercanos y se lo llevaron. La mala suerte, en las historias de las víctimas, aumenta de forma proporcional a su nivel de desamparo y marginalidad.

Un agente de la fiscalía especializada en derechos humanos de Chihuahua, Paulo César Collazo Cordero, describe el método de reclutamiento de forma sencilla: Aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas y a base de eso, someterlos. Menores, pueblos originarios, personas con problemas de discapacidad, adictos”. Y, como tierra fértil de todo eso, la pobreza extrema: “Gente que quiere ganar dinero para poderse salir de Guachochi e irse a otro lugar, porque si te quedas ahí estás condenado. Los adolescentes o los rarámuris buscando qué llevarse a la boca, porque no hay nada. Literal”.

Guachochi es un municipio de la Sierra Tarahumara donde la mitad de los habitantes son rarámuris, la mayoría con un grado de marginación muy alto. Collazo llevaba un caso de unas 15 personas que fueron levantadas con engaños en esa población y terminaron esclavizadas en los mismos campos donde estuvo Andrés, solo que en 2022. Es decir: tres años después de que la fiscalía estatal llevara a cabo el operativo en el que encontraron a 21 personas, los campos de trabajo forzado seguían funcionando.

“Deben de existir todavía, no lo dudo”, dice Collazo. Cuando hablamos con él, a mediados de 2024, ya habían pasado cinco años del rescate. “Lo que pasa es que la geografía del propio sector donde están establecidos no permite siquiera llegar a ellos. Son personas muy conocedoras de la sierra, de las localidades en donde ponen ese tipo de campamentos. Hay toda una logística”. Y hay otra logística para llevar las víctimas, “para subir la gente, transportarla y que nadie se dé cuenta”. Tal como han descrito casi todos los que sobrevivieron o investigaron estos casos, la operación de captación se monta sobre una cultura de trabajo temporal que existe desde hace décadas en distintos lugares del Estado, lo que hace verosímil la oferta que les hacen. En algunos casos, usan adelantos para convencerlos. “Les daban hasta mil pesos para que generara confianza. Incluso les decía: Vete a tu casa, déjales el dinero y aquí te espero. La gente sí aceptaba y se subía con ellos”, explica el agente del Ministerio Público. Así pasó con Hipólito, que estuvo entre los 21 rescatados en el operativo de 2019. Una mañana salió a buscar trabajo para comprar “unos simples pañales y un bote de leche” y se topó con ellos. “Ese día me dieron mil pesos para ir a poner ese cerco. Fue todo lo que saqué de todos esos siete meses: mil pesos. Y perdí la familia, perdí todo. Ahora simplemente me las vivo en la oscuridad”. Así lo resumió la noche de 2021 que dimos con él, en la misma zona de Chihuahua donde lo habían enganchado junto a otros cuatro vecinos.

Si bien el enganche de personas podía ocurrir en un rango bastante amplio de distancia y de temporalidad, las diferencias en los testimonios de las víctimas se reducen a medida que se adentran en la sierra. Algunos mencionan que en el camino pasaron por San Juanito, un poblado en la Sierra Madre Occidental donde abundan los aserraderos, y tiene incluso una estación del tren turístico El Chepe. Muchos recuerdan que la última comunidad que vieron se llamaba Yoquivo.

Andrés recuerda que la camioneta avanzó durante un tiempo más, casi sin parar. Percibió cuando entraron a un camino de terracería. Después se detuvieron: los vehículos ya no podían seguir. Ahí, donde los bajaron, los esperaban hombres armados. Andrés volteó para orinar y echó un vistazo alrededor. “Solo veía puros cerros y árboles”. Desde ese punto caminaron hacia el interior de la sierra varias horas (los testimonios hablan de cuatro a ocho, según el sitio adonde los llevaran). Antes de llegar a lo que parecía una especie de campo base ya se olía a leña quemada, recuerda Andrés, y se alcanzaba a ver un río, que casi todos los sobrevivientes mencionan como referencia geográfica. El lugar al que los llevaron era como una cueva grande, una abertura natural en la montaña, formada por las rocas. “Ahí tenían unas placas de fierro, donde estaban cocinando. Tenían una barra de piedra con cemento. Tenían un cuarto de almacén, donde había alimentos y perros”. Ya anochecía. Algunos de los que iban con Andrés se pusieron detrás de la barra y los sacaron a patadas. La comida no era para ellos.

“Al ratito, por donde bajamos nosotros, empezaron a bajar un chorro de personas. Eran hileras de 50 en 50 más o menos”. Andrés describe un puñado de grupos en una especie de comedor rudimentario, como en una prisión al aire libre, donde les repartían un plato y una cuchara, y pasaban por la barra para recibir un poco de comida y un par de tortillas. Cuando echaron a los de su grupo, empezaron a entender. “Les dijeron: Estos ni le chingan y ya quieren comer. La comida es para quienes ya le chingaron. Ahí ya supimos que se trataba de trabajar”. Al otro día, cuando los mandaron a buscar cobijas para dormir en el suelo, fueron más claros. Andrés recuerda que caminaron tres horas por la sierra hasta que llegaron a otras cuevas, pero cavadas en la tierra. “Eran cuevitas chiquitas, como de unos cuatro metros. Estaban cubiertas de hojarasca. Adentro tenían cobijas nuevas envueltas en hule negro y amarrado”. Entonces les explicaron para qué estaban allí, por si todavía no lo habían entendido:

No se asusten, chavalones, no tengan miedo. No los vamos a matar. Ustedes nada más vienen a chingarle. Si le chingan no va a haber golpe, no va a haber nada. Se la van a pasar muy bonito.

— ¿Alguno reclamó en ese momento, alguno preguntó?

— ¿De nosotros? Pues sí. Hubo varios que, más que preguntar, dijeron que no iban a hacer nada. Y pues ya los demás vimos que no era que quisieras…

— ¿Qué les hicieron?

— Al que se puso más brusco, al primero, lo amarraron. Y lo golpearon. Lo dejaron todo el día y toda la noche. Amarrado en un árbol. Al otro, no podían con él, porque estaba macizo. Estaba fuerte. No podían con él y lo agarraron a leñazos y lo aventaron al río. Lo amarraron y lo aventaron un rato al río. Lo aventaban y luego lo sacaban. Lo aventaban y lo sacaban. Estaba muy frío el clima. Y, con el agua del río, pues mucho más. Y lo tuvieron amarrado todo el día y toda la noche. Al día siguiente lo soltaron. Y al que dejaron amarrado, no quiso seguir trabajando. Dijo que nel que él no iba a trabajar. Y pues también, al agua. Así decían: ‘pa’l agua’. Y pues pa’l agua.Y ya se resignó. Y lo peor del caso es que ya estaba todo golpeado y así tuvo que empezar a trabajar también.

En total, el grupo de Andrés estaba formado por 34 personas. Un día después, cuenta, llegaron otros 60. No recuerda que hubiera un patrón claro del tipo de gente que llevaban. “Les pagaban por persona, no por clase”. Entre los recién llegados “iban personas que se veían que eran adictas, personas que se veía que iban de viaje; iban personas indígenas; iban… pues iban de todo tipo de personas”. Y, entre ellos, algunos que parecían completamente ajenos a ese mundo. “No tanto por su vestimenta, sino por su modo de actuar”. Gente que miraba la tierra bajo sus pies y se les podía adivinar una pregunta en el rostro, dice Andrés: dónde estoy. “Personas que no están acostumbradas a sufrir nada, ni a dormir en el piso, y menos a estar ahí”. No les costaba transformarlos en esclavos, porque el instinto de supervivencia es elocuente. “Ahí les decían claramente: No batalles, güey. El que no quiera trabajar, dale una chinga. Y ponlo a trabajar. Y si no quiere dale otra chinga y otra chinga. Y, si de plano no entiende, mátalo”.

— ¿Viste que mataran a alguien?

— Vi que murió uno, porque cuando íbamos a trabajar, cargábamos los garrafones de agua.

Y algunos eran garrafones grandes, de 60 litros. Y estaban pesados. De subida, nadie los quería llevar. Estaban muy pesados y luego, a veces, los caminos eran estrechos. En la subida, había puro voladero de un lado; y de otro lado, el risco. No cabía uno bien. Se iba uno raspando el brazo. Y si te lo ponías del otro lado, te jalaba para el voladero. Y uno ahí se puso a discutir. Dijo que ni madres, que no iba a cargar el agua. Y bajó el garrafón y se fue hasta el arroyo. Y llegó uno de los encargados, lo golpeó en la cara, le puso un patadón y lo aventó para el arroyo. Más adelante del arroyo había un lugar donde se juntaban varias aguas y hacía como un remolino. Ahí lo vimos, hasta que se ahogó. No podía salir, no podía salir. Y se ahogó. Y ahí lo dejamos. Nada más nos bajaron por el garrafón.

Mejor me arrojo, a la chingada, está más fácil morirme aquí, ya, ahorita que no estoy tan jodido, que morirme al rato más jodido.

— ¿Suicidarse?

— Pues no suicidarse. No lo veía uno como un suicidio, sino como un desahogo, como liberarte. Una forma más fácil de liberarte.

Los días que los usaban para cargar solían empezar más tarde, dice Andrés, a las 5:30 o las 6 de la mañana, pero podían llegar a volver a las 2 o las 3 de la madrugada con los últimos bultos. El tramo más corto que hacían era de seis horas de caminata a través de la sierra. Y seis de vuelta. El tramo más largo era de ocho. Ocho y ocho. En los meses que estuvo cautivo le tocó arreglar caminos. Le tocó desmontar. Deshijar plantas. Juntar goma de opio de campos de amapola. “Un día rayar, otro día juntar la goma”. Después arrancar las matas. “Acomodarlas primero para que se secaran y luego después quemarlas”. Le tocó montar un nuevo campamento. “Cambiar las hornillas, las planchas, las cobijas”. Le tocó cultivar y prensar marihuana, porque lo mandaron prestado a otro campo. Llegó a conocer cinco.

Vivió en tres de ellos. Un par de veces, como tenía experiencia de carnicero, los encargados le hicieron destazar vacas para comérselas. Le dejaban llevarse una bolsa con restos de carne. A veces, él mismo le ofrecía a los guardias quedarse despierto cuidando de los demás, para ganarse su confianza. Andrés juntaba comida, hacía favores y esperaba.

Dice que su forma de mantenerse entero en esa situación fue escapar dentro de su cabeza, tratar de tomar distancia. “Pensaba, pues, que yo era más listo. Ellos ya me veían como un ave de corral y yo tenía algo que ellos no podían saber: lo que yo pensaba”. Andrés recuerda que, cinco días antes del operativo en que los rescataron, los encargados del campo andaban más atentos y más armados. “Traían el rifle, varios cargadores y granadas”. Decían que esos días había habido una “matazón” en uno de los campos. Que habían asesinado a todos, a los encargados y a los trabajadores. Parecían a la espera de algo. El día que llegaron los agentes escuchó un disparo, vio correr a todos y creyó que iba a morir. “Yo pensé: nos van a ejecutar”. Cuando todo se aclaró, lo quisieron mandar a buscar a otros hombres, porque uno de los rescatados dijo que él conocía otros campos. Andrés se negó. Recrea la discusión con ellos.

— Ve por ellos.

— No, pues vamos.

— No, ve tú, aquí te esperamos. ¿Tienes miedo o qué?

— Pues si ustedes que traen armas nada más están volteando pa arriba, bien paniqueados, a poco yo no tengo miedo.

— No pues haz algo, ayúdalos. Ve por ellos.

— No, la verdad es que yo solo no voy pa ningún lado.

Andrés no fue y los policías tampoco. Un agente dijo que iban a regresar. No lo hicieron. Dos años más tarde, cuando le preguntamos por qué había aceptado darnos una entrevista, Andrés nos explica que después de volver mucha gente no le creía. Dijo que había leído críticas contra ellos: eso les pasa por andar de vagos.

