AMLO-Claudia: Impunidad transexenal | Artículo de Héctor Tajonar

¿Por qué López Obrador está empeñado en consolidar y prolongar el presidencialismo autocrático que él ha impuesto, si ya no va a ocupar el cargo a partir del 1 de octubre?

Veo dos razones principales. La primera, abierta y explícita, es garantizar la continuidad de la 4T a través de su probable sucesora. La segunda, oculta y apremiante, es contar con la garantía de impunidad absoluta frente a posibles investigaciones o procesos de presunta corrupción; contra él, así como de sus familiares, allegados, socios y cómplices.

Su obsesión de perpetuarse en el poder no está en duda, el problema es cómo pretende lograrlo y con qué consecuencias.
López Obrador se niega siquiera a pensar en aceptar una derrota electoral porque ello supondría que él y los suyos podrían ser procesados por los delitos de corrupción que se han multiplicado en el corazón mismo de la cuarta transformación; la podredumbre inunda las entrañas de Palacio Nacional. Eso lo aterra y está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para evitarlo.

Por tanto, la prioridad y mayor preocupación del inquebrantable binomio AMLO-Claudia es garantizar la impunidad transexenal para la oligarquía de la 4T. Desaparecer de la faz de la justicia a la corrupción cometida por la élite civil y militar que rodea al presidente, como ha ocurrido durante este sexenio de simulación y opacidad sin par. Ocultar ese legado putrefacto es la carga más ominosa que López Obrador quiere heredarle a Sheinbaum.

Desde su toma de posesión, el demagogo populista reconoció que la corrupción es el problema más grave de México y se comprometió a erradicarla. Su falso combate a la corrupción representa la mayor derrota política y moral de López Obrador, así como un rotundo fracaso de la cuarta transformación. La corrupción impune revela el verdadero rostro del déspota y exhibe su gran traición a México al haberse convertido en ciego y silente cómplice de la corrupción a gran escala practicada con total cinismo e impunidad por sus familiares, colaboradores y socios.

Asimismo, ha fungido como tapadera de su antecesor. Para ello montó dos de las grandes farsas de su gobierno: la consulta sobre si se debería juzgar a los expresidentes, y el juicio a Emilio Lozoya. A ello se debe agregar lo que he llamado “el triangulo de la narcorrupción” en el que presuntamente están coludidos el crimen organizado, la élite militar y el Ejecutivo. El caso del general Cienfuegos es parte de ese pantano, tan complejo como pestilente. La militarización es otra de las nefastas herencias del jefe máximo de la regresión autoritaria. Sometida, su candidata niega la evidencia; la orden es consolidarla no revertirla.

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Las reformas constitucionales propuestas por el mandatario quedaron formalmente integradas al proyecto de gobierno de Claudia Sheinbaum, cuya primera orden como candidata morenista el 1 de marzo fue hacerles firmar una carta a los cientos de candidatos de su partido al Congreso federal en la que se comprometen a votar “sin reservas” todas las reformas contenidas en el llamado Plan C. La abyección legislativa quedó rubricada.

El apoyo es irrestricto, sin ambigüedades; al macuspano no le gustan las medias tintas, “o estas conmigo o estás contra mí”. Además de la sujeción firmada, la ungida debe ser y sentirse vigilada ante las posibles desviaciones de una “continuidad con cambio”. De ello se encargan César Yáñez y Alejandro Esquer, dos incondicionales del mandamás.

Como se vio desde su presentación como candidata oficial de Morena, ha adoptado la estrategia de comunicación presidencial. La misma estructura de cien puntos, el mismo tono, la misma demagogia; con derroche escenográfico y logística clientelar para llenar el Zócalo, ahora sí, con la Bandera Nacional izada y el Palacio Nacional libre de vallas de acero de tres metros de altura.
Todo ello para simular una toma de posesión en lugar de un inicio de campaña y, al mismo tiempo, reafirmar el derecho de posesión del autócrata sobre el lábaro patrio, la Plaza de la Constitución, el palacio que habita, “el pueblo”, y, por supuesto, la cuarta transformación presente y futura. El patrimonialismo en su máximo esplendor: esto es mío y haré todo lo necesario para que lo siga siendo.

¿Hasta dónde llegará la intromisión de López Obrador para lograr la victoria de la candidata de Morena en los comicios, y qué ocurriría en el caso de que la votación ciudadana no la favoreciera?

La incertidumbre democrática sobre quién ganará la elección presidencial del 2 de junio va acompañada de una creciente inquietud provocada por el autoritarismo electoral implantado por el régimen de la 4T. El panorama político-electoral se enrarece más cada día; la polarización se radicaliza a extremos inéditos y peligrosos. El presidente, secundado por su ungida, habla de la posibilidad de un golpe de estado técnico fraguado por la oposición para no reconocer el triunfo de la abanderada de la coalición Sigamos haciendo historia.

