La otra simulación | Artículo

Rogelio Muñiz Toledo

“El presidente hasta los tiempos les impuso, y estos
en lugar de hacer valer la ley, emularán hasta el
nombrecito del coordinador de los trabajos de la
construcción de … Vaya, vaya son un #PRIMOR”
Martha Tagle *

El “proceso de selección del responsable para la construcción del Frente Amplio por México”, anunciado el 26 de junio pasado por las dirigencias de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, es una simulación con la que se podría configurar un fraude a la ley. Emulando a Morena, los partidos de la alianza Va por México decidieron colocarse también en la ilegalidad e incluso fueron más allá; en su proceso de selección anticipada de la o el candidato presidencial no solo incluyeron como mecanismo de decisión a las encuestas, sino que realizarán una votación abierta no solo a sus militantes.

Como en el caso de la simulación que armó Morena para legitimar la decisión del presidente López Obrador sobre la candidatura presidencial del partido oficial, los partidos de la alianza Va por México establecieron un método para definir en forma anticipada quién será la o el candidato a la presidencia de la república de la pretendida alianza opositora. Otra simulación en la sucesión presidencial de 2024. Tal vez el único aspecto positivo de esta simulación es que, a diferencia del proceso de Morena, el de los partidos de Va por México será un proceso abierto a la sociedad y razonablemente democrático.

La simulación que encierra el proceso implementado por el PAN, el PRI y el PRD, dirigido a cometer un fraude a la ley al menos en cuanto a la temporalidad de las precampañas, ha sido reconocida por seis de los diez aspirantes que han declinado participar en él. Gustavo de Hoyos, Germán Martínez, Alejandro Murat, Claudia Ruiz Massieu, Lilly Téllez y Damián Zepeda manifestaron serias dudas sobre la legalidad del método.

Incluso la aspirante que aparece como la más competitiva ha dicho claramente que el proceso es ilegal. En el programa Café Milenio la periodista Azucena Uresti preguntó a la senadora Xóchitl Gálvez: “¿Tú estás consciente de que están emulando a Morena en el tema de la ilegalidad, o no?” La respuesta de la senadora Gálvez fue contundente: “Sí, y está mal, y es algo de lo que voy a hablar hoy con los partidos”.

Pero a diferencia de la simulación de Morena, la de Va por México parece que no será una farsa. Hasta donde es posible ver, en la simulación que armaron PAN, PRI y PRD para adelantar las precampañas, sí habrá una competencia real por la candidatura presidencial. Si bien las reglas de la simulación de Va por México contienen deficiencias de regulación y algunos aspectos que podrían constituir mecanismos de control del proceso por parte de las oligarquías partidistas para favorecer a algún aspirante, hasta ahora todo indica que habrá una competencia efectiva y que no será tan fácil para las dirigencias de los partidos imponer a su favorito.

Como en el caso del proceso de Morena, en el de Va por México también se estaría consumando un fraude a la ley si los aspirantes incurren en actos anticipados de campaña durante sus recorridos por el país con la finalidad de posicionarse ante la ciudadanía de cara a las encuestas y a la votación con las que se definirá la candidatura presidencial.

Tal vez para quien en este momento encabeza las preferencias de la ciudadanía para obtener la candidatura, la senadora Xóchitl Gálvez, pueda resultar relativamente sencillo ajustarse a la ley y a lo que les ha ordenado el INE, para no incurrir en actos anticipados de campaña.

Pero no será así para quienes se vean en la necesidad de ser más osados para intentar alcanzar a quien lidera las preferencias en las encuestas; como ha sido el caso de Marcelo Ebrard en el proceso de Morena y como podría sucederle al diputado Santiago Creel. La desesperación puede llevarlos no solo a cometer errores y a incurrir en actos que rayen en lo ridículo o en lo melodramático, sino a rebasar las restricciones legales e incurrir en actos anticipados de campaña.

Lo que resulta increíble es la posición de algunos de los promotores del método, dirigentes partidistas y de organizaciones de la sociedad civil y prosélitos de los aspirantes. Para defender el proceso frente a los señalamientos sobre su naturaleza ilegal o en relación con la simulación que encierra, argumentan que como Morena está haciendo lo mismo y las autoridades electorales no intervienen para frenarlo, no había otra salida que caer también en la ilegalidad en aras de no quedarse rezagados en la competencia.

La senadora Xóchitl Gálvez es un claro ejemplo de que sí es posible construir una candidatura competitiva sin violar la ley y sin incurrir en actos anticipados de campaña. Sin embargo, PAN, PRI y PRD han optado por seguir a Morena en su ruta ilegal para adelantar la precampaña.

Seguir los pasos de Morena en estos temas no es nuevo para los partidos de Va por México. Ya lo habían hecho en la más reciente elección del Estado de México: en agosto de 2022 Morena designó a Delfina Gómez como “Coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación” en la entidad federativa; semanas después el PRI designó a Alejandra del Moral como “Coordinadora de la defensa del Estado de México”. En ambos casos buscaban evadir las restricciones que impone la ley en materia de precampañas; pero, a diferencia de lo que sucede ahora, en aquella ocasión no se desplegaron de manera ostensible precampañas adelantadas porque las candidaturas ya estaban definidas.

