¿Abatir al crimen organizado? | Artículo de Ana Lorena Delgadillo Pérez

Por Ana Lorena Delgadillo Pérez

Si alguien tenía dudas sobre que México es un país con “muchos territorios” ocupados y controlados por el crimen organizado, el domingo pasado las pudieron despejar. Cerca de 262 bloqueos y actos criminales en al menos veinte estados de la República Mexicana, fueron el resultado, en un solo día, del operativo para “capturar” a “El Mencho”, líder histórico del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En un país donde estamos acostumbrados a negar la realidad, ello no ameritó que la Presidenta suspendiera su gira por Coahuila; la vimos en los medios sonriente, tranquila, departiendo con las personas en la calle, como si no pasara nada. No hubo una cadena nacional para informar con claridad lo que había ocurrido y los siguientes pasos que tomaría el gobierno, menos aún para prevenir a las personas que se cuidaran de no salir por los efectos que podría tener una detención como la realizada. Parecía que había un plan para “capturarlo” pero no uno para hacer frente a las consecuencias que ello generaría. La información oficial del Gobierno Federal se limitó a un comunicado de la SEDENA, informando “sobre una operación para la detención de Rubén “N” (a) Mencho”, que se centró en los “fallecidos” y heridos durante la operación, y en quienes -como “El Mencho”- “perdieron la vida” en su traslado.

En la mañanera del lunes se dio cuenta de la realidad que vivimos en México a lo largo del domingo 22 de febrero; para el martes, los discursos de la mañanera pintaban otro México, un México donde aparentemente ya no pasaba nada.

Esto no es nuevo: en México se ha creado un lenguaje paralelo para disfrazar las cosas que tienen una enorme gravedad; matizamos las desgracias, ya sea porque queremos ocultarlas o quitarles su gravedad. Desde la época del expresidente Felipe Calderón, cuando empezó la gran ola de desapariciones, se les llamaba “levantones”. Ahora, con el gobierno de la Cuarta Transformación, los integrantes del crimen organizado que han sido enviados a Estados Unidos bajo exigencia de dicho país son “entregados”, porque no caben bajo la figura de la extradición, y a los ejecutados se les llama “abatidos”. Se ha creado un nuevo lenguaje que no solo diluye la gravedad, sino que también normaliza la violencia y la ilegalidad institucional.

Sobre la detención y la muerte de “El Mencho” mucho se ha dicho: que si convenía más matarlo que dejarlo vivo por todos los secretos que guardaba, que si el plan nunca fue capturarlo sino “abatirlo”, etc. Como defensora de derechos humanos, para mí resultó impactante ver los periódicos impresos de la Ciudad de México, todos con el mensaje “abatido”, y escuchar la radio repetir una y otra vez la misma palabra “abatido” con aparente normalidad y, en algunos casos, hasta con alivio.

Nos cuesta llamar las cosas por su nombre y, en este contexto, será difícil saber exactamente qué pasó; los juegos de palabras sustituyen las investigaciones y la exigencia de justicia. En otro país —con mucha más solidez en sus instituciones—, la operación que se nos ha vendido como un “éxito”, no habría quedado ahí; habría dado lugar a una investigación para indagar por qué no se le detuvo antes —sino hasta que tuvimos la presión de los Estados Unidos— y saber cómo es que tantas personas, incluida la más buscada, murieron en una detención.

Sostener una empresa criminal como la que tenía “El Mencho” solo se entiende con una red enorme de complicidades estatales. ¿Quién y cómo se investigará esta red? ¿Cómo es que, habiendo “El Mencho” construido una gran red de empresas criminales, no hubo investigaciones oportunas sobre lavado de dinero para detectarla? ¿Dónde estuvo el trabajo de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada y de la Unidad de Inteligencia Financiera durante tantos años para no percatarse del tamaño de la empresa criminal construida?

Sin embargo, nuestro país ha renunciado a que se haga justicia mediante nuestras leyes e instituciones. No existe una capacidad institucional para enfrentar al crimen organizado, o las alianzas con él son tan fuertes que acabar con el crimen organizado es acabar con los mismos gobiernos federal, locales y municipales que lo sustentan. Hay una conciencia de que nuestras fiscalías no nos alcanzan en capacidades ni en autonomía para enfrentar casos de macrocriminalidad que implican gran violencia y gran corrupción, además del involucramiento —por acción u omisión— del Estado.

La apuesta por la justicia, es que las instituciones responsables armen investigaciones sólidas, detengan a las personas —no las maten—, las enjuicien y sentencien —no renuncien a esto y las manden a otro país—. Difícilmente se podrá combatir la delincuencia organizada de estas grandes redes criminales si no se comienza por limpiar las instituciones de seguridad y justicia en México. Si la corrupción y la delincuencia están dentro, no hay salida.

Cualquier estrategia que vaya solo dirigida a combatir el crimen organizado y no la corrupción estatal, será fallida; cualquier estrategia que vaya solo destinada a abatir y no a probar con investigaciones sólidas, será fallida; cualquier estrategia que vaya dirigida a “enviar a otro país” y a no sancionar los crímenes en México, será fallida; cualquier estrategia que vaya dirigida a acabar con el líder del cartel y no a desestructurar las células y sobre todo, la colusión estatal, atacando los beneficios económicos que les genera, será fallida.

Cuando se entrega a los líderes de los cárteles a los Estados Unidos, cuando se les “abate”, no hay justicia. Queda una enorme deuda, con la verdad, la justicia y la reparación. ¿Será que el Gobierno mexicano está pensando en reparar a todas las víctimas causadas por los actos de estas grandes redes criminales? Porque seguro es que los crímenes que perseguirá la justicia estadounidense no son los que impactaron en la vida y la integridad de las víctimas mexicanas, eso lo sabemos de sobra, allá no se les juzgará por los homicidios, las desapariciones y otros graves crímenes cometidos. Queda en México un gran hueco de impunidad.

La detención y la ejecución de “El Mencho” nos dejan más preguntas que respuestas, pero sobre todo nos dejan la inquietud de que estamos en un país donde la línea entre la delincuencia organizada y el Estado se vuelve cada vez más débil y en algunas ocasiones es inexistente. El gobierno le apuesta a que olvidemos “la Barrenadora”, el “Huachicol Fiscal” y todos los casos de macrocriminalidad en los que se involucran personajes de la Cuarta Transformación.

Ahora la preocupación de la Presidenta es, en este momento, avanzar con el retroceso de la reforma electoral y consolidar el proyecto de su Cuarta Transformación, no el bienestar y la seguridad de las y los mexicanos, porque, si así fuera, la reforma que presentaría sería una integral para transformar la procuración de justicia y la seguridad ciudadana. Nada más lejano a eso.