Alertan sobre fraudes con inteligencia artificial que suplantan figuras públicas y la identidad de las víctimas
Los defraudadores obtienen documentos personales, abren empresas simuladas y manipulan emocionalmente a quienes caen en estas estafas, generando riesgos legales y patrimoniales significativos.
- Redacción AN / MDS

El abogado Aresvir Marín, especialista en prevención de fraudes, advirtió sobre el crecimiento de esquemas de fraude cibernético que utilizan inteligencia artificial para crear anuncios falsos en los que aparecen figuras públicas como la periodista Carmen Aristegui o el periodista Jorge Ramos, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, empresarios como Carlos Slim y Arturo Elías Ayub, con el objetivo de inducir a las personas a realizar inversiones.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, explicó que estos contenidos han alcanzado un nivel de sofisticación cada vez mayor. “Estoy viendo este video y cada vez detallan más. Es increíble. Bueno, es más convincente”, señaló, al describir un video hecho por inteligencia artificial que usurpa la identidad de Carmen Aristegui.
De acuerdo con el abogado, el uso de inteligencia artificial ha elevado el grado de realismo en imagen y voz, lo que incrementa la capacidad de engaño.
En este contexto, subrayó la importancia de hacer públicas las denuncias para fijar una postura clara y alertar a posibles víctimas. “Emitir una denuncia pública”, dijo, permite advertir “a cien, a miles de personas que están sufriendo hoy en día estos fraudes millonarios”.
Detalló que, además del fraude, se configura el delito de usurpación de identidad, previsto en el Código Penal Federal. Explicó que se trata de conductas que no se limitan a una entidad federativa, ya que los videos se difunden a nivel nacional, lo que les da un impacto federal.
Precisó que este delito prevé penas de “uno a ocho años de prisión” y que existe un agravante cuando se utiliza o imita la voz o la imagen de una persona para fines ilícitos, caso en el cual “se le sumará la mitad de años” a la sanción.
Ante la posibilidad de emprender acciones legales, Marín confirmó que las personas afectadas pueden denunciar por usurpación de identidad contra “quien resulte responsable”.
Añadió que existen otros delitos igualmente graves y recordó que recientemente lograron una sentencia condenatoria relevante. “Ya tenemos una condena que logramos hace no más de un mes, una condena de casi siete años de prisión a un defraudador”, indicó, al tiempo que explicó que uno de los involucrados logró huir y que continúan las investigaciones para identificar a más personas vinculadas con estas redes.
El abogado destacó que alcanzar una sentencia de este tipo no es sencillo y que, en algunos casos, las propias víctimas acceden a dar testimonio público. Relató que en uno de los asuntos atendidos se logró la recuperación del dinero mediante un acuerdo reparatorio de plazo diferido, con pagos a lo largo de dos años, que incluyó no solo el monto defraudado, sino también lo correspondiente a la reparación integral del daño, honorarios y lucro cesante.
Marín advirtió sobre una modalidad reciente que ha identificado en investigaciones en curso y que involucra a grupos de delincuencia organizada. Explicó que, en ciertos casos, los defraudadores utilizan la identidad de una víctima para cometer nuevos ilícitos.
Detalló que, tras un fraude por un monto de diez millones de pesos, los responsables usurparon la identidad de la víctima con los documentos que ella misma había entregado, presuntamente con la participación de una notaría y de alguna institución bancaria, para abrir una cuenta y constituir una persona moral.
A partir de ello, simularon pagos como si la empresa fuera de la propia afectada, lo que, según explicó, podría servirles para “en su momento enfrentar a la autoridad y tener algo con que defenderse”, además de permitirles defraudar a más personas usando la identidad de quienes ya fueron afectadas.
En ese sentido, aseguró que las propias víctimas, cuya identidad fue usurpada, podrían ser imputadas penalmente por delitos cometidos usando sus datos. Alertó que este escenario podría materializarse en uno o dos años, plazo habitual de estas investigaciones, y llamó a poner atención desde ahora a este problema para evitar que quienes fueron defraudados enfrenten procesos penales derivados de hechos en los que no participaron. “Imagínate que judicialicen a una víctima”, señaló.
Adelantó que el recién nombrado fiscal de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara, trabaja en una propuesta para atender este fenómeno desde el ámbito federal, dada su naturaleza nacional.
El abogado explicó que las víctimas suelen entregar copias de su identificación oficial, comprobantes de domicilio e incluso fotografías sosteniendo su INE. Señaló que en la mayoría de los casos no existe contacto personal con los defraudadores, ya que todo ocurre por internet, a través de aplicaciones que incluso se descargan desde tiendas oficiales, lo que genera una falsa sensación de certeza.
De acuerdo con Marín, el proceso suele iniciar cuando las personas hacen clic en anuncios que utilizan la imagen de figuras públicas, descargan aplicaciones de supuestas inversiones y comienzan a recibir estímulos constantes sobre ganancias rápidas y elevadas.
Estas ganancias, aclaró, son simuladas y están diseñadas para manipular emocionalmente a las víctimas, generar una conducta similar a la ludopatía y motivarlas a invertir cada vez más recursos. Posteriormente, en un solo día, se les informa que lo han perdido todo debido a supuestas caídas del mercado o quiebras empresariales.
“Es muy lamentable y hay víctimas jóvenes como víctimas de la tercera edad, de mediana edad, empresarios recién jubilados que invierten su pensión en ello”, apuntó. Los afectados llegan a vender propiedades o endeudarse mediante préstamos.
Concluyó que, en ese contexto, no tienen la culpa quienes buscan mejorar su calidad de vida, pero llamó a estar atentos a posibles estafas.

