Campos crea ‘unidad’ para indagar presencia de la CIA en Chihuahua; ya no hablará del tema

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, anunció la creación inmediata de una Unidad Especializada para investigar la presencia de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en el operativo que culminó con el desmantelamiento de un gran laboratorio de drogas sintéticas en El Pinal, municipio de Morelos. Después del despliegue oficial se registró un accidente que cobró la vida de cuatro personas, incluyendo dos agentes extranjeros.

Tras sostener una reunión con el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, la mandataria instruyó que esta nueva unidad concentre e integre las carpetas de investigación sobre los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril.

Para dirigir estos esfuerzos, Campos designó a Wendy Paola Chávez Villanueva (actual fiscal de Atención a Mujeres Víctimas del Delito) y aseguró que su trayectoria avala la objetividad y el profesionalismo necesarios para esclarecer los acontecimientos.

La gobernadora adelantó que su administración no emitirá más declaraciones para salvaguardar la investigación, pero reiteró que mantendrá una lucha frontal contra la delincuencia para evitar que millones de dosis de drogas contaminen las calles y mermen las finanzas del crimen organizado.

En mensaje a medios, Campos no dio ninguna explicación de la presencia de agentes extranjeros en México ni dio tiempos para finalizar la indagatoria.

La gobernadora tampoco aclaró si atenderá la ‘invitación’ que le giró el Senado de la República para explicar el asunto en una ‘Reunión de trabajo’ convocada para este 28 de abril de 2026, a las 11:00 horas.

Este anuncio se da en medio de un complejo contexto de tensión diplomática y de seguridad, detonado por las presuntas irregularidades en el operativo, pues la legislación mexicana impide la participación de agentes extranjeros en materia de seguridad.

Las víctimas del accidente registrado después del operativo fueron identificadas como Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI); el policía ministerial Manuel Genaro Méndez Montes, y dos funcionarios de Estados Unidos que, según medios como The Washington Post y Los Angeles Times, pertenecían a la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Según las investigaciones de Los Angeles Times, cuatro agentes de la CIA habrían participado directamente en el operativo sobre el laboratorio clandestino, vistiendo uniformes de la AEI de Chihuahua para mimetizarse con los elementos locales.

El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, afirmó primero que regresaban del operativo, pero luego modificó su declaración para sostener que los estadounidenses solo impartían capacitación sobre drones y pidieron apoyo de transporte a la caravana policiaca.

La presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que las operaciones conjuntas en territorio nacional con agencias extranjeras están prohibidas por la Constitución, limitando la colaboración estrictamente al intercambio de información y labores de inteligencia.

El Gobierno de México anunció una investigación de fondo y envió una nota diplomática a Estados Unidos exigiendo explicaciones claras sobre la actuación de sus agentes.

El académico Edgardo Buscaglia explicó que mandatarios locales como María Eugenia Campos ven en Washington una alternativa de seguridad, al considerar “por simple lógica y experiencia, que el Estado norteamericano, Estados Unidos, puede protegerla más que el Estado mexicano”.

Buscaglia sostuvo que Estados Unidos recurre a operaciones encubiertas en países donde percibe debilidad institucional o infiltración criminal, y anticipó que estas intervenciones continuarán al margen de las autoridades federales mexicanas.