Estamos dentro de una crisis constitucional; no se habían dejado de atender suspensiones: juristas

Diego Valadés, investigador Emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Miguel Carbonell, director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, coincidieron en que México se encuentra dentro de una crisis constitucional en la que autoridades dejado de atender suspensiones y además hay una discrepancia profunda entre los tres Poderes de la Unión.

“No estamos en víspera de una crisis constitucional, ya estamos adentro, ya estamos inmersos, porque no habíamos visto estas circunstancias tan graves (…) no habíamos visto que se dejaran de atender suspensiones dictadas por más de 70 jueces a todo o largo y ancho del país, no habíamos escuchado nunca de que en una sesión pública del pleno de la suprema corte uno de sus integrantes acusara a los demás de estar cometiendo un golpe de Estado”, aseguró Carbonell.

“Una crisis constitucional significa que hay discrepancias profundas en cuento a la interpretación y aplicación de la constitución por parte de los actores del poder y nos encontramos con que todos los actores del poder tiene en este momento una lectura distinta de la constitución y además imputa a aquellos con quienes no tiene una relación satisfactoria la responsabilidad de esa alteración en la vida institucional y constitucional del país”, sostuvo por su parte Valadés en Aristegui En Vivo.

Además, Valadés destacó que como ciudadanos se debe hacer un llamado y decir: “ya abandonen esa retórica de la intransigencia y adopten una retórica de la búsqueda del encuentro, simplemente civilizado”.

Consideró que es absurdo lo que estamos viendo en cuanto a que las autoridades más importantes que establece la constitución tengan interrumpidas entre sí las relaciones de carácter, incluso, personal.

Por su parte, Carbonell afirmó que debe ser atendido el llamado realizado por Diego Valadés, ya que no se debe esperar a que lo hagan las autoridades que ya han demostrado que son incompetentes a un nivel extremo.

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Además, respecto a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó abrir un expediente o controversia para analizar si tiene facultades legales para revisar la constitucionalidad de la reforma judicial mediante las impugnaciones que han presentado jueces y magistrados federales, afirmó que se habla de un tema de procedencia que solo se asoma a la posibilidad de revisar el procedimiento de reforma

Además, destacó que esta es la primera de seis consultas a trámite que quedan pendientes.

¿Norma Piña puede suspender implementación de reforma judicial? 

Al ser cuestionados sobre si Norma Piña tiene facultades para suspender la implementación de la reforma judicial en el marco de la controversial que se discutió, Valadés consideró que no.

“No hay ninguna facultad y tendría que ser expresa, en la constitución o en las leyes derivadas de la constitución que faculte a la presidenta de la corte para tomar una decisión de esas características, entonces estoy seguro de que eso no procederá”, argumentó.

Por su parte, Carbonell destacó que él sostiene que se puede revisar el procedimiento de reforma, porque el poder reformador de la constitución es un poder construido que está sujeto al acatamiento y el cumplimiento de los requisitos que señala el artículo 135 de la propia constitución conforme a los pasos que hay que cumplir.

“¿Puede un tribunal constitucional, puede una jurisdicción constitucional declarar inválida, por razones de contenido, una reforma constitucional? Estamos en terreno delicado, yo me atrevo a decir que sí se puede, en algunas circunstancias muy puntuales”, aseveró.

El jurista puso un ejemplo en el que cuestionó qué pasaría si en una reforma constitucional se decreta que ya no va a haber partidos políticos en México, y que va a haber un partido único que es el que gobierna actualmente.

“¿No sería esto parte de una revisión, de una defensa constitucional encabezada por el tribunal más alto del país para evitar que lo que hoy es un régimen constitucional deje de serlo y pase a ser un régimen autonómico, una dictadura? Yo pienso que ahí hay un límite”, agregó.

“Yo creo que lo que no puede hacer un poder constituido es convertirse en un poder constituyente, en una serie de poder soberano, omnímodo que ponga en la constitución, utilizando el procedimiento, en realidad un nuevo estado que de constitucional no tendría nada”.

Sin embargo, cuestionó si esta reforma judicial de la que se habla llega hasta ese límite de desdibujar completamente lo que significa el estado constitucional de derecho.

“Esa es una pregunta que hay que constar con mucha prudencia y no sé hasta que punto también la corte esté dispuesta a llegar a eso”, agregó.

Por su parte, Valadés discrepó, pues desde su punto de vista un tribunal constitucional no puede actuar más que dentro de los límites y con las facultades que le da la constitución, que no implican la revisión de las decisiones acerca de la reforma constitucional.

“Porque en ese momento tampoco estaría actuando conforme a la constitución y entonces el poder constituyente lo estaría absorbiendo el propio tribunal constituyente”, agregó.

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