Historial oculto de la Policía hondureña: un patrón de reincidencia criminal sin frenos

Por Celia Pousset para CONNECTAS y El Heraldo

El regreso del expresidente Juan Orlando Hernández (JOH) a Honduras —condenado por narcotráfico en una corte de Nueva York en 2024 e indultado por Donald Trump en 2025— coincide con una fecha incómoda para su legado: diez años de la Comisión Depuradora de la Policía, promovida por él.

La Comisión surgió tras varias revelaciones de la prensa, entre las que destacan las de El Heraldo y una del New York Time, que denunciaban vínculos entre policías y estructuras criminales, que incluían la participación de agentes de altos rangos en los asesinatos del exzar antidroga y de un asesor de seguridad. Años más tarde, en su juicio, se demostró que JOH también tenía nexos con estructuras criminales. La misión de esta Comisión fue extendida hasta 2019, y despidió a casi 5.700 policías en tres años.

Sin embargo, esta investigación tuvo acceso, analizó y contrasto informes de la Inspectoría General de la Secretaría de Seguridad y halló que algunos policías señalados de participar en asesinatos y/o tráfico de droga lograron mantenerse en la institución, e incluso ascender. Mientras que otros que habían sido depurados por esta Comisión han sido reincorporados, tras demandar al Estado por despido injusto e ilegal.

Este reportaje también encontró que no todos los hallazgos de estos informes policiales derivaron en investigaciones del Ministerio Público. Algunos casos aparentemente sí llegaron a la Fiscalía, de acuerdo con la información que la Dirección General de la Fiscalía compartió con esta investigación. Sin embargo, a pesar de que los señalamientos tienen más de una década, permanecen en reserva y sin condena.

Para comprender las razones, el equipo periodístico entrevistó a operadores de justicia, miembros de la última comisión depuradora, autoridades, agentes y exagentes cuyo trabajo era investigar a otros policías. Los consultados señalan que la impunidad radica en la manipulación de expedientes, la falta de datos en las investigaciones penales, la desaparición de testigos claves y la poca independencia de las entidades que investigan esos casos.

“Es un problema desde antes y ahora en la estructura policial sin ningún control. Hasta la fecha no tenemos una investigación en contra de alguno”, señaló la Unidad Fiscal de Apoyo a la Depuración Policial consultada para este reportaje.

La exviceministra de Seguridad Julissa Villanueva, desde el exilio, cuenta lo que vivió en sus cuatro años en el poder (2022-2026): “Hay varios casos claros donde se demuestra que quien debía depurar a los policías corruptos era el ministro de Seguridad”, explica. Sin embargo, los policías señalados entorpecían fácilmente los procesos judiciales usando certificados médicos para no asistir a las audiencias. “La Fiscalía tiene los expedientes de los casos de asesinatos de fiscales antidroga y nunca se hizo nada contra los actores intelectuales que son los mismos policías. Yo salí del país cuando gente de inteligencia militar me informó que la misma policía había puesto el valor de cinco millones de lempiras a la cabeza de mi hija”.

Villanueva denunció en 2023 la “complicidad” de la Policía Nacional en la masacre que ocurrió en la penitenciaría de Támara, donde 46 mujeres privadas de libertad fueron asesinadas en manos de supuestas pandilleras del Barrio 18. La exviceministra indicó que la mayoría de los casquillos encontrados en la escena criminal pertenecen a la Policía y concluyó que las armas que sirvieron a la masacre fueron prestadas. El equipo preguntó a la Fiscalía si existen investigaciones contra policías por esta situación, pero hasta la fecha de publicación de este reportaje la solicitud no fue contestada.

El equipo periodístico entrevistó de forma independiente a dos expolicías que investigaron  para la Inspectoría General a policías que presuntamente cometieron delitos. Ambos describen una situación similar: no se trata de negligencia, es impunidad. Uno de ellos contó: “Hay manipulación de los expedientes para proteger a determinados oficiales, se quita páginas, se desaparecen informes investigativos, se saca pruebas de los expedientes”.