Yo les digo a esas personas que piensen antes de hablar, porque sales de tu casa confiado, vas a tu trabajo, a tu escuela, y no sabes si de repente te toca esa situación. Puedes tener la suerte de que te rescaten, puedes tener la suerte de que te mueras ahí. Yo decidí dar esta entrevista, aceptarla, porque no va a cambiar esto. En México tenemos esclavitud sexual, trata de blancas, tenemos esclavitud laboral y no es de ahorita, es de hace muchos años.

Andrés sabe, dice que él sabe que sus palabras no van a cambiar las cosas, pero que puede ayudar a que la gente no se olvide de que pasan estas cosas. “Puede ser tu hermano, un tío, tu madre, tu hermana, tu prima. Eso de que en boca callada no entran moscas, la verdad es que pasan muchas cosas por nuestra culpa, porque uno se queda callado”.

A mediados de 2024 se hizo un juicio en contra de un acusado por el delito agravado de trata de personas en su modalidad de trabajo forzado, ejercido en contra de 24 hombres: los tres aparecidos en entronque Las Estrellas, y los 21 que fueron rescatados en el operativo una semana después. Solo tres de las víctimas acudieron a declarar contra la única persona que estuvo procesada por el caso. Andrés fue uno de ellos.

IV. Margarito. Cárteles que esclavizan

A Margarito Guerrero también lo engañaron. Los hombres que llegaron al pueblo de Omeapa, en el municipio de Tixtla, en Guerrero, le dijeron que había trabajo en la pizca de manzana, que la paga era buena. Él les creyó y subió a un autobús que lo llevó —junto con otras personas— al norte de México, al estado de Chihuahua.

A mediados de los años ochenta, cuando los cárteles mexicanos estaban en plena transformación de organizaciones locales a emporios criminales modernos, Margarito Guerrero fue reclutado en su pueblo con una promesa de trabajo temporal y terminó en un complejo gigantesco donde había tierra preparada para el cultivo de marihuana en lugar de manzanos. El sitio no estaba escondido en la geografía escarpada y espesa de la Sierra Tarahumara; más bien se hallaba entre mezquites, en una planicie del municipio de Allende, muy cerca del poblado El Búfalo. Ese mismo nombre tenía aquel rancho de más de 500 hectáreas al que llegó, propiedad del narcotraficante sinaloense Rafael Caro Quintero, quien levantó allí el mayor establecimiento de producción de marihuana que se haya conocido en el país.

En el rancho había una clara división del trabajo: unos se dedicaban a sembrar, otros a seleccionar las ramas, otros a empaquetar. También estaban los “mayordomos”: hombres armados que se encargaban de que los jornaleros no escaparan.

La escala de la operación era insólita. Medios como Proceso reportaron que en El Búfalo había unos 12 mil trabajadores. Las jornadas de trabajo empezaban a las siete de la mañana y podían llegar hasta las cuatro de la madrugada. Dormían en bodegas. En el mes y medio que Margarito estuvo ahí, nunca hubo paga. Tampoco les permitían salir; si lo intentaban, eran castigados. Había, entre otras, una diferencia importante: no los mataban de hambre. Sí les daban de comer.

“Mataban muchas vacas”. Así lo recordó Margarito casi cuatro décadas después, cuando contó su historia al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. La primera vez que el campesino decidió narrar lo que vivió fue después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Uno de ellos era su hijo, Jhosivani Guerrero de la Cruz. Su antigua experiencia como trabajador esclavizado le permitía abrigar una esperanza: la de que a su hijo lo tuvieran cautivo como mano de obra para la siembra de droga.

Los primeros días de noviembre de 1984, alrededor de 400 soldados llegaron a El Búfalo para desmantelar aquel complejo y destruir las plantaciones. Los vigilantes escaparon y también varios jornaleros, entre ellos Margarito. En el rancho quedaron algunos miles: son los hombres que aparecen en videos y fotografías que los periódicos publicaron sobre el operativo. Tres filas de jóvenes campesinos flacos, sucios, confusos, que se extienden a lo largo de un campo hasta que se pierden más allá del cuadro de la cámara.

Los reportes periodísticos que se escribieron sobre El Búfalo —que operó durante tres años—, ponen énfasis en datos como su extensión, las toneladas de droga aseguradas por los militares o lo cerca que estaba de la ciudad de Jiménez, una de las más importantes del Estado. Describen cómo fueron adquiridos los terrenos y las innovaciones en el sistema de riego que incorporó Caro Quintero para lograr una producción industrial de marihuana. Sólo en unas cuantas líneas algunos mencionan que a los jornaleros los habían llevado con engaños desde Sinaloa, Michoacán, Oaxaca o Guerrero. Que no los dejaban salir, que no les pagaban, que los tenían como esclavos.

El caso del rancho El Búfalo fue el primero en exhibir cómo los narcotraficantes engañan y esclavizan a personas para usarlas como mano de obra en la producción de drogas a gran escala.

Antes de que se conociera El Búfalo, lo que se sabía era que el narcotráfico pagaba. En su libro El siglo de las drogas, el sociólogo Luis Astorga menciona que, a principios de los ochenta, jóvenes de colonias populares de Culiacán y de rancherías aledañas a la ciudad eran reclutados para ir a la siembra de amapola en el llamado Triángulo Dorado, una zona montañosa y llena de barrancos entre los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango: “Por allí pasaban camiones de redilas anunciando con magnavoces las ofertas de empleo para la ‘pizca de la manzana’”. A los jóvenes “pizcadores de droga” se les ofrecían buenos sueldos, muy por arriba de lo que les pagaban en tareas agrícolas tradicionales. La retribución era tan buena que “varios poblados quedaron habitados sólo por mujeres, niños y ancianos”, escribe Astorga.

En la sierra de Guerrero, desde finales de los ochenta, el cultivo de amapola se extendió por las montañas. Los cárteles tomaban pueblos enteros y los obligaban a sembrar la flor. A esos cultivadores también se les pagaba.

En Chihuahua, sobre todo en las rancherías del municipio de Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara, hombres, mujeres e incluso niños se alistaban para la “temporada de amapola”. Eran contratados para ir a rayar el bulbo de la flor y sacar la goma que después se transformaría en heroína. A estos jornaleros también se les pagaba.

Los sucesos del rancho El Búfalo pusieron en perspectiva ciertas ideas preconcebidas sobre los cárteles. Derrumbaron el mito del narco benefactor, dice la investigadora académica Sibely Cañedo Cázarez, en un artículo que analiza este caso, el de los “enganchados” de Chihuahua: campesinos engañados, esclavizados y forzados a trabajar para lo que ella define como capitalismo criminal. La socióloga describe un momento histórico de expansión del mercado de drogas en Estados Unidos, al que los cárteles responden con un salto de producción. De la siembra a baja escala en las montañas a un modelo agroindustrial en zonas planas o desérticas para ahorrar costos. Y un elemento clave para elevar al máximo la rentabilidad: la mano de obra esclava.

Después de El Búfalo, salvo casos menores y ocasionalmente, pasaron varios años hasta que volvió a hablarse de que el narco esclavizaba gente para sembrar droga. Pero a partir de 2012 comenzó a ser más común que colectivos de familiares de personas desaparecidas mencionaran que el crimen organizado capturaba a personas para reclutarlas a la fuerza.

Unos años después, en 2015, los habitantes de algunas rancherías en la zona serrana de Chihuahua empezaron a ver cambios en el territorio: gente de otros estados que llegaba a buscar tierras para sembrar droga, pagaban por la renta de los terrenos y después desplazaban los pobladores. Así sucedió en El Manzano, en el municipio serrano de Urique. Los que llegaban a producir en la zona utilizaban como trabajadores a migrantes que hacían bajar de los trenes. En paralelo, la Casa del Migrante de la ciudad de Chihuahua comenzó a recibir testimonios de migrantes centroamericanos y mexicanos que narraban cómo hombres armados detenían los trenes en los que viajaban, los llevaban a la sierra y los obligaban a cultivar. Al menos dos de esas denuncias —una de finales de 2015 y otra de julio de 2017— quedaron archivadas en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

Esclavizar a gente para emplearla en la producción agrícola y otras actividades del narcotráfico comenzó a ser algo más que una excepción. Y es posible identificar un par de elementos comunes en los casos que salían a la luz: la expansión territorial de los grupos criminales y el proceso de adaptación a una nueva coyuntura de mercado.

Por ejemplo: en 2012, el año en que los familiares de desaparecidos empezaron a hablar de que el narcotráfico se llevaba gente para obligarla a trabajar, comenzaron a hacerse más evidentes algunos cambios en el mercado de drogas de Norteamérica. Los Estados de Colorado y Washington legalizaron la producción y uso de marihuana, una acción que con el tiempo fue adoptada por otros territorios de Estados Unidos. Simultáneamente, el consumo de fentanilo comenzó a crecer en ese país, sobre todo a partir de 2016. Era un sustituto muy competitivo para la heroína —más barato, mucho más potente, más fácil de producir y de transportar— para una demanda de consumo enorme, alimentada durante décadas por la industria farmacéutica estadounidense. Ambos fenómenos influyeron en la caída de los precios tanto de la marihuana como de la amapola, explica Marco Vizcarra, periodista sinaloense que formó parte del equipo Proyecto Amapola, una investigación profunda sobre las dinámicas sociales, políticas y culturales en México que pueden comprenderse a través de la flor.

A mediados de la década de 2010, el kilo de goma de opio —la resina que se obtiene de la amapola y con la que se produce la heroína— llegó a alcanzar precios de entre 30 y 60 mil pesos mexicanos (entre 1,600 y 3,200 dólares, aproximadamente). Cuando hablamos con Vizcarra, a principios de 2025, costaba alrededor de seis mil pesos mexicanos: unos 320 dólares. Para finales del mismo año, el valor había caído casi a la mitad de eso (menos de 200 dólares). El periodista mencionó otro factor que ha influido en los costos: anteriormente había una especie de libre mercado, con múltiples intermediarios involucrados en la compra y venta de la goma, “pero en el 2017 ese negocio se monopoliza”. Únicamente pueden proveer al Cártel de Sinaloa. “Eso les obligó a vender a un solo precio”, dice Vizcarra, “no tienen ganancia”. Como consecuencia, “hay muchos menos campos de amapola”.

El sociólogo Luis Astorga llama “organizaciones mafioso-paramilitares” a los grupos del crimen organizado que han diversificado sus actividades: ya no sólo se dedican al cultivo y tráfico de marihuana o heroína; han extendido su abanico de actividades para obtener un mayor control territorial. Y para conseguirlo necesitan gente.

Para Astorga, el reclutamiento forzado de jornaleros o el uso de mano de obra esclava no es un fenómeno que responde de forma lineal a la disminución de los precios de la marihuana o la heroína, sino que forma parte de un proceso de búsqueda de rentabilidad permanente. Esa es la lógica con la que operan, nos dijo, cuando lo entrevistamos para este reportaje: “Vas a tratar de maximizar la renta de todas las actividades delictivas a las que te dediques”. El autor de El siglo de las drogas apuntó que los carteles no abandonan negocios, y que las drogas más clásicas —marihuana, cocaína, heroína— pueden perder terreno pero nunca han dejado de consumirse. Los reportes de incautaciones en la frontera con Estados Unidos reflejan la vigencia de ese tráfico.

Lo que hay, entonces, es un conjunto de factores que determinan cómo operan en un momento histórico determinado: oferta y demanda, diversificación de actividades, búsqueda de hegemonía territorial y cambios en las alianzas de las organizaciones criminales. Y, en ese contexto, hay cuestiones geográficas y generacionales que pueden facilitar los casos de trabajo forzado y esclavitud. “Las dinámicas del campo delictivo se han transformado muchísimo y esta tendencia a tener un perfil más de carácter mafioso —explicó— implica también un mayor grado de violencia sobre la población a la que tienen sometida en un determinado territorio, ya sea para cultivos o para otro tipo de actividades como secuestro, extorsiones, el cobro del piso”. Por otro lado, Astorga dijo que, aunque siempre existe un grado de coacción, puede haber un trato diferenciado según el origen geográfico de las personas y la percepción de su valor dentro de la división del trabajo.

