Tribunal canadiense revoca laudo favorable a México en disputa con Oro Negro, según Global Arbitration Review
El fallo señala que el tribunal arbitral se declaró incompetente de forma indebida y cuestiona la falta de revelación de un posible conflicto de interés por parte de uno de sus integrantes.
- Redacción AN / MDS
Una corte de Ontario, Canadá, habría anulado el laudo arbitral emitido en 2024 que favoreció al Estado mexicano en el litigio con inversionistas vinculados a la empresa Oro Negro, y ordenó reabrir el procedimiento bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), según información del medio Global Arbitration Review.
La resolución determina que el tribunal arbitral actuó de forma incorrecta al declararse sin jurisdicción para conocer el caso, además de señalar que el árbitro chileno Andrés Jana no reveló un posible conflicto de interés.
En ese sentido, la corte sostuvo, según una resolución citada por el medio, que se tomó la decisión “al considerar que el tribunal se negó erróneamente a tener jurisdicción y que el árbitro chileno Andrés Jana no reveló un posible conflicto de intereses derivado de su trabajo como asesor legal”.
Con esta decisión, el caso volvería a la etapa de análisis de fondo, sin que ello implique de manera automática una condena contra México. En el caso de que el fallo resultara adverso para el Estado mexicano, éste podría enfrentarse al eventual pago de 270 millones de dólares.
Adicionalmente, la corte canadiense ordenó a México cubrir 100 mil dólares por costos procesales en un plazo de 30 días.
El laudo arbitral de 2024
El laudo original, emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, había desestimado la demanda de los inversionistas por más de 270 millones de dólares.
El tribunal concluyó que no tenía jurisdicción para resolver el caso y que los demandantes carecían de legitimidad suficiente, en parte debido a la doble nacionalidad de algunos de ellos. Asimismo, consideró que las pérdidas reclamadas eran de carácter “indirecto”.
Como consecuencia, se ordenó a Oro Negro pagar aproximadamente 400 mil dólares a México por los costos del proceso.
El litigio se remonta a la relación contractual entre Oro Negro y Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2013 y 2017, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, periodo en el que la empresa privada arrendó cinco plataformas petroleras -Primus, Decus, Laurus, Fortius e Impetus- a la petrolera estatal.
Los inversionistas sostienen que en 2015 Pemex habría inducido una reducción en las tarifas acordadas y que en 2017 se produjo la cancelación anticipada de contratos aún vigentes. Entre las acusaciones se incluyen incumplimiento contractual, trato preferencial a competidores y una presunta negativa a pagar sobornos, según la versión de los inversionistas.
Los demandantes, entre los que se encuentran diversos fondos e inversionistas internacionales, reclamaron daños derivados de incumplimientos de pago y de la terminación anticipada de contratos. La demanda fue iniciada en 2017 y el procedimiento para anular el laudo se presentó en Canadá en 2024.
Oro Negro, fundada en 2009, fue declarada en quiebra en junio de 2019 tras enfrentar el conflicto con Pemex, la caída de los precios del petróleo entre 2015 y 2016 y la cancelación de contratos. La empresa acumuló pasivos estimados en más de 950 millones de dólares, y sus plataformas fueron subastadas para cubrir deudas.
Los “entretelones” del arbitraje
En septiembre de 2024, la periodista Ana Lilia Pérez publicó en Aristegui Noticias el reportaje “Los entretelones de Pemex y Oro Negro en el arbitraje internacional”, en el que aportó detalles sobre el laudo del tribunal arbitral.
Pérez señaló que durante el proceso -que se prolongó por seis años-, salieron a la luz disputas internas, acusaciones de fraude y conflictos entre accionistas, directivos y bonistas de Oro Negro, así como investigaciones en curso en distintas jurisdicciones. Asimismo, refiere que algunos de los directivos de la empresa fueron objeto de indagatorias que derivaron en acciones judiciales y en la emisión de fichas rojas de Interpol.
Foto: Archivo Reuters
El reportaje identifica entre los principales actores de la empresa a Gonzalo Gil White -hijo del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz-, José Antonio Cañedo White y Carlos Enrique Williamson, quienes impulsaron la creación de Oro Negro como contratista de plataformas para Pemex. También señala la participación de Luis Ramírez Corzo, exdirector general de Pemex y quien encabezó previamente el área de Exploración y Producción.
La periodista también documentó la contratación de la firma Black Cube por parte de Oro Negro, una agencia integrada por exagentes de inteligencia israelí, que habría sido utilizada para obtener información sobre funcionarios de Pemex mediante identidades falsas y grabaciones encubiertas.
De acuerdo con el reportaje, dichas grabaciones fueron presentadas como parte de los argumentos de los inversionistas, aunque la defensa del Estado mexicano sostuvo que carecían de valor probatorio y que habían sido obtenidas de manera ilícita.
El trabajo periodístico añade que el caso arbitral incluyó señalamientos de una supuesta conspiración del Estado y tenedores de bonos, así como acusaciones de que Pemex habría inducido la reducción de tarifas contractuales y la terminación anticipada de los contratos.