La supuesta legalidad del proceso de definición de la candidatura presidencial de Va por México no se sostiene. El que se presenta como el argumento aparentemente más sólido es la creación del Frente Amplio por México, pero en realidad eso no proporciona ninguna base legal a la simulación en la que se está incurriendo. La figura del frente tiene base legal, no constitucional como erróneamente se ha señalado, y tiene como finalidad “alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos de índole no electoral”. En ninguna circunstancia puede afirmarse que es la base legal para sostener la elección de una o un candidato presidencial en forma simulada.

El antecedente de esta estrategia se remonta al proceso electoral 2017-2018. En aquella ocasión, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) recurrieron a la figura jurídica del frente para lograr los acuerdos que, posteriormente, permitirían procesar lo que sería la coalición electoral “Por México al Frente”. En septiembre de 2017, PAN, PRD y MC registraron ante el INE al “Frente Ciudadano por México” y lo utilizaron para dar cobertura a las negociaciones para construir un proyecto para formar el primer gobierno de coalición en México. Con la diferencia de que en esa ocasión no desplegaron un proceso adelantado de precampaña para la definición de la candidatura presidencial, como sí lo hacen ahora. En 2017 no hubo simulación.

El frente de 2017 fue un espacio para construir acuerdos políticos entre las diversas fuerzas políticas. La candidatura de Ricardo Anaya se consensó entre las dirigencias de los partidos. A diferencia de lo que pretenden hacer ahora, aquel fue un proceso legal pero no democrático. Hoy que las oligarquías de los partidos cedieron en parte a las demandas de la sociedad para que el proceso fuera democrático, o al menos abierto a la ciudadanía, escogieron un método ilegal.

Paradójicamente, el “Frente Ciudadano por México” del PAN, PRD y MC en 2017 fue considerado por sus dirigentes como un frente “Anti-PRI” y “más allá de partidos y candidatos”. Ahora el PAN y el PRD pretenden utilizar la creación del frente para procesar la candidatura presidencial, pero no con MC sino con el PRI. Este hecho de alguna forma le da la razón a MC cuando se niega a participar en este frente en congruencia con su máxima: “con el PRI ni a la esquina”.

El argumento de que como ni el INE ni el Tribunal Electoral han frenado la simulación de Morena, entonces PAN, PRI y PRD se ven obligados a hacer lo mismo para no quedar fuera de la competencia, tampoco se sostiene. Dar por válido ese argumento implica no solo colocarse del lado de quien ha decidido violar la ley, en lugar de combatirlo, sino pasar de criticar la inaceptable frase del presidente de la república: “no me vengan con que la ley es la ley”, a asumirla para justificar su actuar ilegal.

Más grave aún es escuchar a promotores del método, dirigentes partidistas y de organizaciones de la sociedad civil, prosélitos de los aspirantes y analistas decir que como el INE y el Tribunal Electoral ya validaron la simulación de Morena, entonces las oposiciones también pueden recurrir a una simulación. Digo que es más grave, porque se trata de una afirmación no solo alejada de una posición ética basada en el respeto irrestricto al principio de legalidad, sino porque parte de una falsa apreciación de la realidad, por decir lo menos, que genera confusión.

Movimiento Ciudadano, el único partido político nacional que ha optado por mantenerse dentro de la legalidad en este tema, impugnó tanto el acuerdo de Morena como el método de los partidos de Va por México y es falso sostener que el INE ha avalado dichos procesos. Por el contrario, en ambos casos ha dictado medidas cautelares, en su vertiente de tutela preventiva, ordenando a los partidos a que ellos y sus aspirantes a la candidatura presidencial se ajusten a los límites y parámetros constitucionales y se conduzcan conforme a los principios de legalidad y equidad en la contienda.

La legalidad o no del acuerdo de Morena y del método de los partidos de Va por México serán resueltas en el Tribunal Electoral en los próximos días. El Tribunal Electoral aún no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto. Por eso también es falso sostener que ha avalado el proceso de Morena.

Además, en el caso de Morena, en el INE se discutió la posibilidad de ordenar que se suspendieran todos los actos públicos abiertos de la y los aspirantes de Morena, el PT y el PVEM, derivados del ilegal acuerdo de Morena, y referidos como recorridos o “asambleas informativas”. La propuesta partía de considerar que dichos eventos podrían constituir actos anticipados de precampaña o campaña. Aunque la medida no se aprobó porque solo contó con el voto a favor de la consejera Beatriz Claudia Zavala Pérez frente a los votos en contra de la consejera Rita Bell López Vences y del consejero Jorge Montaño Ventura, será el Tribunal Electoral quien en breve se pronuncie en definitiva sobre el asunto.

A diferencia de lo que piensan los promotores y los defensores de ambas simulaciones, la de Morena, PT y PVEM, y ahora la de PAN, PRI y PRD, ni el INE ni el Tribunal Electoral han dicho la última palabra sobre este tema y es muy probable que en los próximos días haya decisiones judiciales que obliguen a los partidos a rectificar, a modificar sus estrategias para dejar de incurrir en la simulación y el fraude a la ley con sus precampañas adelantadas e ilegales y a ajustarse a la ley.

* Martha Tagle es una política feminista mexicana. Ha sido una destacada
legisladora de MC. Es consultora en género y derechos humanos