A principios de 2019, los periodistas Alejandra Guillén y Diego Petersen publicaron una investigación sobre cómo, desde el 2017, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) reclutaba a jóvenes con falsas promesas de empleo a través de plataformas como Facebook o TikTok y los obligaba a entrenarse como sicarios en ranchos o campamentos ubicados en la sierra de Ahuisculco, en el municipio de Tala, en la zona centro del estado de Jalisco, a una hora de distancia de la ciudad de Guadalajara.

Sucedía en Chihuahua, Jalisco, pero también en Guerrero, Tamaulipas y Zacatecas.

Desde el periodismo primero y la academia después, Guillén ha dedicado varios años de investigación al problema de las desapariciones en Jalisco. En su tesis de doctorado —Territorios de desaparición (2024)—, explica que la violencia siempre ha sido un mecanismo útil para acumular capital, “pero lo que vivimos actualmente es una reestructuración del uso de la violencia que en los hechos alimenta el modelo económico”. No es que los cárteles necesariamente recurran al reclutamiento forzado o la esclavitud para acumular más capital. Es que son “el sujeto capitalista que utiliza la violencia como estrategia de conquista territorial”.

En violencias como el reclutamiento forzado o la esclavitud hay cuerpos que son más vulnerables que otros. Guillén lo identificó cuando leyó las declaraciones ministeriales de hombres que habían sido engañados y obligados a entrenarse como sicarios:

Han vivido desprecio y violencia estructural, y justo esa situación los coloca como los cuerpos sacrificables, los que socialmente se permite desaparecer, esclavizar, destruir.

Los hombres que fueron forzados a cultivar droga en la Sierra Tarahumara tienen un perfil parecido a los que fueron esclavizados en Jalisco: no tenían empleo, hacían trabajos temporales, algunos acababan de ser padres, tenían problemas de adicción o deudas por pagar. No es una casualidad que, de los 21 que fueron rescatados en el operativo de 2019, sólo cuatro tuvieran reporte como desaparecidos. No había forma de saber si alguien buscaba a los demás. Capturar y esclavizar a los individuos más marginados por la sociedad, a los más aislados y desesperados, es apostar a que no le importan a nadie, a que nadie va a reclamar por ellos. Los grupos criminales terminan una tarea que ya empezó el sistema: ellos son los cuerpos sacrificables. Los que no valen más que la comida que les permita seguir trabajando.

Si la pobreza estructural y el desamparo generan las condiciones para que puedan ser víctimas de explotación, el sistema de trabajo temporal de jornalero —uno de las pocas alternativas que tienen para sobrevivir— ofrece una cobertura perfecta para la trata. “Miles y miles de personas originarias de la sierra salen a trabajar a los campos agrícolas en Cuauhtémoc, Delicias, Ojinaga o la misma sierra”, describe el periodista Raúl Fernándo Pérez, de Raíchali, el medio que cubre lo que pasa en la Tarahumara. Les pagan mal, viven hacinados y muchos son menores. “Desde los 14 años se van de las comunidades”, explica Pérez. Van de la cosecha de manzana a la de nuez, al chile, después al tomate… Hay gente que pasa años así. “Eso se ha normalizado: llegas a una comunidad y no hay jóvenes porque todos están trabajando fuera, están solos los adultos mayores y a lo mejor algunos chamacos”.

Sobre esta base, los grupos criminales solo necesitan dar un paso más para instaurar lo que la antropóloga social Rossana Reguillo nombra como “paralegalidad”: un modo de gestionar territorios y de ejercer el poder “que produce sus propios códigos, normas y rituales que, al ignorar olímpicamente a las instituciones y al contrato social, se constituye paradójicamente en un desafío mayor que la ilegalidad”. En ese orden paralelo, dice Reguillo en su libro Necromáquina, los cuerpos son utilizados para “aumentar la movilidad y la velocidad de la empresa”.

No es complicado inferir bajo qué empresa criminal operaban los campos en la Sierra Tarahumara. En los testimonios que pudimos recabar, los sobrevivientes mencionan que los líderes de los campamentos tenían acento sinaloense. El mismo acento que escuchaban en esos grupos de jornaleros que a veces llegaban aparte, que recibían paga y se volvían a sus casas al terminar la cosecha. Según el fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche, la organización sospechosa de la captura y explotación de los 21 rescatados era el Cártel de Sinaloa. En distintas entrevistas con personal de la fiscalía, un par de funcionarios que pidieron mantener el anonimato sostuvieron que los campamentos eran operados por una familia “independiente” autorizada —a través del pago de un tributo mensual— para la producción de amapola y marihuana, tanto por el Cártel de Sinaloa como por la Línea, grupo armado del Cártel de Juárez.

Andrés, uno de los sobrevivientes de los campos de esclavitud en la sierra que estuvo entre los 21 rescatados —y que sí fue buscado por su familia—, cuenta que en las cuevas conoció a hombres que llevaban cautivos tres años, ocho, incluso más. Algunos habían perdido la cuenta. Ya no podían o no tenían voluntad para irse. Entonces se quedaban ahí, “trabajando hasta que no sirvieran”. Todos servían mientras pudieran ser usados, explica.

El que no servía para trabajar, servía para partir leña. El que no servía para partir leña, servía para lavar los trastes. Todos servían.

El Estado ni siquiera entraba en los cálculos de Andrés cuando pensaba en lo que les había pasado y en lo que les habían arrebatado. El Estado ya los había abandonado hacía mucho tiempo. Su rencor, cuando hablamos con él, estaba con los explotadores. “Esa persona que se dice narcotraficante, que trabaja con drogas. La droga deja dinero. Antes, los narcotraficantes ayudaban a la gente. No era como hoy en día. Si tú tienes un trabajo que es redituable, que te da dinero, no seas gandalla, no lleves a gente inocente que no quiere trabajar en eso”.

V. Hipólito. El regreso

“Identifican a hombre asesinado en Vistas Cerro Grande”. Así tituló Tiempo de Chihuahua el hallazgo de una persona muerta a golpes la madrugada del sábado 15 de julio de 2023. Lo encontraron en las calles de la colonia Granjas del Cerro Grande, al sur de la ciudad. “La víctima respondía en vida al nombre de Hipólito Ponce de León González, de 41 años de edad”.

Hipólito era uno de los 21 sobrevivientes de los campos de trabajo forzado en la Sierra Tarahumara. Murió cuatro años después de haber sido rescatado por las autoridades. Nunca pudo recuperarse de lo que pasó. La noche que lo encontramos y pudimos hablar con él, durante la entrevista, repitió 15 veces la palabra “infierno”. Dos veces la usó en esta frase: “Salimos del infierno chico para entrar en el infierno grande”. La noticia de su muerte, publicada el 18 de julio de 2023, constaba de cinco líneas. Su vida, desde que fue capturado por el narco, cabía en esa sola frase.

La zona de Vistas Cerro Grande es conocida porque ahí ocurren algunas de las noticias más inquietantes de la ciudad. Está formada por una decena de colonias y asentamientos esquinados en la periferia sur de Chihuahua, a las faldas de un cerro que tiene casi 2,000 metros de altura. Un área urbana concentradora de pobreza, plagada de drogas y olvidada por el Estado, donde no hay oportunidades para nadie. Es el caldo de cultivo ideal para quienes se dedican a enganchar gente para el narco: hombres endeudados por sus adicciones o por una paternidad precoz, sin credenciales mínimas para acceder a un empleo formal, con unas necesidades materiales imposibles de satisfacer en este sitio de ladrilleras, al que solo llegan ofertas de trabajos informales que expiran al final de cada ciclo agrícola o de cada obra de construcción.

Esta es la zona donde los enganchadores recogieron al menos a cinco de los 21 hombres rescatados en 2019, entre ellos a Hipólito. Un día de abril de ese año, se subió junto con otros cuatro vecinos a la camioneta desde la que les prometían empleo. Tres de ellos recién dejaban la adolescencia: David, Brandon y Bryan. Hipólito tenía 37 años, una esposa y dos hijas que mantener. Cinco de los sobrevivientes les dieron a las autoridades esa ubicación como el punto en el que fueron enganchados, pero eso no cambió nada: el historial de este rincón de pobreza como sitio para reclutar esclavos no comenzó ni terminó ahí.

Solo en una calle de la colonia La Noria, también del sector Vistas Cerro Grande, donde vivía Hipólito, conocimos —en diversos recorridos que hicimos entre 2021 y 2025— a otros cinco jóvenes reclutados a la fuerza en diferentes años, y ellos mencionaron a su vez a más vecinos que fueron enganchados. Todos levantados en esas calles con la promesa de un trabajito en la sierra y luego esclavizados en los mismos campos.

En el testimonio de BAR, el hombre que escapó y denunció lo ocurrido ante la fiscalía en 2018, ya se menciona que la vivienda donde reunían a las víctimas antes de llevarlos a la sierra se ubicaba en Vistas Cerro Grande. En otras declaraciones, testigos protegidos señalaron también que sus captores vivían en esa zona. El mismo Hipólito declaró que varios reclutadores eran vecinos suyos. Ninguna de las autoridades que entrevistamos parece haber reparado en ese dato.

El rostro de Hipólito aparece en esa fotografía borrosa de los 21 hombres rescatados que tomó la fiscalía en Cuauhtémoc antes de mandarlos a sus casas. A él le tocó volver con uno de los tratantes —mencionado en los testimonios como el Pacheras— y otro capataz —el Vaquero—, a quienes las autoridades dieron estatus de víctimas.

Según su relato, al salir de la fiscalía, los tres tomaron “el mismo camión, el Rápidos de Chihuahua. Como si nos hubiéramos puesto de acuerdo pa salir del mismo trance el mismo día y la misma hora. Pero, pues simplemente no fue así, entramos al infierno. Porque simplemente llegamos, abanicamos, y no encontramos nada. Casas solas, no hay familias, ni hubo nada. Haga de cuenta que salimos del infierno chico para entrar al infierno grande”.

Cuando volvió de las cuevas, Hipólito no pudo recuperar la confianza de su esposa. Ella nunca le creyó que le prohibieran salir. Pensó que la había dejado por otra mujer. Y tampoco pudo o quiso lidiar con el Hipólito adicto al cristal que regresó de aquellos campos. Su mujer se marchó llevándose a sus dos niñas. El día que lo engancharon, había salido a conseguir dinero para comprar cosas que ellas necesitaban:

Andaba buscando trabajo para argumentar para unos simples pañales y un bote de leche. Ese día me dieron mil pesos para ir a poner ese cerco, fue todo lo que saqué de todos esos siete meses: mil pesos. Y perdí la familia, perdí todo. Ahora simplemente me las vivo en la oscuridad.

Hipólito volvió de su cautiverio en la sierra enganchado a las drogas y destrozado físicamente. La partida de su esposa lo quebró aún más. “Intentó quitarse la vida varias veces”, nos contaría tiempo después un familiar, “se quiso ahorcar, tomaba pastillas”.

Una noche de 2021, dos años antes de su muerte, lo encontramos en una calle de colonia La Noria. Hipólito estaba por bajar al lecho de un arroyo seco lleno de basura. Nos dijo que estaba pensando en hacerse daño. Durante la entrevista se acercó al celular con el que lo estábamos grabando porque quería dejarle un mensaje póstumo a su esposa: “Si escucha todo este rollo por la tele o no sé por dónde va a salir, quiero mandarle un saludo a mi mujercita si es que me escucha. Simplemente perdóname, mija, pero esta es la realidad, Lorena. Te amo y te quiero mucho mi Lore. Espero que algún día me perdones y creas que simplemente te felicito por todo. Y ahí te encargo a esos dos luceros. Las amo. Gracias”.