En un acto de insólita irresponsabilidad política, el jefe del Estado mexicano expresó el riesgo de que las autoridades electorales sean proclives a atentar contra las leyes que las rigen, con el fin de derrocar el orden constitucional. La acusación presidencial es aberrante e inadmisible debido a que en su calidad de Supremo Poder Ejecutivo es él quien representa, preside y tiene como responsabilidad fundamental garantizar el cumplimiento de la Carta Magna, el funcionamiento de las instituciones democráticas y la integridad electoral.

Previendo un resultado adverso en las urnas, el mandatario hace lo contrario como parte de su estrategia para asegurar a toda costa el triunfo de Claudia Sheinbaum. Sus delirios y desvaríos parten de la posibilidad de la victoria por un margen menor al 5% que pudiera ser impugnado, o bien de que gane Xóchitl Gálvez. En el bando contrario al gobierno surgen voces que predicen una revuelta popular o un estado de excepción en caso de un resultado electoral adverso a la 4T. Tal extremismo es contrario al espíritu y a la salud democráticos, además de poner en peligro la estabilidad de la nación.

Mañosamente, el demagogo imputa el concepto de golpe de estado técnico al INE y el Tribunal Electoral, siendo él quien planea utilizarlo en caso necesario. Por eso se ha empecinado en destruir la autonomía de las autoridades electorales, así como la independencia del INAI y la Suprema Corte a través del Plan C.

La condición para la aprobación de ese proyecto reaccionario es el triunfo de su candidata y la obtención de mayoría calificada en el Congreso. Ello no depende de la voluntad presidencial, pero sus trampas pueden ayudarlo. De lo contrario, está preparado para arrebatar.

¿Qué hacer ante este desolador panorama? Existen tres factores que podrían evitar la debacle democrática y la impunidad transexenal impulsada por el (hasta ahora) inquebrantable binomio AMLO-Claudia.

La autonomía, todavía existente, de las instituciones electorales y judiciales, así como la responsabilidad y patriotismo de quienes las integran; el imperio de ley, así haya sido menguado; y, sobe todo, la fortaleza y convicción democrática de la ciudadanía, que aun está por manifestar su poder en las urnas.

Recordemos que la insaciable codicia de dominio padecida por López Obrador tiene un obstáculo infranqueable, el precepto fundacional propuesto por Madero: “Sufragio efectivo, no reelección”. El artículo 83 constitucional, limita el encargo de Presidente de la República a seis años, “…en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto”.

Las experiencias reeleccionistas en la historia de México han tenido desenlaces adversos o trágicos: las tres de Juárez, las siete de Díaz y el frustrado intento de Obregón. Alemán intentó una “prórroga”, para no utilizar el concepto vedado de reelección, pero todo quedó en un sueño incumplido. López Obrador también ha recurrido, hasta ahora sin éxito, a malabares jurídicos como la “prolongación de mandato” para extender su permanencia en el cargo.

Por tanto, lo más factible es que intente imponer un Maximato, como el que ejerció Calles, considerado el creador del sistema político del México post revolucionario del cual López Obrador aprendió las viles artes del chanchullo y la simulación en las que hoy es experto.

Una de las reglas de oro de ese sui géneris régimen político fue garantizar la continuidad de la corrupción impune en la cúspide del poder, que fue y sigue siendo el aceite que permite el funcionamiento de la maquinaria gubernamental. El encubrimiento de la corrupción pasada ha permitido y fomentado el ejercicio de la corrupción presente.

Ello hizo posible la unidad de la familia y el régimen revolucionarios, a pesar de desavenencias y fracturas internas. Incluso después de la alternancia, los gobiernos del PAN se enfrentaron a la disyuntiva de la parálisis política sufrida por Fox o el cogobierno con el PRI por el que optó Calderón (quien terminó en los brazos de Gordillo y García Luna).

En materia de corrupción, ese vicio sucesorio se tradujo en una dolorosa paradoja: la impunidad se convirtió en condición de gobernabilidad. O te alineas o te alebresto a mis huestes.

La oprobiosa costumbre de asegurar la impunidad del presidente que se va para permitirle al entrante el ejercicio pleno de la corrupción impune sigue dando frutos podridos, como lo prueba el pacto de impunidad establecido por López Obrador con Peña Nieto.

El ocultamiento de la corrupción del mandatario saliente será uno de los legados más vergonzosos y difíciles de remontar para la vencedora de la contienda presidencial, sea quien fuere. En el caso de Claudia Sheinbaum, la impunidad transexenal es requisito indispensable para acceder al poder y condición ineludible de gobernabilidad. Vaya fardo, con revocación de mandato incluida.