Los policías investigadores remiten sus informes a las autoridades policiales y departamentos pertinentes dentro de la misma institución, que deben verificar la información y mandarla si hace falta al Ministerio Público. Pero “cada eslabón representa un filtro. Porque un funcionario dice ‘X es mi amigo’ y no lo pasa al otro nivel. Si hay que proteger a alguien, lo protegen. De esta forma los informes se estancan”, señaló uno de los expolicías.

“Los altos mandos policiales pasan en nuestro tribunal, pero los casos se caen”, explica un juez del circuito contra el crimen organizado. Según él la falla está en la poca investigación y la escasez de pruebas. “¿Dónde está el dinero que se blanqueó? ¿En inversiones inmobiliarias, en cuentas bancarias, en caletas? ¿Y dónde está el vínculo con el crimen organizado? No se puede probar nada sólo con decirlo”. Un caso de lavado de activos (el delito por el que más procesan a los policías depurados) bien investigado son 50 documentos y un testigo protegido, dice. Y lo que se ve en los tribunales, continúa, es lo contrario: muchos testigos y pocos documentos.

La Unidad Fiscal de Apoyo a la Depuración Policial lamenta la serie de absoluciones que recibieron policías en los últimos años: “Es un error grave ya que esto fomenta la impunidad, los tribunales no analizan la prueba del Ministerio Público y se basan en reformas ya derogadas, pero en la acción de privación de dominio se les priva de los bienes. Esto es una contradicción de un sistema de justicia desigual”, comentaron.

En Honduras, el 55% de la población piensa que los policías y militares protegen a la gente rica y narcotraficantes, mientras el 30% siente miedo ante la presencia de policías. Esta percepción se sustenta en delitos graves cometidos por policías, que han derivado en escándalos mediáticos.

Por ejemplo, esta investigación identificó en los informes de la Inspectoría y en publicaciones de prensa señalamientos de participación de policías en los asesinatos de siete trabajadores de diferentes fiscalías del país.

Tras cada escándalo, las autoridades hondureñas recuerdan o activan procesos de depuración en la institución. Pero la mayoría de los casos quedan sin esclarecerse. En la mayoría de los casos solo se investigó y condenó a los autores materiales. Pero en uno de los casos más mediáticos, el del asesinato del director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, Julián Arístides González, en 2009 permanece en total impunidad.

El último hito de la depuración policial ha sido objeto de críticas. Figuras de referencia en el combate contra el crimen en la Policía Hondureña, como la excomisionada María Luisa Borjas, critican la Comisión Depuradora de 2016 por no haber respetado un procedimiento legal y alegan que la mayoría de las demandas de policías depurados serán ganadas por los mismos. Según la Procuraduría General de la República, existen 527 demandas de policías  depurados en contra del Estado.

Ahora, muy poco se sabe sobre los procesos administrativos de reincorporación. Nelson Castañeda, director de Seguridad de la ONG Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) —parte de la Comisión de 2016— comenta que la ASJ no sabe cómo se está realizando estos procesos: “Se habla de bastantes reintegros y de bastantes personas que están pidiendo retornar a la institución. Pero definitivamente será la Secretaría de Seguridad, a través de la Procuraduría General de la República y otros entes encargados que deberán de buscar una estrategia. Número uno, para evitar infiltraciones y número dos, para no crear condiciones que puedan vulnerar derechos, porque eso al final tendría una repercusión en las finanzas del Estado”.

“Los altos mando están protegidos por los directores”, confirmó un expolicía quien trabajó siete años en Asuntos Internos de la Policía. “A mí me despidieron porque investigué a tres jefes policías por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.” Ahora, el expolicía lleva unos jeans y una gorra de deporte, pero extraña su uniforme. Se moviliza con cuidado en ciudades hondureñas porque sabe “demasiado” sobre sus excompañeros. Está convencido que el sistema actual de control es tan solo un “archivero de denuncias”: “No entienden cómo funcionan los policías, cómo delinquen, y los policías andan más sueltos que nunca, sin frenos.”

La viceministra Villanueva aseguró que hay informes sobre policías corruptos que nunca han llegado al Ministerio Público, y agregó: “Y de los mismos que en el pasado han sido protagonistas de corrupción que están en el poder vigente”.

Conozca más de los casos de corrupción policial en Honduras que quedaron en impunidad acá.