Al relatar su experiencia se refirió a sí mismo como yunta, como caballo, como trapo, como árbol, como marrano. Intentaba traducir lo que significa ser despojado de toda humanidad. Los castigos que recibían en la sierra eran brutales, nos dijo esa noche. “Simplemente una chinga que quedabas noqueado ahí por varios días, sin argumentación de aire ni de oxigeno. Haga de cuenta como si estuviera muerto, como un trapo viejo, simplemente bien amarrado de manos y pies como si fuéramos unos marranos”. Otro: “Como si fuera una rama, como si fuera el árbol ese, no tenía voz ni voto de nada, simplemente a lo que dijeran”. También: “Simplemente éramos animales”. Aunque dijo que a los animales los trataban mejor que a las personas. En ese lugar, repitió, “no tenía valor la vida”.

Habló de las penurias cotidianas —vivir en cuevas, ser vigilado hasta cuando iba a cagar, sufrir un hambre insoportable— y de las torturas físicas. Una vez lo atraparon en un intento de fuga con otros compañeros. Ya habían caminado un día y una noche enteros a través de la sierra y habían conseguido rodear los pueblos cercanos, pero se confiaron al llegar al poblado Las Estrellas, donde se creían a salvo. Aceptaron agua y comida. “Nos atendieron bonito y fino, chido, pero para la sorpresa de nosotros, era otro rollo, pues habíamos caído con la misma gente de ahí”. Los regresaron a su prisión al aire libre. Como castigo de bienvenida, le aplicaron lo que él llama “las zambutidas”: fue sumergido con fuerza varias veces en el arroyo hasta que sintió que se ahogaba, mientras recibía tundas “a base de golpes en el pecho”. Una tras otra. Dijo que en los campos había visto a “varios que se murieron y que han matado por rebelarse”.

Como el resto de los entrevistados y de algunos liberados que declararon ante la fiscalía, en su testimonio relató que ahí donde estaban había varios campamentos —Hipólito contó tres—, en los que se usaba la misma logística y el mismo trabajo esclavo custodiado por hombres armados, pero estaban bajo las órdenes de distintos jefes. Si te escapabas de uno tenías que cruzar por los terrenos de otros. Así fue como un compañero suyo ganó el apodo de Solovino. Llegó adonde estaban ellos cuando intentó fugarse de un campamento en el que había pasado tres años de cautiverio.

En su relato, Hipólito mencionó algunos sobrenombres de los patrones y de sus capataces: el Güero o R-1 (el jefe), el R-2, el Gera, el Chetos, el Pacheras, el Vaquero, el Chiapas, el Lentes Carreras. Cada campamento tenía un pistolero: el Ronco, el Güero Bolsas, el Ondeado. Dijo que el Chilango era el que los enganchaba y los vendía a 500 pesos por cabeza a los patrones. Contó que en su campamento protagonizaron varias rebeliones, y que algunas terminaron con muertos. Una fue para exigir comida.

El mecanismo de coacción para mantenerlos apaciguados era el de la tienda de raya. Les hacían cuentas ficticias de ganancias, a las que iban descontando sus gastos: “Por día estábamos ganando 120 pesos”, dijo. Una caja de cigarrillos, por ejemplo, les costaba una semana de trabajo. “Una semana para poder argumentar una caja de cigarros que eran mil pesos”. “Eras feliz por tomarte una soda de 500 varos, unos cueritos de 200 pesos”. Hipólito recuerda que anotaban lo que consumían en una hoja de cuaderno, según los precios que se les antojara. “Y ahí te iban subiendo las cuentas. Al último ya hasta les estabas debiendo más, cada vez más endeudado”. Y, sobre todo, les vendían drogas. “La droga nunca podía faltar ahí, era con lo que los tenían más amarrados y más atados”. “Nos vendían perico a 1,500 la bolsita, que incluía tus cigarros gratis. Muchos se iban con el afán de la bolsita, pero simplemente por los cigarros, porque los cigarros no los querían vender por suelto, sino por cajetilla. Ya te los querían vender, obligatoriamente con todo y bolsa que eran 1,500 pesos”.

Además de las “zambutidas” y de los golpes con ramas secas que le dejaban la espalda “como Santo Cristo”, Hipólito dice que no volvió a pensar en fugarse por otra razón: porque estaba convencido de que el gobierno y sus captores eran cómplices. Lo mencionó en la entrevista de forma deshilvanada, sin dar detalles contundentes. Pero explica que esa sensación era suficiente para disuadirlos de intentar otra huida.

Tienen el gobierno de su lado, ¿qué tanto les cuesta aventar al boludo [helicóptero] que nos pegue una ráfaga? Porque simplemente el bombardero pasaba casi rodeando las ramas. Pasaban volando por aquí”. Era un helicóptero camuflado, nos dijo, cuando le pedimos que lo describiera, “de dos hélices, varios cañones, como los que traen los soldados.

Esa noche de agosto de 2021, cuando estábamos por terminar la entrevista, Hipólito quiso dejar un mensaje también a la gente que podría ser reclutada. Recomendó “que la piensen dos veces los compañeros que piensen irse para las sierras. No se crean de todas las personas, compañeros, que les digan que vamos a trabajar fácil y rápido. Simplemente primero investiguen qué personas y qué patrones. Les doy ese buen consejo”. Dijo que solo había una cosa: la familia. “Y gracias a todos. Piénsenla dos veces”.

Hipólito se levantó del piso de tierra en el que estaba acuclillado y siguió su camino hacia abajo, rumbo a ese vado lleno de basura donde alguna vez corrió un arroyo, hasta perderse en la oscuridad. Esa noche nos advirtió que sus captores se seguían llevando gente de su colonia, y que varios aceptaban por distintos motivos: “Por la pobreza”, “porque allá les dan la droga”, “para retirarse de los problemas de aquí, de los problemas familiares”, “por la violencia”.

— ¿A quiénes se han llevado?

— Se ha llevado a varios compañeros de aquí. Se llevó a unos compas en el mes de febrero, que tenían que regresar en dos meses y no han regresado.

En los distintos recorridos que hicimos por las colonias de las faldas del Cerro Grande, volvimos a escuchar de otras personas la misma voz de alerta: “Se siguen llevando gente”.

El sector Vistas Cerro Grande se extiende a los pies del cerro que lleva el mismo nombre, que sobresale por su altura del resto de montañas que rodean la capital de Chihuahua. Es fácil identificarlo por una enorme cruz blanca en una de sus laderas.

Esta zona, formada en su origen por terrenos ejidales y parcelas agrícolas que limitaban con el sur de la ciudad, se empezó a fraccionar en la segunda mitad del siglo XX a causa de la presión urbanística. No tenía servicios básicos: era un cerro pelado que con los años se fue poblando de rarámuris expulsados de la Sierra Tarahumara, de campesinos que buscaban suerte en la ciudad de Chihuahua y de pobladores locales que no podían pagar una renta en el centro de la capital. Fueron levantando viviendas autoconstruidas tramo por tramo en lotes ocupados o comprados en abonos que pagaban durante años.

Hace casi una década, en un intento por transformar la zona, se inauguró un proyecto arquitectónico conocido como Corredor Vistas Cerro Grande: un camellón de poco más de kilómetro y medio de largo —o parque lineal, según las autoridades— con juegos infantiles, canchas deportivas, mesas de picnic, baños públicos y algunos árboles bajos alternados con cactáceas. Ese camellón articula un sector que integra a diez colonias y asentamientos identificados como de alta prioridad por su concentración de pobreza.

A lo largo de la ancha avenida Nueva España, donde se construyó el corredor, es posible ver casas alternadas con negocios de alimentos o servicios. Una clínica de beneficencia, la comandancia de policía, un auditorio, y un complejo deportivo que se conecta con una escuela primaria y secundaria. A medida que uno se aleja de la avenida y se dirige a la colonia donde vivía Hipólito, apenas dos cuadras hacia adentro, los pisos pasan del pavimento a la tierra. Las calles planas se convierten en montes sinuosos a los que deformaron dos arroyos secos. Las casas construidas con retazos alternan con terrenos baldíos. Cada tanto, montones de arena de construcción obstruyen alguna calle.

Con casi la mitad de su población menor de 14 años, el sector Vistas Cerro Grande es un corredor humano poblado día y noche de niños, niñas y jóvenes que pasan buena parte de su tiempo en la calle. Se les ve caminando en grupos, o sentados en sillones arruinados frente a sus casas, o afuera de tiendas de abarrotes, o jugando en medio de la pista, o dentro de viviendas con la puerta abierta.

En La Soledad, una de las colonias vertebradas por este corredor, afuera de una casa construida con pedazos de madera, se puede ver a varios niños y niñas chapoteando en el agua de un tambo. Es la casa donde vivía Jesús Omar Galindo, a quien le decían el Chuy o el Chuco. En abril de 2020, cuando tenía 24 años, Jesús fue a la sierra contratado como jornalero pero nunca regresó. Su pareja es una mujer rarámuri de su misma edad que cuida sola de sus dos hijos, y se ofrece también a cuidar niños ajenos por 50 pesos al día.

Jesús fue invitado a trabajar en la sierra por el hijastro de un hombre conocido como el Chiapas —el único detenido por el caso de los 21 rescatados—, vecino de la colonia, que no supo explicarle a su familia por qué nunca volvió. Les dijo que solo había durado una semana con ellos. Según el hijastro del Chiapas, “iba a entregar unos alimentos a unos campamentos de ahí cerca y ya desde entonces no supieron nada de él”.

Al año siguiente de que Hipólito, Andrés, Javier y otros vecinos fueran liberados de las cuevas donde los tenían cautivos, Jesús y otros parientes y amigos aceptaron la oferta de empleo y subieron a la camioneta que pasó por ellos. Él sabía a lo que iba: al cultivo de la amapola. Era su tercer viaje. Siempre regresaba con algo de dinero.

Las amistades de los enganchadores recibían un trato especial: cobraban recién terminado el trabajo y los llevaban de regreso a sus casas. El resto de familiares de Jesús sí fueron devueltos por sus contratistas y recibieron su paga, pero él no volvió. Quienes lo conocían dijeron que uno de los hombres que se los llevó (“un chilango”) seguía merodeando por las calles.

De repente se da la vuelta por acá queriendo llevarse más muchachos. Cambia mucho de carro: un camioncillo blanco, otras veces rojo, otras moto.

Las desapariciones de Jesús y de otros han pasado desapercibidas para las autoridades, pero no para las familias. Callan sus angustias con impotencia, porque algunos todavía conservan el anhelo de que su pariente sea uno de los afortunados que regresen con algo de dinero. Imploran que no sea uno de los que nunca vuelven.

Por eso, Jesús no tiene reporte de desaparición. La familia tiene la esperanza de que un día reaparezca. El mismo Hipólito explicó por qué los parientes de los desaparecidos no denunciaban: “¿Pues la gente qué puede hacer? Simplemente les dicen está bien, está trabajando, está chido. Porque es el dilema con la familia, que la familia todo el tiempo puede ir a preguntarles cómo está uno y simplemente le van a dar la contraria”. O sea: “Está uno mal, pero para la familia, uno está bien”.

Un día de abril de 2019, a las cuatro de la tarde, una camioneta salió de la colonia La Noria rumbo a la Sierra Tarahumara llevando en la caja a diez pasajeros. Entre ellos iba Hipólito y otros jóvenes que no llegaban a los veinte años, como Bryan. Cuando la madre lo vio listo para irse a la aventura se opuso a que se marchara. Sabía que su hijo añoraba tener billete para comprarse una troca: en su nuevo empleo le habían prometido que iba a ganar 20,000 pesos (poco más de mil dólares) y eso le entusiasmaba. Ella le suplicaba que, en vez de buscar atajos, se metieran juntos a trabajar en una maquila para juntar el dinero poco a poco.

Cuando llegó la camioneta por Bryan y sus amigos del barrio —Brandon y David—, la madre le reclamó a Licho, el hombre mayor que organizaba el grupo, por haberlo anotado. Licho le respondió que Bryan ya había cobrado mil pesos por adelantado y tenía que ir a pagar esa deuda. Ella prometió que le iba a devolver ese dinero, y pidió que por favor le diera tiempo para recuperarlo. Su hijo ya se lo había gastado: la mitad en droga y el resto en jabón y cosas que necesitaba para el viaje.

— Vámonos, hijo. A mí no me late esto — , le pidió la madre.

— Ay, amá. Es que tú a mí no me dejas hacer, porque siempre he andado contigo, siempre me traes a tus faldas — recuerda ella, cinco años después de aquel día, lo que le respondió.

— Pues ya debe los mil pesos — se justificó Licho.

— Pues sí, pero se los pago después y que él no vaya —, insistió ella.

— Sí voy a ir, amá. Yo ya me los gasté y me tengo que ir —, resolvió Bryan.

No pudo hacer más. Su hijo menor había cumplido los 18 años dos semanas antes. Era mayor de edad y no necesitaba su permiso para irse. Licho le dijo que iba a llevar a los muchachos a desmontar un terreno en la sierra para construir una escuela. Prometió que iban a comunicarse cada semana, que los devolverían pronto y que, cualquier cosa, su contacto sería a través de Elvira, la mamá de Brandon, a quien le habían pedido que preparara los lonches para el camino.

Desde que se los llevaron anduve todas las noches buscando, acá con Elvira, a ver si sabía algo porque nos dieron un teléfono… y puras mentiras. No contestaban. Decía que no tenía señal. Yo iba todas las noches acá con Elvira y le preguntaba: ¿No has sabido nada?

Después de varios días sin recibir noticias, las dos mujeres intentaron ir a la casa de un hombre que identificaban como uno de los jefes de los enganchadores, pero le dijeron a Elvira que ya no estaba en la ciudad.

La madre de Bryan dice que no sospechó en qué podía estar trabajando su hijo hasta que un joven de otra colonia de la zona del Cerro Grande, un muchacho que había viajado con Bryan y Brandon y había conseguido fugarse, llegó a casa de Elvira y les explicó la situación: “Contó que los traían en unas cuevas, en lo de la droga”, recuerda. Les contó que estaban rayando amapola, que no les pagaban, que les daban droga, lo anotaban en un cuaderno, les decían “debes tanto” y los mantenían a todos enganchados.

Las dos madres se organizaron con sus hijos mayores para ir a la casa de Licho, que vivía hacia el cerro, para exigirle que los devolviera. Cuando lo encontraron, él les aseguró que los muchachos estaban bien, que iban a volver. Pero el padre de Licho, borracho, en su silla de ruedas, las escuchó y les dijo llorando que él también había perdido un hijo en esos campos. Que murió ahogado en uno de los castigos.

Las familias amenazaron con denunciar a Licho si los dos jóvenes no regresaban pronto. Días después, Bryan apareció en su casa. Dijo que había escapado con un compañero. Que a pesar de las amenazas se fueron a pie, llegaron a una carretera, y, con la ayuda de otras personas, consiguieron volver.

“Llegó peor que los pordioseros —recuerda la hermana de Bryan—. “Pues todo sucio, las manos negras. Sí traía la manga larga, pero todo desgarrado, los tenis todos agujereados. Ni calcetines, nada más traía esto [señala el resorte]. Peor que los pordioseros. Negro, negro, todo quemado. Como que le pegó hongo en las manos. Le da mucha comezón y se rasca y tiene negro, negro. Como si lo hubieran quemado con algo. Allá no se bañaban. Traían mucha roña. Y como él usa los pantalones, así se los arremanga, todo esto le quemó, y aquí le pegó hongo”.

Bryan nunca ha contado lo que vivió, lo que le hicieron. Si le preguntan algo, solo levanta los hombros. “Se cerró del mundo”, dijo su madre. Había sido un niño travieso que imitaba al Hombre Araña, y después un adolescente noviero que practicaba parkour. Ahora había vuelto de la sierra convertido en zombie.

Su madre nos dijo que tenía esquizofrenia. “No lo habían diagnosticado hasta ahora que se quiso colgar del baño. Más bien se colgó del baño, y luego se cortaba mucho las manos. La vena de aquí [señala su muñeca]”. En la pared de la sala donde hicimos la entrevista había fotografías de Bryan cuando era niño: una del kínder y otra de la escuela primaria. Se le ve sonriente, bien peinado, con el uniforme impecable.

La primera vez que intentó suicidarse y lo rescataron en el baño, se enojó porque lo salvaron. Ya había pasado un año desde su fuga. Un médico le hizo unos análisis y diagnosticó que sufría una esquizofrenia que no le habían detectado de pequeño. Desde su regreso, la familia se dedicó a cuidarlo e intentar que no saliera de la casa, que no se hiciera más daño. Cuando entrevistamos a su madre, en agosto de 2024, ella ya sabía que lo que les había pasado a Bryan y a sus amigos no era un caso aislado. “Está canijo que anden ahí llevando gente, aparte para envenenarlos, porque ahí los atascaban de droga. Yo creo que para que duraran todo el día ahí. No sé ni qué pensar”.

Aunque nunca trató a Hipólito, que vivía a unas cuadras, sabía que también había estado en esos campamentos. En la colonia muchos señalaban que, en una calle detrás de la casa de Brandon, se habían llevado a otro joven. Y decían que también “un chavalito de la colonia Soledad” terminó enganchado ahí con el papá o el tío. Y que seguían engañando y trasladando a otros más.

***

Brandon no regresó a su casa junto con Bryan. Tampoco lo hizo en julio de 2019, cuando volvieron Hipólito y el resto de los rescatados por las autoridades. A Brandon lo devolvieron después.

“Lo trajeron hasta aquí ellos mismos”, nos dijo Hipólito la noche que hablamos con él. “Porque ya estaba pedido por la familia, tenía reportes de desaparecido y todo el borlote, que no sabían nada de él y pues lo echaron por desaparecido y pues se les estaba calentando el agua con el gobierno, pues tuvieron que soltarlo”.

La presión de las dos madres, al parecer, había funcionado. Pero Brandon, lo mismo que Bryan, volvió distinto, explicó Hipólito.

— Él simplemente quedó mal desde que salió, ustedes lo han visto porque quedó botado.

—¿Cómo era, qué le pasó?

— El bato era suave, era trabajador, era de platicar chido, se argumentaba en sus cinco razones. Pero, pues simplemente, pues no soy nadie para decirlo, pero simplemente le fue mal. Hubo muchos abusos en contra de él.

—¿Hubo abusos?

— Me evito las palabras, me argumento el habla, mejor muero callado.

—¿Hubo abuso sexual?

—Muero callado. Muero callado por las preguntas omitidas.

Ese día de agosto de 2021, cuando Hipólito se negó a contar más sobre lo que le había pasado, Brandon estaba sentado sobre una banqueta, afuera de una tienda de abarrotes, en la esquina de su casa. Nos habló de su experiencia en las cuevas sin titubeos. Pero, a medida que avanzaba, su relato se llenaba de fantasías y delirios.

Nos contó cómo fue el camino a la sierra, que al llegar a los campamentos se encontraron “a narcotraficantes con armamentos”, que los obligaron a trabajar desde las cinco de la mañana hasta las ocho de la noche durante los siete u ocho meses en los que estuvieron “dándole la vuelta a la tierra, cortando los árboles, sembrando la mota, juntándola”. También dijo que habían matado a balazos a dos personas de Parral por intentar fugarse. A cada tramo de realidad que narraba, le seguía otro donde incluía naves espaciales, reyes y princesas, misiones especiales, signos zodiacales, planetas, Jesucristo, la Virgen de Guadalupe. Cuando volvió de las cuevas, Brandon todavía no había cumplido los 18 años. Llegó enloquecido. Un familiar y otro vecino dijeron que en los campamentos había sufrido abusos sexuales.

En agosto de 2024, cuando volvimos a hablar con él, su casa estaba en ruinas. Se la habían incendiado. Las ventanas estaban cubiertas con plásticos y maderas. En la fachada había costales con desperdicios, alteros de llantas, un montón de tierra, un asiento de automóvil y un sillón arruinado. La puerta abierta dejaba entrever ropa amontonada en el suelo. Brandon tenía la piel dañada. “Me corté, porque necesito hacerme las rajadas para poder sentir un poco de dolor, para poder respirar”.

Su hermano se acercó. Estaba drogado. Lloró por la suerte que le había tocado a Brandon y por la enfermedad que dejó inhabilitada a su madre (Elvira estaba ida desde que tuvo una operación en el cerebro). Decía que quería matar a los que le habían hecho esto a su hermano. Algunos jóvenes que pasaban por la calle se acercaron a escuchar nuestra conversación, y mencionaron a otros vecinos que habían pasado por las mismas cuevas. Parecía que cada uno conocía a alguien que pasó por esos campamentos. “También al de allá”. “Pregúntenle a ese”. “A ese otro”. Un joven dijo qué él se iba desde los 17 años a sembrar droga por su propia voluntad, y que le pagaban hasta ocho mil pesos por un mes y medio de trabajo. Pero que después empezaron a pasar cosas feas.

Escuchaba ya que a veces no les pagaban o los tenían ahí secuestrados mucho tiempo y sin pagarles”. Y por eso dejó de ir. “Las personas con las que yo me iba les llamaba y todo bien. A lo mejor ellos sí eran los mismos, pero los jefes a lo mejor ya no eran los mismos.

El corredor de Vistas Cerro Grande fue el orgullo de la gobernadora, Maru Campos, quien inauguró ese paseo entre fanfarrias en 2017, cuando era alcaldesa. Casi una década después, los servicios básicos para sus pobladores nunca se han extendido más allá del camellón principal. Pareciera que se centran en el área pavimentada; cuanto más adentro se llega, más se aleja el Estado.

Los fines de semana, el camellón se convierte en un largo mercado callejero donde se vende ropa nueva y usada, herramientas de construcción, juguetes. La gente (en su mayoría rarámuri: las mujeres visten sus holgadas faldas y blusas coloridas de varias capas) pasea entre puesto y puesto y a veces se paran a comprar burritos, elotes, menudo o barbacoa.

Los pobladores cuentan que la actividad continúa en la noche, porque ese corredor se usa también como punto de venta de drogas. Una de las familias rarámuris que habitan esta zona lamenta que el cristal se haya instalado como la última moda. Dicen que tienen que cuidar a los más pequeños porque sus vecinos, niños y niñas, ya se han hecho adictos.

Pero cuando se pregunta a las personas si saben que de la colonia se llevan a gente que termina siendo esclavizada en la sierra, se sorprenden. Una lideresa de la colonia, que pidió mantener oculta su identidad, contó que durante dos semanas había escondido en su casa a un joven garífuna hondureño que acababa de escaparse de las cuevas. Estaba aterrado porque creía que lo iban a perseguir. Lo conoció cuando fue a llevar alimentos a los migrantes que piden comida en otro punto de la ciudad, conocido como el puente de la fábrica de Interceramic, cerca de las vías del tren. Ella lo ayudó a comunicarse con su familia y lo apoyó para que siguiera su camino. Dos de los 21 rescatados dijeron que fueron enganchados bajo ese mismo puente. Bastaba con escuchar a los sobrevivientes y recorrer las calles con atención para que las víctimas y los sitios donde los capturaban se fueran haciendo visibles. Si el Estado no los veía era porque no miraba.

VI. El Chiapas. Los juicios

Henry se enteró del rescate de los hombres esclavizados en la Sierra Tarahumara a través de Facebook. Era julio de 2019 y estaba en su casa, en el sector Vistas Cerro Grande, acompañado por su hija, que entonces tendría unos dos años. Vio las fotografías en la pantalla y siguió haciendo scroll con el dedo. No se alteró. No tenía motivos: confiaba en que no lo iban a detener. Un mes después de ver las imágenes del rescate, sus patrones lo llamaron y le pidieron que llevara víveres a la sierra. Unos días más tarde, su celular volvió a sonar: le dijeron que tenía que transportar más hombres a los campos. Y eso fue lo que hizo.

En la colonia, en su casa, entre sus conocidos, a Henry lo llaman el Chiapas.

Al menos seis de los 21 hombres rescatados en 2019 señalaron al Chiapas como uno de los reclutadores. Uno de los enganchadores que, con falsas promesas de empleo, los llevó a la sierra. En sus declaraciones lo describieron como alguien de tez morena, de baja estatura, con bigote, de cabello corto y ojos pequeños. Alguno dijo que era dientón, otro que tenía dientes de oro, unos más que tenía casquillos o coronas. Eso era lo que más recordaban algunos: sus dientes.

Después del operativo en la sierra, el Chiapas siguió conduciendo la pick up y reclutando a hombres en Delicias, Guachochi, Ciudad Cuauhtémoc y Chihuahua. Poco importaba que, tres meses más tarde, se hubiera liberado una orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Durante poco más de dos años, siguió transportando a hombres a la sierra como si fueran una mercancía.

El Chiapas no fue detenido hasta el 23 de junio de 2022. Su captura sucedió casi por casualidad: la camioneta en que viajaba fue detenida en un retén instalado por la policía en las afueras de Ciudad Cuauhtémoc. “Pararon la troca para una revisión, pidieron los documentos… Y ahí me mandaron pa’trás”, nos dijo a finales de agosto de 2024, en la prisión donde se encontraba, un mes después del juicio en el que fue declarado culpable del delito de trata de personas —en su modalidad de trabajo forzado— y condenado a 22 años y seis meses de prisión.

***

Henry Giovanni Velázquez Barrera nació el 22 de septiembre de 1977. Dejó su comunidad en el municipio rural de Satevó —en la zona centro del estado de Chihuahua— a principios de los noventa. Tenía solo 15 años cuando se instaló a vivir con su pareja de entonces en lo que hoy es el sector Vistas Cerro Grande. El lugar era casi pura terracería, apenas había unas cuantas casas. Henry aprendió el oficio de plomería y un amigo le enseñó a medias a leer y escribir. En algún momento intentó establecerse en Estados Unidos, donde vive uno de sus hermanos. El Chiapas entró a territorio estadounidense como mula del narco: “Con los que iba [a cruzar la frontera], me dijeron que pasara una mochila, que así no me cobraban. Se me hizo fácil. La mochila llevaba marihuana. Y me agarraron”.

El Chiapas nos cuenta parte de su biografía en el Centro de Reinserción Social número 7, en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Cuando lo entrevistamos estaba por cumplir 47 años. Parecía resignado ante su condena: “Aquí la ley así es. ¿Qué puede decir uno? Nada. Sólo quedarse callado”.

Nos reunimos en un cuarto que funciona como salón de clases del penal. Un custodio se sienta casi a un lado de la puerta; no muestra mucho interés por lo que hablamos, pero a Henry le inquieta su presencia: “Hay cosas que no puedo decir por mi seguridad”, explica. Por momentos, es necesario afinar el oído para escuchar lo que dice: baja el tono de voz o entrecorta algunas palabras. Según su versión de los hechos, él había juntado dinero para comprar una camioneta y pensaba dedicarse al acarreo de muebles, piedra o tabiques. Entonces, un señor lo contrató para llevar fertilizantes y comida a una tienda de San Juanito, pero después le dijo que tenía que meterse a la sierra. “Así comencé a trabajar con él”.

—¿A qué parte de la sierra?

—Para Yoquivo, municipio de Ocampo. En un lugar que le decían La Gallina… Pues ahí llegaba gente para ayudarme a descargar. Ya después me dijo que le hiciera unos viajes de gente. Yo acepté, pues me pagaban.

Por cada viaje en el que llevaba de 10 a 15 personas, recibía en total entre 3,000 y 4,000 pesos. Dijo que solo había hecho esos traslados durante tres años. “A mí nada más me decían: ‘Haz favor de subir a esa gente’”. Eran otros los que hacían falsas promesas de trabajo, aseguró: un hombre que se llamaba Manuel Flores y otro a quien conoció como el Jandú. Al principio lo negó, pero después reconoció que había invitado a trabajar a algunos de sus vecinos de Vistas Cerro Grande. Y, aunque no lo dijo, también reclutó con engaños a indígenas rarámuris de Guachochi, de acuerdo con información de distintas fuentes.

Además de la camioneta que él conducía, se utilizaban al menos otras tres para llevar hombres a Las Gallinas; esas las manejaban el Durango y el Chilango.

—¿Cuánta gente había en los campamentos?

—Como unas 200.

Henry también tenía ayudantes. Uno era Domingo Bejarano, el Mingo, un joven que aparentaba ser chabochi, la palabra que los rarámuris usan para referirse a quienes no son indígenas. Le preguntamos si el trabajo que hacía era para gente del Cártel de Sinaloa. Su respuesta ambigua —como la de casi todos— fue la inquietud y el silencio.

***

Después del rescate de julio de 2019, pasaron varios meses sin que existiera un avance en la carpeta de investigación. El primer agente del Ministerio Público que llevó el caso pidió una licencia laboral. Por eso, durante una de las audiencias de anticipo de prueba, en algún momento de 2023, quedó como ministerio público emergente Carlos Reyes Chaparro, de la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas y/o Ausentes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Zona Occidente. En entrevista, el abogado de 46 años —21 de los cuales ha trabajado en la fiscalía— reconoció que, cuando quedó a cargo, “no conocía absolutamente nada de la carpeta de investigación”.

Cuando Reyes Chaparro fue nombrado oficialmente como el ministerio público encargado, el Chiapas ya había sido detenido. Durante la entrevista, el abogado no admitió hechos que habían sido señalados por diferentes personas con acceso al expediente: que la carpeta de investigación estuvo mal integrada desde el comienzo; que se habían omitido declaraciones de testigos clave, que no hubo una investigación real, que no fueron añadidas otras víctimas que años antes ya habían denunciado lo que sucedía en la sierra.

Por el caso de los rescatados en julio de 2019 se emitieron cinco órdenes de aprehensión. El Chiapas fue el único detenido.

El lunes 24 de junio de 2024, en los juzgados penales del estado en Ciudad Cuauhtémoc, comenzó el juicio oral en contra de Henry Giovanni Velázquez Barrera por el delito agravado de trata de personas en su modalidad de trabajo forzado, ejercido en contra de 24 hombres: los tres que se escaparon del campamento a principios de julio de 2019 y los 21 que, días después, fueron liberados en el operativo de la fiscalía.

Durante las tres semanas que duró el juicio, sólo tres de los 24 hombres acudieron a testificar en contra de Henry. Los demás no fueron localizados o no atendieron los citatorios. Algunos vivían en condición de calle. Otros, ni siquiera sus familias sabían cómo ubicarlos. Al menos cinco ya habían fallecido.

Andrés —el joven que comparaba su historia con la de un esclavo negro que había leído en la revista Selecciones — fue uno de los que dio su testimonio: no titubeó cuando les dijo a los jueces que el Chiapas lo había llevado a los campamentos. Otro de los rescatados que declaró fue Gabriel, un hombre de unos 50 años que había sido enganchado en las vías de ferrocarril de Ciudad Cuauhtémoc. Llegó a la sala de audiencias obligado por una diligencia judicial. Durante su testimonio apenas volteó a mirar a Henry, que estaba casi frente a él, sentado junto a su abogado defensor.

Con palabras entrecortadas, apenas audibles, Gabriel reconoció que estaba nervioso. Contó prácticamente lo mismo que decía su primera declaración testimonial, la que le tomaron después del rescate: que en abril de 2019 unos hombres que iban en camioneta le habían ofrecido un trabajo muy diferente al que terminó haciendo, y que estuvo tres meses en la sierra pasando hambre, sin poder comunicarse con su familia, sin poder salir y sin paga.

—¿Cómo eran los hombres que llevaban la troca ? —preguntó el ministerio público.

—El señor que está aquí se parece a uno de ellos —dijo Gabriel y señaló con la barbilla y la mirada al Chiapas.

La tercera víctima pidió que se mantuviera en reserva su identidad. No se dijo su nombre ni tampoco se conoció su rostro. Su testimonio lo dio en una sala contigua y se transmitió por una pantalla. Cuando se hacían los ajustes técnicos para distorsionar su voz, se le escuchó decir: “Ahí donde vivo hay muchos conocidos del señor [el Chiapas]. Y si se enteran de que ando por acá, me pueden hacer algo. Ya saben donde vivo”. Durante la audiencia, el ministerio público le preguntó qué le había dicho el Chiapas cuando lo engancharon. Sorprendido, el testigo reservado corrigió al abogado: “Él no me llevó, fueron otros”, dijo.

A él sí lo vi allá en la sierra y supe que le decían el Chiapas”. Y agregó: “Un día llegó a la cueva, llegó a ver a la gente… Decían que él contrataba gente pa llevárselas para allá.

El Chiapas escuchó a quienes lo acusaban como si estuvieran hablando de otra persona. Si sus palabras lo perturbaron, no se notó.

Agentes de la fiscalía que participaron en el operativo de 2019 también contaron cómo fue que encontraron a los 21 hombres. Uno relató que, en abril de ese año, meses antes del rescate, hicieron varias revisiones en las carreteras a raíz de una serie de denuncias por desaparición de personas. En uno de esos retenes, se detuvo y revisó una pick up RAM 4000, del año 2005: “Vimos que no tenía ningún reporte. Tomamos fotos del vehículo y de las identificaciones de quien la manejaba”. El agente que contó el hecho explicó que el conductor les había dicho que regresaba de dejar a trabajadores en Yoquivo. El hombre que manejaba la camioneta era el Chiapas. En ese momento no lo detuvieron porque entonces no había una orden de aprehensión en su contra, aseguraron durante el juicio.

También declararon peritos en medicina y psicología. Contaron el resultado de las evaluaciones que les hicieron a los 21 liberados. Al menos dos tenían huellas de tortura y otro tenía una herida que no había cerrado en forma adecuada. La psicóloga Viviana Pacheco resaltó que, pese al cautiverio que vivieron, los hombres se sentían estafados más que víctimas de trata: “Expresaban sentimientos de enojo, ira e impotencia por haber regalado su trabajo y por ser engañados”.

***

Jorge Rivas Lerma se hacía notar en cuanto llegaba al tribunal: sonreía, se quitaba las gafas oscuras con armazón dorado, saludaba a los custodios y gastaba bromas. A diferencia de sus colegas abogados, aquel hombre alto, moreno, con pelo entrecano, no llevaba corbata o saco. El abogado defensor de Henry vestía botas y cinturón piteados, pantalones de mezclilla, camisas con estampados de caballos y un reloj dorado.

Le preguntamos a Henry dónde lo había conocido. Dijo que se lo recomendaron sus compañeros de celda. Un mes después de la sentencia, cuando lo entrevistamos, todavía no sabía cuánto le iba a cobrar.

En uno de los recesos del juicio oral, el abogado de Henry platicó desenfadado con el ministerio público y con el abogado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas estatal; contó que tenía dos décadas como litigante y que su despacho de abogados era conocido por atender casos de policías municipales acusados de algún delito. También dijo que tenía un ranchito en Aldama, donde criaba gallos de pelea.

Durante todo el juicio oral en contra del Chiapas, Rivas Lerma se mostró confiado, tranquilo; sólo hizo una que otra pregunta a los testigos que presentó el ministerio público, ninguna que causara incomodidad o pusiera en duda las afirmaciones que se escucharon sobre su cliente. Los testigos que él iba a llevar no se presentaron. Un día, al terminar una de las audiencias, nos dijo:

Ustedes me ven tranquilo, pero más adelante yo explicaré. El caso dará un giro.

Y así fue. Un año después, en julio de 2025, el caso dio un giro.

Los jueces conocieron a la mayoría de las víctimas a partir de las fotografías que fueron proyectadas en las audiencias. Los rostros de los 21 hombres liberados en julio de 2019 iban pasando mientras un agente de la fiscalía leía sus nombres, edades, lugares de origen y el tiempo que cada uno había permanecido cautivo: Tres meses, seis meses, once meses, veinticinco días, dos años y diez meses…. Para los jueces, posiblemente, no había muchas diferencias: todos eran hombres flacos, sucios, demacrados, con la mirada perdida.

Cuando se proyectaban las fotos, el Chiapas apenas se movía. Mantenía la espalda encorvada y los brazos apoyados sobre el escritorio. En una de las últimas audiencias, le tocó subir a declarar. Antes de que lo hiciera, su abogado advirtió que sería un testimonio abierto, porque “su patrocinado” no respondería ninguna pregunta. A Henry le llevó menos de cinco minutos dar su versión: dijo que él solo era un chofer y que primero lo contrataron para transportar comida y fertilizantes. Después le pidieron que llevara personas para trabajar: “Yo no sabía qué trabajo era, ya después supe que eran plantíos de amapola”, declaró.

Lo demás que pasaba ahí, yo no me di cuenta. Nunca me di cuenta si trataban mal a la gente. Yo era lo único que hacía, era transportista.

Durante el juicio, el Chiapas también aseguró que los hombres que le pagaban eran el Chapo Calín y su hijo. Para ese entonces, junio de 2024, Melquiades Díaz Meza, alias Chapo Calín, llevaba un año muerto; había sido asesinado durante un enfrentamiento en Guachochi, de acuerdo con información que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua difundió el 29 de junio de 2023. Medios locales señalaron que en la confrontación murió también uno de los hijos del Chapo Calín, y que otro resultó herido. En esas publicaciones, recordaron que Melquiades Díaz, considerado uno de los lugartenientes del Cártel de Sinaloa en la Sierra Tarahumara, había sido apresado dos años antes y liberado meses después.

La detención ocurrió en agosto de 2021. Después de dos días de un operativo terrestre y aéreo en Guachochi, Melquiades Díaz fue aprehendido por elementos del Ejército y de la Fiscalía General de la República. El hombre, nacido en 1974 en Ciudad Juárez, fue acusado de controlar la producción y trasiego de drogas en la Sierra Tarahumara. Incluso la entonces secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, destacó su captura durante una comparecencia en el Senado de la República. Pero Chapo Calín estuvo menos de un año en la cárcel. En julio de 2022, medios locales reportaron que había sido liberado, sin dar detalles sobre cómo logró salir de prisión.

***

Durante un tiempo, según su propio relato, el Chiapas se dedicó a transportar a las personas que regresaban a sus casas después de trabajar en los campos de amapola. Pero en algún momento, nos dijo, ese traslado se volvió un camino de sentido único: sólo llevaba a los hombres a los campos, ya no sacaba a nadie de la sierra.

—¿Qué sucedió? ¿Por qué ya no sacaban a la gente?

—De eso ya no quiero decir.

—¿Tiene miedo?

—Sí. La verdad, sí

—¿De qué?

—De que me vayan a hacer algo…

—Aquí, en la cárcel, ¿ha sentido miedo?

—No, pues, aquí más a gusto. Porque estando en la casa yo sentía que iban a llegar y me hubieran matado.

Minutos después de este diálogo, un reo entró al salón de clases del Centro de Reinserción Social número 7 en donde estábamos entrevistando a Henry, hizo un par de preguntas al custodio y los dos salieron al patio del penal. Fue entonces cuando el Chiapas pidió apagar las grabadoras y habló con sigilo. Contó detalles de las amenazas y los golpes que había recibido cuando intentó dejar de transportar a hombres y víveres a la sierra. Nos dijo que ya no quería hacer ese trabajo porque le pagaban poco. Como respuesta a su intento de renuncia, dijo, recibió una golpiza: ahí perdió dos dientes y otros más le quedaron dañados. Esos dientes por los que muchos lo recordaban.

El Chiapas explicó que después de “los tablazos” lo dejaron un tiempo en la sierra. Su tarea era cuidar que no pasara nadie a la zona. Le dieron un arma: un AR15. Tener el fusil en las manos le causó un entusiasmo del que más adelante se iba a arrepentir: “Se me hizo fácil pedirle a un amigo que me tomara fotos con el arma y un chaleco. Pero borré las fotos de mi celular, porque dije: ‘Me va a comprometer’”.

En la entrevista, Henry mencionó también que había alguien que podía dar fe de la golpiza que recibió cuando intentó salirse. Dijo que su hijastro, Daniel, había presenciado cómo lo dejaron.

***

La avenida Nueva España es la columna vertebral que conecta todas las calles del sector Vistas Cerro Grande. Casi al final de ese corredor, a unas cuatro calles de los terrenos baldíos, está la casa en donde vive Daniel, hijastro de Henry. La construcción aún sin terminar es de una sola planta. El techo es de láminas y el piso de cemento. Un muro incompleto, una malla de alambre y un plástico pretenden hacer la función de una barda. En el interior, la luz natural es escasa.

En agosto de 2024, el hijastro de Henry permitió que entráramos a la casa; con gesto hosco, sin dejar de revisar su celular, escuchó las preguntas que teníamos. Sus respuestas se mezclaban con el sonido de las caricaturas del televisor. En la misma habitación, un bebé de meses permanecía en su mecedora.

Daniel también trabajó en los campamentos de la sierra. A diferencia de otros, a él sí le pagaron: recibió seis mil pesos por un mes y medio de trabajo.

—¿Qué cultivaban?

—Pues no sé cómo se llama. Es una bolita que sale [de] una flor.

—¿Ibas a rayar amapola?

—Sí

—A la gente con la que estabas trabajando, ¿le pagaron?

—Si, a varios. Eran como 50.

—¿Los dejaban salir?

—Pues sí, salían por partes. Póngale: unos diez, luego otros diez. Bueno, eso fue lo que yo escuché. Quién sabe cuántos.

—¿Había gente a la que no dejaban salir?

—Mencionaban algo de eso, pero pues ahí es asunto de los demás, de los encargados de ahí, no del Chiapas. Él nada más los llevaba y los traía. De los demás, no sé por qué no. Creo que se endeudaban o algo así.

—¿Tenían deudas por lo que compraban?

—Si comprabas, sí.

—¿Al Chiapas lo golpearon cuando quiso salir de ese trabajo?

—Lo vi cuando estaba golpeado. Esa vez llegó mal… Y mencionó algo de que lo habían amenazado con nosotros si él no seguía trabajando ahí.

El operativo de rescate realizado por la fiscalía en julio de 2019 no detuvo al grupo que esclavizaba hombres para la producción de drogas. No desmanteló a la estructura que engañaba, transportaba y mantenía campos de cultivo de marihuana y amapola entre las cañadas de la Tarahumara. Como si fuera una historia condenada a repetirse hasta convertirse en algo cotidiano, los relatos de hombres que huían de los campamentos volvieron a escucharse.

El 13 de febrero de 2022, un indígena rarámuri, originario de Guachochi, logró escapar de la zona serrana donde lo tenían trabajando como esclavo. Al mes siguiente se fugó uno más, después otro y luego otro más. En tres meses huyeron al menos cinco. Lo que narraron entonces recordaba aquello que BAR denunció cuando se escapó en 2018. Lo mismo que habían relatado los tres hombres que llegaron al puesto de control policial de las Estrellas en junio de 2019. La única diferencia era el lugar en que los habían enganchado: los indígenas rarámuris fueron trasladados desde Guachochi.

En esa ocasión, entre 15 y 20 rarámuris aceptaron las falsas promesas de trabajo y abordaron una camioneta RAM de color gris. A los hombres que los transportaron sólo los conocieron por su apodo: a uno le decían el Mingo, al otro lo llamaban el Chiapas. Ese hombre de estatura baja y bigote les dio un adelanto del pago: “Vete a tu casa, déjales dinero y aquí te espero”, les dijo. Durante el trayecto les compró cervezas. Antes de meterse por un camino de terracería les preguntó: “¿Quién va a querer drogarse?”. Hubo quienes sospecharon y reclamaron. El Chiapas, entonces, según los testimonios recabados por Pablo Collazo Cordero, ministerio público que investigó ese caso, sacó un arma y los amenazó: “Aquí no se va a bajar nadie”. Después de caminar por varias horas, el grupo de rarámuris llegó a un campamento donde había cuatro vigilantes que golpeaban a quienes se negaban a trabajar.

Los nuevos esclavos vivieron lo que otros ya habían padecido meses y años atrás: los mantenían trabajando siempre al borde de la inanición —a veces les daban “loco”, la mezcla de agua con harina de maíz—, sin dejarlos comunicar con sus familias, durmiendo en cuevas y amenazados. También les proveían cristal: los encargados del campamento anotaban en una libreta cuánto debía cada hombre por la droga que les suministraban. Para muchos, ese era el grillete.

Una semana después de su llegada, uno de los rarámuris se animó a escapar. Eso alentó a otros. Hubo quienes permanecieron en el lugar cerca de cuatro meses. Toda la temporada de siembra.

A diferencia de lo que narraron las otras víctimas en 2018 y 2019, en el caso de los indígenas de Guachochi hubo un cambio. En junio de 2022, algunos fueron liberados. Uno de ellos contó que los trasladaron a la periferia de Chihuahua, casi donde comienza la carretera que lleva a Ciudad Cuauhtémoc, muy cerca de la pequeña terminal de autobuses, el Oxxo y la gasolinera donde años atrás engancharon a Andrés. Ahí llegaron hombres a bordo de una camioneta roja, los hicieron formar y les pagaron cuatro mil pesos (algo más de 200 dólares) o menos.

Los testimonios de los rarámuris de Guachochi forman parte de una carpeta de investigación que integró Collazo Cordero, ministerio público de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada en Chihuahua.

En entrevista, el abogado nos dijo que, del grupo de rarámuris que abordaron esa camioneta que conducía el Chiapas, había un joven desaparecido. Cuando se lo llevaron a la sierra tenía entre 15 y 16 años. Quienes viajaron con él contaron que se había enfermado después de aplicar fertilizantes; algunos comentaron que lo vieron tirado, echando espuma por la boca, y que no podía moverse. Un día ya no lo vieron más.

***

El 15 de julio de 2024, tres jueces declararon culpable a Henry Giovanni Velázquez Barrera por el delito agravado de trata de personas, en su modalidad de trabajo forzado, en contra de los 21 hombres rescatados en julio de 2019 y los tres que escaparon días antes de ese operativo. Los jueces señalaron que el Chiapas era responsable de capturar, enganchar, transportar, retener con engaños y formar parte de la estructura que esclavizó a esos hombres para producir marihuana y amapola en la Sierra Tarahumara. “Si bien no estuvo la mayoría de los días en los campos y no estuvo directamente imponiendo castigos ni la alimentación deficiente, la trata de personas sanciona a quienes transportan”, dijo Zulema Sandoval Chacón, jueza encargada de leer la sentencia.

De acuerdo con el fallo, este caso mostraba una faceta poco abordada cuando se habla de los grupos del narcotráfico: “En general pensamos que, en el negocio ilícito relacionado con las drogas, la gente está dentro porque quiere: los que distribuyen, los que venden, los que suministran, los que preparan… [Pero aquí] se puede ver que la ilicitud del negocio de los estupefacientes viene desde forzar a cultivar la tierra. Y que no toda la gente que está haciendo siembra y cultivo de drogas está por voluntad”.

Los tres jueces determinaron que Henry debía pasar 22 años y seis meses en prisión. Es decir: menos de un año por cada una de las personas que fueron retenidas contra su voluntad y obligadas a trabajar hasta la extenuación. En México, la pena por el delito de trata es de 10 a 20 años de cárcel, pero se puede incrementar hasta la mitad de ese tiempo cuando se usa fanatismo, engaño, y hay más de una víctima. Los jueces también señalaron que el acusado tenía que pagar una multa de 4 millones 198 mil pesos. Para determinar esa pena consideraron que “hubo presiones, amenazas y que fueron suministradas drogas que ocasionaron una dependencia de las víctimas”.

El abogado defensor del Chiapas, Jorge Rivas Lerma, manifestó su desacuerdo con el fallo, pero no parecía muy preocupado. Al terminar el juicio oral, le anunció a su defendido que combatiría la sentencia con un recurso de apelación. El Ministerio Público tampoco estuvo satisfecho con la sentencia. Por eso después presentó también una apelación para que un nuevo tribunal considerara imponer una pena más alta: al menos 15 años por cada una de las 24 víctimas; es decir, cadena perpetua.

Eso no sucedió.

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Al investigar el caso de los rarámuris de Guachochi, el abogado Collazo Cordero, de la fiscalía estatal, llegó a los testimonios de los 21 hombres rescatados en 2019. Ahí supo que también se mencionaba al Chiapas como uno de los encargados de trasladar a quienes serían esclavizados. Para entonces, Henry ya había sido detenido.

En julio de 2023, Domingo V.B., alias el Mingo, fue vinculado a proceso penal. Un año después sucedió lo mismo con Alfredo B.E, alias el Comandante, y con Manuel de Jesús R.M., alias el Águila Dos. Los tres aceptaron su culpabilidad. El 20 de enero de 2025, cada uno fue sentenciado a 12 años y seis meses de prisión por el delito de trata de personas con penalidad agravada, en la modalidad de trabajos forzados, cometido en contra de seis indígenas rarámuris. Los tres condenados tenían al mismo abogado defensor: Jorge Rivas Lerma.

El Chiapas estuvo vinculado también a ese proceso penal y negó su culpabilidad en los hechos. El 20 de junio de 2025 comenzó el segundo juicio oral en su contra, pero la situación de Henry dio un giro inesperado para todos, salvo para su abogado, que un año antes había advertido que iba a pasar algo así.

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El 8 de julio de 2025, en la ciudad de Chihuahua, un tribunal de apelación presidido por el magistrado Gerardo Javier Acosta Barrera dio a conocer la revisión de la sentencia que un año antes había condenado al Chiapas a 22 años y seis meses de prisión. Su veredicto fue que los jueces cuantificaron erróneamente la pena impuesta, porque utilizaron un artículo de la ley que no era aplicable para el caso. El tribunal de apelación determinó entonces reducir la condena a 16 años y seis meses. También redujeron la multa: de más de cuatro millones de pesos, pasó a un millón 631 mil pesos. Aunque la sentencia lo favorecía, Henry ya no se encontraba en prisión cuando los magistrados dieron su veredicto. Ya había sido liberado.

La pregunta sobre cómo quedó libre el único acusado en el caso de las 24 personas esclavizadas en la Sierra Tarahumara, un hombre que debía enfrentar un segundo juicio por trata de personas y trabajo forzado, tiene una respuesta disparatada si nos atenemos a la explicación judicial: en su caso, increíblemente, se respetó el tiempo máximo de prisión preventiva.

La Constitución mexicana establece que una persona solo puede permanecer en prisión preventiva un máximo de dos años. Eso no impide que, según datos oficiales, miles de mexicanos sigan hoy encarcelados sin una sentencia aunque ya hayan pasado dos años encerrados. Henry, en cambio, parece haber tenido más suerte que ellos: los plazos se le respetaron al pie de la letra.

El Chiapas estaba oficialmente en prisión preventiva desde el 25 de junio de 2022, dos días después de haber sido detenido casi por casualidad. Su plazo para permanecer bajo esa medida cautelar vencía el 25 de junio de 2024. En esa fecha apenas estaban comenzando las audiencias del primer juicio oral en su contra, pero el ministerio público que llevaba ese caso, el abogado Carlos Reyes Chaparro, no solicitó la ampliación de la prisión preventiva. Henry no salió de la cárcel en ese momento porque ya estaba en marcha la acusación por el caso de los indígenas rarámuris de Guachochi y, en ese segundo proceso, también se le había ordenado la prisión preventiva.

El segundo juicio oral en contra del Chiapas empezó el 20 de junio de 2025. El viernes 4 de julio de 2025 tenía que realizarse una de las últimas audiencias de ese juicio, pero Henry ya no se presentó. Un día antes se había vencido el tiempo máximo de la prisión preventiva que cumplía por la segunda acusación. El ministerio público que llevaba ese caso, el abogado Collazo, tampoco solicitó otra medida cautelar: confiaba en que el Chiapas estaría en la cárcel por el primer juicio oral, ya que había sido condenado a 22 años y seis meses de prisión. Sin embargo, ese fallo aún no estaba “firme”, como se dice en el argot judicial. La sentencia todavía tenía que ser ratificada o desechada por el tribunal de apelación.

Así fue como el jueves 3 de julio de 2025, el Chiapas salió del Centro de Reinserción Social número 7, ubicado en Ciudad Cuauhtémoc, sin que nadie se lo impidiera.

Cuando dejó la cárcel, sólo faltaban siete días para que los jueces del segundo caso dieran su veredicto. En ese juicio se habían presentado como pruebas de su culpabilidad los testimonios de los indígenas rarámuris de Guachochi, que lo reconocían como uno de los hombres que los engañó con falsas promesas de trabajo y los llevó a la sierra. Además, tenían una fotografía de Henry posando sonriente con un fusil AR15. Una fotografía que el Chiapas había borrado de su celular, pero fue recuperada por la fiscalía.

Henry Giovanni Velázquez Barrera está prófugo desde el viernes 4 de julio de 2025, el día que ya no se presentó a la audiencia por el segundo juicio que enfrentaba. Hay, al menos, una orden de aprehensión vigente en su contra.

Epílogo

A pesar de la suma de violencias estructurales y tragedias particulares que convirtieron a los sobrevivientes en víctimas de trata, hay una distancia abismal entre habitar la periferia geográfica y económica de un territorio y ser golpeado, humillado y reducido a una bestia de carga que no merece más que lo mínimo que garantice la continuidad de su explotación. Andrés intenta traducir algo de esa distancia, de las cosas que les arrebataron cuando fueron esclavizados. La tarde que lo entrevistamos, después de escuchar su historia, le mostramos la fotografía que tomaron los agentes de la fiscalía el día del rescate: 21 hombres sucios y famélicos que posan para la cámara en entronque Las Estrellas.

A primera vista, todos se parecen. Hasta que los ojos de Andrés se acostumbran y los va reconociendo. Recuerda detalles, sobrenombres, fragmentos de vidas. “Este cabrón lloraba todos los días, decía que tenía ganas de comerse una hamburguesa”, cuenta, mientras señala a un hombre del grupo que viste una sudadera con la S de Superman. Lo conocían como Torreón o Rambo. “Todos los días decía: no mames, quiero comerme una hamburguesa. Yo comía y hacía ejercicio, le daba a la bicicleta, era bien fitness”. Señala otro, en la segunda fila, con una cachucha azul. “Este decía que se le antojaba escuchar unas rolas de Guns N’ Roses”. Otro, en la última fila. “El Porras tenía problemas con su niña, quería ver a su niña de tres años”. Sus ojos recorren la imagen y los nombra. El Azul, el Neto, el Oaxaca, el Rocker. “El Chivo se la vivía renegando, se quería agarrar a chingadazos, pero ya estaba ruco”. Se fija en un hombre de la primera fila. “Pues este señor casi no hablaba, decía que tenía unas hijas bien guapas”. Lo llamaban tío, a veces suegro.

“Usted lo ve como una foto de rescate, pero también nos vemos como una foto de humillación, porque no estamos presentables como personas”, explica Andrés cuando levanta la vista.

Si se fija, todos estamos hechos garras, todos estamos así: ¿Qué? ¿Cómo que una foto? ¿Qué quieres presumir? Son pocos, si se fija, los que tienen un rostro feliz.

En mayo de 2026, cuando pusimos punto final a este texto, Henry Giovanni Velázquez Barrera, El Chiapas, seguía prófugo.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua tampoco había detenido a los otros cuatro hombres sobre los que había una orden de aprehensión, acusados de trata de personas en su modalidad de trabajo forzado.

Ninguna autoridad, ni federal ni del estado de Chihuahua, realizó acciones de prevención para evitar que otros hombres pasaran por lo mismo, que terminaran como esclavos en los campos de cultivo del narcotráfico en la Sierra Tarahumara.

Nada cambió en el sector de Vistas Cerro Grande, en otras zonas de la periferia de las ciudades de Chihuahua y de Cuauhtémoc, en los cruces del tren o en el poblado de Guachochi. Jesús Omar Galindo, el Chuco, el joven de la colonia La Soledad que fue a la sierra como jornalero en 2020, sigue desaparecido.

Ninguno de los sobrevivientes que entrevistamos recibió un acompañamiento psicológico. Sus familias tampoco. Algunas ni siquiera fueron informadas de que existía un juicio en contra del Chiapas. No se les comunicó el veredicto, ni que había sido liberado.

Para julio de 2025, cuando el Chiapas salió de prisión, al menos cinco de los 21 hombres que fueron rescatados en el operativo de 2019 ya habían fallecido. Todos tuvieron muertes marcadas por violencia o enfermedades crónicas.

Hipólito Ponce de León González falleció el 15 de julio de 2023, pocas horas después de la golpiza que recibió en una de las calles de Vistas Cerro Grande. Tenía 41 años.

José González González murió el 15 de junio de 2021, como consecuencia de un “traumatismo craneoencefálico”. Así se registró en su acta de defunción. Le faltaban dos meses para cumplir 40 años.

Ernesto Hernández Porras falleció el 12 de noviembre de 2023. La causa registrada fue un choque séptico como consecuencia de una neumonía. Según el acta de defunción, llevaba unos meses padeciendo “tuberculosis pulmonar”. Tenía 44 años.

Ezequiel Barrera Huizar murió el 1 de noviembre de 2019. Padecía diabetes tipo 2 y hepatitis C, que se agravó por el consumo del alcohol.

Sergio González Cruz murió el 18 de mayo de 2022. Sólo faltaban dos semanas para su cumpleaños número 36. El acta de defunción dice que la causa de su muerte fue “asfixia por suspensión”.

Él fue uno de los tres hombres que consiguieron escapar, uno de los aparecidos que llegaron hasta Las Estrellas con la ropa raída y el cuerpo en los huesos. Gracias a su testimonio y el de sus compañeros la fiscalía pudo realizar el operativo de rescate de julio de 2019.

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* “Esclavos en la Sierra Tarahumara” es un proyecto del laboratorio de investigación periodística de Quinto Elemento Lab (México) y A dónde van los desaparecidos.

Investigación: Thelma Gómez Durán y Marcela Turati

Escritura: Marcela Turati, Eliezer Budasoff, Thelma Gómez Durán

Edición: Eliezer Budasoff

Diseño e ilustraciones: Alejandra Saavedra López

Programación: Diego Arce

Animación: Christian Trujillo

Imágenes: Jairo Sifuentes (dron), Oldemar González (mapa), Raúl Fernando Pérez Lira, Marcela Turati y Fiscalía General del Estado de Chihuahua

Audiencias y producción digital para redes sociales: Carlos Galeana, Raúl F. Pérez Lira.

Voz del audioreportaje: Daniel Giménez Cacho

Grabación y edición de audio: Rafael Avila/Estudios Galaz